El independentismo radical desconfía de la negociación de Puigdemont con Madrid

Carles Puigdemont se convirtió en el hombre de la semana para el independentismo catalán. Su discurso del 5 de septiembre en Bruselas sentando las bases para comenzar una negociación de la eventual investidura del próximo presidente de España fue escuchado con atención por todos los sectores, independentistas y no independentistas. Pero el segmento más combativo del soberanismo ha comenzado una estrategia envolvente para tratar de controlar el discurso y los pasos del fugado.

No es fácil, porque Puigdemont se ha convertido en un político correoso que va a lo suyo. De hecho, no tiene tras de sí al independentismo catalán, sino solo a un grupo de fieles que le hacen la ola cada vez que dice o hace algo. Para llegar a su actual posición, no dudó en utilizar los más variados mecanismos. Pero, sin duda, el último fue el que más polémica desencadenó: en un decreto del pasado 30 de agosto publicado en el Boletín Oficial del Consell de la República aparecía la orden de Puigdemont de disolver la Asamblea de Representantes.

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Este órgano áulico era el Parlamento full del fugado, con el que quería aparentar una estructura en el exilio, dotada de un órgano legislativo, que era la citada Asamblea, y un órgano ejecutivo, que es el govern del Consell de la República, una especie de consejo de ministros. La Asamblea trataba en esos momentos de ejercer un control de la actividad de Puigdemont y de su Consell. Por un lado, le había pedido rendir cuentas de los ingresos y gastos de ese chiringuito. Por otro, le había advertido que no podría negociar nada con los partidos estatales de cara a una investidura sin que pasase antes por el pleno de la Asamblea. La disolución por decreto de ese órgano dejó a Puigdemont libre de esas obligaciones: ahora no tendrá que dar explicaciones a nadie del dinero que gasta ni de las negociaciones en que participe.

Trece miembros de la Comisión de Acción Política Interior del Consell de la República firmaron una carta de protesta contra la iniciativa del expresident. "¿Por qué tanta prisa y tanta sorpresa?", preguntan en la misiva en alusión a la disolución de la Asamblea. La carta es firmada, entre otros, por Josep Guia, un histórico del soberanismo, doctor en Matemáticas y Filología en Valencia y un intelectual de referencia. Exmilitante del histórico PSAN, Guia es vicepresidente de Independentistes d'Esquerres y en su día advocó por la no disolución de ETA hasta que no hubiese una negociación con el Estado español. Jordi Alsina, otro de los firmantes, calificó la decisión de negativa. "Nos hace retroceder en el tiempo", criticó, al tiempo que la tachaba de "contraria a los valores republicanos, impropia del siglo XXI y de la República en la que anhelamos vivir". Jaume Sastre, intelectual balear que fue uno de los que denunció la ilegalidad de la piscina de Pedro J. Ramírez en las islas. Maria Rosa Comellas, dirigente de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) es otra de las firmantes, lo mismo que la veterana Montserrat Trepat o Mercè Zamora.

Dirigentes escamados

Albert Donaire, portavoz de Mossos per la Independència, una sectorial que se encuadra dentro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), pero que también dispone de una gran autonomía, fue uno de los más críticos con la decisión de Puigdemont, que otros activistas conocidos tachan de "dictatorial". Una misiva de Donaire a Puigdemont critica esa decisión, que achaca al hecho de que "no quiere dar explicaciones" y le recuerda: "Reflexione: desde 2017, han perdido más de un millón de votos. Independentistas que se quedan en casa cuando toca ir a votar. Y aun así, prefieren tomar decisiones unilaterales que empequeñecen y hacen perder pluralidad al movimiento". El dirigente indepe afirma que "tras la decisión tomada por el govern del Consell [la disolución de la Asamblea], es inevitable pensar que se hace para tener un mayor control y menos oposición (…) Cuando los partidos toman el liderazgo y controlan los tempos, el pueblo pierde. Son ellos los que nos necesitan a nosotros y a nuestros votos. Pues bien, parece que aún no lo han entendido y siguen tomando decisiones que alejan cada vez más a la clase política del pueblo".

El activista Fredi Bentanachs, uno de los fundadores de Terra Lliure que estuvo en prisión por terrorista, advertía que "estamos en guerra con España". Tras la disolución de la Asamblea, fue crítico con el tema, pese a que hasta hace poco era uno de los incondicionales de Puigdemont (llegó a fotografiarse con él en el palacete de Waterloo y a publicar varias fotos en las redes sociales). "Un golpe de estado pensado y urdido por la gente de Toni Comin [exconsejero de Salud, fugado junto a Carles Puigdemont], con la sumisión del govern del Consell de la República y la aprobación de Carles Puigdemont. Este sectarismo contra la democracia y la ilusión que era la Asamblea de Representantes os pasará factura", advertía. Y este viernes, volvía a la carga afirmando de nuevo que "estamos en guerra. Lo que hemos de hacer es aplicar la ley catalana votada el 1-O, declarar ilegal todas las leyes españolas y echar a todos los estamentos judiciales. Jueces, fiscales, son fuerzas de ocupación españolas". Y advertía a Puigdemont: "El 1-O es dignidad. Ninguna amnistía ni referéndum pactado, ni más claudicaciones".

