Sánchez pisa el freno de su investidura ante los riesgos de una legislatura ingobernable

Pedro Sánchez ha ordenado a los suyos pasar el balón tras el 23-J. Ceder la iniciativa a Alberto Núñez Feijóo para que se retrate aislado junto a Vox. Dejar correr el tiempo durante el mes de agosto, encapsulándose sin descolgar teléfonos, con el fin de que el resto de formaciones "analicen y reposen los resultados". Que cada uno calibre de qué lado quiere estar, con la disyuntiva de posicionarse con la "involución" o el "avance", resumen en Ferraz. Un intento de devolver la presión sobre el bloque nacionalista e independentista, confiando así en rebajar el precio de la investidura. Principalmente, el partido de Carles Puigdemont (JxCAT), cuya abstención será imprescindible para seguir al frente de la Moncloa. En la reunión de la ejecutiva celebrada este lunes, Sánchez negó el escenario de un bloqueo y se mostró "seguro" de que "esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad". No dio más pistas, pero se asume que los números para repetir, de salir adelante con un elevado precio, dibujarían una legislatura más inestable que la actual.

De formarse un Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, con el apoyo en la investidura de todo el bloque nacionalista e independentista, Sánchez no tendría margen para la geometría variable ni para sacar adelante los presupuestos o leyes orgánicas sin el concurso de todos ellos, incluido Junts. O lo que es lo mismo, los tiempos de la legislatura y el botón rojo para detonarla estarían en manos de cualquiera de estos socios. Un bloque, además, nada homogéneo, con intereses cruzados y en competición electoral entre sí.

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Por un lado, el PNV con EH Bildu, que además afrontarán unas elecciones autonómicas el próximo año. Está en juego la hegemonía del PNV, tocado tras estas generales por el sorpaso en escaños del partido de Arnaldo Otegi. El contexto electoral suele entorpecer la relación de los socios con el Gobierno, marcando mayores distancias o elevando el choque entre sí. Por otro lado, la competición entre ERC y JxCAT, con los primeros en fuerte retroceso tras el 28-M y este 23-J y sin acabar de rentabilizar su estrategia posibilista frente a la rupturista de los de Puigdemont.

En Sumar, la cohesión interna de su grupo parlamentario tampoco está garantizada, con los cinco diputados de Podemos marcando su propia línea, desde posiciones más maximalistas y reivindicando su autonomía. Este mismo lunes, la líder del partido y diputada electa por Sumar, Ione Belarra, responsabilizaba a Yolanda Díaz de perder 700.000 votos por "invisibilizar a Podemos y al feminismo". A través de un vídeo grabado difundido en las redes sociales, criticaba una estrategia que "no ha funcionado" y defendía que España "ha ganado tiempo, pero no basta".

El ex secretario general, Pablo Iglesias, advertía por su parte de que los cinco diputados de Podemos responderán ante su cúpula. Cinco diputados que podrían desmarcarse de la disciplina de voto de Sumar, añadiendo más incertidumbre a la gobernabilidad. El propio Iglesias avanzaba ya durante una entrevista en RAC1 que los representantes morados serían "imprescindibles para que haya un Gobierno de coalición progresista y, probablemente, tengan mucha importancia también con fuerzas que representan la plurinacionalidad del Estado".

La gobernabilidad de un hipotético Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar, atado al bloque independentista y nacionalista en el Congreso, estaría condicionada asimismo por los acuerdos de investidura que se sellasen y su posterior materialización. Estas formaciones han ido subiendo el precio a su apoyo, comenzando por ERC. Al contrario que en 2019, a Sánchez no le basta con la abstención de los republicanos, sino que necesita su voto a favor. Las condiciones fijadas para ello por el presidente catalán, Pere Aragonès, pasan por acabar con el déficit fiscal que arrastra Cataluña, el traspaso de Cercanías y avanzar hacia la autodeterminación.

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El precio que JxCAT ha puesto sobre la mesa este lunes para su imprescindible abstención pasa por la máxima de la "amnistía" y la "autodeterminación". Sin abrirse la puerta a estas reivindicaciones, que en el PSOE siempre rechazaron al considerarlas fuera de la Constitución, el secretario general de Junts, Jordi Turull, asumía que "la abstención" de su formación en una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario". Aunque finalmente la formación encajase sus reivindicaciones dentro de una mesa de diálogo, como la pasada legislatura ERC, siempre tendría en su mano dejar en minoría al Ejecutivo, impidiendo la gobernabilidad, de no consumarse sus expectativas.

El reto para garantizar la estabilidad en una legislatura con estas dependencias se asemeja más al que afrontó el primer Gobierno de Sánchez salido de la moción de censura que a la actual coalición. A las previsibles tensiones, se suma el hecho de que el PP contará con mayoría absoluta en la Cámara Alta. Los populares podrán devolver las leyes al Congreso, como los presupuestos, alargando el proceso de tramitación.

El precio que JxCAT ha puesto sobre la mesa para su imprescindible abstención pasa por la máxima de la "amnistía" y la "autodeterminación"

Si desde Sumar han optado por acelerar los tiempos, con la reclamación al PSOE de abrir ya una negociación para formar un Gobierno de coalición, así como explorando una interlocución con JxCAT a través del dirigente de los comuns Jaume Asens, la estrategia de Ferraz pasa por todo lo contrario. Aplazar cualquier tipo de contacto, mantenerse al margen del ruido de los días inmediatos a las elecciones y dejar que el tiempo vaya dibujando una mejor composición de lugar. Una de sus bazas es que las formaciones independentistas entiendan el mensaje del voto prestado al PSOE. Esto es, que para recuperarlo en unos comicios autonómicos no podrían situarse en posiciones de bloqueo.

En referencia a los resultados en Cataluña, en la dirección del partido llaman la atención sobre que tanto JxCAT como ERC deben reflexionar, porque “un partido constitucionalista [el PSC] suma más que todo el independentismo”. Otra baza para los socialistas tendría que ver con garantizar que tanto republicanos como posconvergentes obtengan grupo propio en el Congreso si los socialistas se revalidan al frente de la presidencia y mantienen la mayoría progresista en este órgano. Un pacto que abriría el camino a las negociaciones para la investidura. Ninguna de estas fuerzas cumple el requisito marcado en el reglamento de tener más del 15% de los votos en las circunscripciones en las que se presentan, pero la decisión final recae en la Mesa del Congreso.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien durante toda la campaña coordinó sus mensajes y apariciones con Ferraz, allanaba el terreno este lunes al defender en una entrevista en La Sexta el diálogo con JxCAT. Siempre con la línea roja de no pactar la celebración de un referéndum, incluso asociaba la integración de JxCAT en la gobernabilidad como una "oportunidad" para integrar a todos los sectores del independentismo en un marco de diálogo y convivencia que evite la vuelta atrás a un escenario de confrontación. El relato comienza a limarse para ensayar una investidura como preludio de una legislatura agitada, mientras que los tiempos de negociación se retrasan para que se escenifique antes un rechazo de estas formaciones a Feijóo.