ERC incluirá la desaladora de Tordera de 220 millones en la negociación de la investidura

La desaladora de Tordera (Girona) será una de las infraestructuras clave que ERC incluirá en las peticiones para el pacto de investidura de Pedro Sánchez, según explican fuentes de la Generalitat. El coste de esta desaladora es de 220 millones, que se quiere que aporte el Gobierno central —tal y como estaba previsto— y, sobre todo, que se ejecute durante el primer año de legislatura, ya que su puesta en marcha se considera clave para mantener toda la industria turística de la Costa Brava.

Estos días de tanteo previo entre las formaciones que pretenden pactar la investidura, los diversos departamentos de la Generalitat están elaborando listas de peticiones concretas al Gobierno central para estudiar si se incluyen en la negociación como condiciones para investir a Pedro Sánchez. La exconsellera de Acció Climàtica Teresa Jordà es ahora diputada en Madrid y forma parte del equipo negociador, por lo que la desaladora de Tordera, junto a Blanes, es clave, según explican fuentes de la Administración catalana.

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Desde el principio, ERC ha planteado, al contrario de la postura de JxCAT, que se pueden incluir peticiones concretas en favor de la Generalitat. Así, por ejemplo, se planteó una nueva financiación autonómica o el traspaso de los trenes cercanías a la Generalitat, por poner los dos ejemplos más notables.

La ventaja de la desaladora es que es posible. La nueva financiación autonómica se puede abrir como proceso, pero su negociación es ardua, depende de lo que se pacte con otras comunidades autónomas, y si se vincula mucho al proceso de investidura, el resultado final puede provocar frustración en el votante cuando cristalice meses después. Además, la desaladora ya tiene su planificación aprobada. Ahora solo hace falta que la empresa pública Aquamed afronte su construcción de manera urgente.

"El problema con los cercanías es técnico. No se pueden traspasar, porque la mayoría de las líneas están conectadas con otras CCAA"

El problema con los cercanías es técnico. No se pueden traspasar, porque la mayoría de las líneas están conectadas con otras CCAA, como Aragón y Valencia, según explican fuentes del Ministerio de Transportes. La única que está aislada es la R-4 entre Manresa y Sant Vicenç de Calders. Pero traspasar una línea sería claramente insuficiente con el problema que hay en este servicio de Cercanías para que fuera percibido como un cambio real por parte de la ciudadanía.

Estos y otros tecnicismos han quedado eclipsados por la ley de amnistía y los debates a su alrededor. Pero Aragonès quiere, en caso de que haya un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, poder apuntarse algún tanto político. Y para eso necesita temas concretos y materiales.

Momentos de confusión

ERC vive momentos de confusión. Este viernes, en el primer pleno del Parlament en el curso que ahora comienza, se ha aprobado llevar al Tribunal Constitucional la ley de vivienda del Gobierno Sánchez, por invasión de competencias autonómicas. Lo mismo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. Pero la diferencia es que ERC votó a favor de esa ley en Madrid y ahora el independentismo se une para renegar de la norma. En Cataluña, pactar cuestiones concretas tiene un precio.

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Lo mismo pasa con la ley de amnistía. Los republicanos han sido el partido que más ha trabajado en ello, pero ahora temen que JxCAT les oscurezca, les diga que no hay ningún proyecto de ley hasta que ellos se pronuncien, como hizo Carles Puigdemont la pasada semana.

La sequía como problema

Cataluña vive una sequía prolongada y profunda. Para muchos científicos, la peor de la Historia. Si no ha habido cortes en el suministro de boca hasta ahora es por la desaladora de El Prat que se construyó en la época de José Montilla. Ahora, tres años después, sin lluvia y con la cuenca del Ter agotada, Girona y su industria turística necesitan la nueva depuradora y que se haga en un tiempo récord. Esa es una de las cosas que se van a pedir al Gobierno español a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.