Hay una larga lista de dirigentes que advierten a Puigdemont de las consecuencias que tendría el ir por su cuenta y el negociar a la baja. Pep Fort, exdirigente de la ANC y principal responsable de la fractura dentro de esta entidad que provocó la dimisión de varios miembros del secretariado, es otro de los que exige a Puigdemont conocer qué dará a cambio de investir a Pedro Sánchez.

Falta de garantías

El reproche a Puigdemont llega también de muchas plataformas que no se resignan a perder el control del movimiento, ni ascendencia sobre el fugado ni la línea directa con él. La ANC, junto a Òmnium, el propio Consell de la República, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y el sindicato Intersindical presentaron este viernes el Pacto Nacional del Movimiento Civil por la Independencia, un escalón más en la hoja de ruta independentista. Se trata de una iniciativa meramente propagandística que trata de visualizar una ficticia unidad de la sociedad civil en el tema del independentismo, pero con poco calado ideológico. Esta etérea iniciativa le sirve a Puigdemont para aparentar una cordial estrategia unitaria con otras entidades cívicas, con lo cual se convierte en un instrumento meramente político para utilizar como parapeto ante las acusaciones de división.

El colectivo Comunicats.cat, en cambio, también presiona por su lado a Puigdemont. "Pactar con España no es garantía de nada. Nunca. ¿Por qué ahora sí? No estamos en estas conversaciones. No sabemos de qué hablan. Sí sabemos con quién hablan. Nosotros no confiamos. ¿Y quién nos puede criticar por no confiar? Nadie. Las expectativas no han sido nunca buenas consejeras. Y a la esperanza tampoco se la puede engañar ni sobornar. Tenemos memoria".

La plataforma Alerta Solidaria, que agrupa prácticamente al 100% de todos los afectados por los procesos judiciales desde el 2017, ya conocía, antes de que Puigdemont pronunciase su discurso de Bruselas, el estado de la situación. En un comunicado difundido apenas unas horas antes de la comparecencia de Puigdemont afirmaba: "Desconocemos los términos exactos con que se está negociando la posible amnistía", pero demostraba su "desconfianza" ante esa negociación. Pero advertía a los independentistas que "no dejaremos que se engañe a la opinión pública presentando como positiva una amnistía negociada".

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La potente plataforma afirma que "ahora se nos presenta la amnistía como una especie de reconocimiento de la naturaleza política del conflicto y, por tanto, como un paso adelante. Pero este reconocimiento, sin ninguna trascendencia práctica, ya se produjo con los indultos y las declaraciones por parte del PSOE al inicio de la inútil mesa de diálogo. Por tanto, que no nos engañen: la amnistía no supondrá ningún paso adelante". El soberanismo radical apuesta por una mayor movilización y advierte que "la resolución del conflicto solo vendrá cuando consigamos una legalidad propia e independiente, es decir, la República Catalana". Por ello, "rechazamos toda nueva tomadura de pelo e insistimos: el conflicto está abierto y lo que hace falta es activarlo, no anestesiarlo".

En los segmentos más radicales del independentismo, se critica el posicionamiento de Puigdemont. Un destacado dirigente, que pide el anonimato pero que no hace mucho tiempo estaba al lado de Puigdemont, ha adoptado ahora posiciones más críticas y radicales: "¿Qué significa negociar la amnistía? ¿Qué es eso? ¿Con quién la negocia? ¿Con el Estado? No. ¿Acaso negocias con el Estado de la justicia? ¿O con el Estado de la jefatura del Estado? ¿O con el Estado de la representación política? No. Tú estás negociando con una parte de un partido político. Porque, no nos equivoquemos: la mitad del PSOE está en contra de negociar la amnistía. Por tanto, tú estás negociando con la mitad de un partido político y tienes en contra a la otra mitad y al otro gran partido político. No estás negociando la amnistía con los brazos de un Estado, que además no te va a permitir que lo desmiembres. Ni siquiera el Estado se puede permitir el concedernos un concierto económico como el vasco".

La consecuencia es clara: "En estos momentos, Cataluña solo puede negociar una independencia. Y eso se hace en base a la fuerza de la gente. Pero hemos de ser conscientes de que hoy por hoy no tenemos esa fuerza, como sí teníamos en el 2017. Por tanto, la fuerza negociadora de Puigdemont es muy poca". Esa postura es algo más realista que la de la ANC, por ejemplo, que pide la implementación del resultado del referéndum del 1 de octubre de 2017. Y cuya presidenta, Dolors Feliu, considera que se puede negociar la amnistía pero que, una vez conseguida, el Parlament tendrá luz verde "para levantar la suspensión de la declaración de independencia, porque ya no será delito". Una apreciación que queda en entredicho porque la amnistía no modifica el Código Penal, sino que solo libra de unos delitos cometidos hasta la fecha.