Sánchez relega la mesa de diálogo con Cataluña y se vuelca con la agenda económica

La celebración de una nueva reunión de la mesa de diálogo, como reclama la Generalitat, no está en la agenda de Moncloa. Ni a corto ni a medio plazo. Fuentes del Gobierno avanzan que, tras cerrarse el "capítulo de la judicialización" del procés con la reforma del Código Penal pactada con ERC, no está previsto celebrar una nueva reunión de este foro. Al menos, según indican, antes de los meses de "marzo o abril", pero sin precisar tampoco que pueda celebrarse en estas fechas. El contexto preelectoral empuja a evitar cualquier interferencia de la agenda catalana en la campaña. De ahí que se diluyan las prisas del Govern, aunque en la última reunión celebrada en Madrid se había fijado un plazo máximo de seis meses para celebrar el siguiente encuentro, este ya en Barcelona.

Desde Moncloa están tratando de sacar del foco la mesa de diálogo tras la polémica por la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados y la reforma del delito de malversación para centrarse en dar por cerrado el procés y la fase unilateral. De hecho, defienden que con estas reformas no solo se consuma la normalización institucional y la convivencia en Cataluña, sino que los propios independentistas asumen que cometieron un delito con la celebración del 1-O. "Una ilegalidad", subrayan. Hacen también énfasis en que el unilateralismo ha sido enterrado gracias a la estrategia de diálogo, lo que se visibilizaría tanto en la división dentro del bloque independentista como que desde la Generalitat se han asumido las reglas de juego marcadas por la Constitución.

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Al coste electoral fuera de Cataluña de las alianzas con formaciones como ERC, sobre todo en las regiones del interior, se suman los efectos de la división interna o las voces críticas dentro del propio partido sobre los acuerdos fruto de esta relación. Si los indultos y la supresión del delito de sedición eran cuestiones con efectos controlados e incluso amortizados, la reforma del delito de malversación ha generado muchos más temores dentro del propio PSOE. Algo que ya comienzan a asumir también desde el Gobierno, reconociendo su miedo a que esta reforma pueda abrir la puerta a la revisión de penas a corruptos, como con la ley del solo sí es sí en el caso de los agresores sexuales.

La máxima ahora de Moncloa es promover "un discurso positivo" porque "la ciudadanía no quiere proyectos que dividan". Con ello tratan tanto de censurar el afán del principal partido de la oposición por cuestionar su estrategia de diálogo con los independentistas y sus alianzas, como la intención de ERC de volver a priorizar en su hoja de ruta la celebración de un referéndum de autodeterminación. "Un referéndum no cabe en la Constitución. Este debate está acabado", zanjan desde el Gobierno. La intención de los republicanos de llevar la carpeta del referéndum a la próxima mesa de diálogo, una vez cerrada la carpeta de la "desjudicialización", es otra de las cuestiones que llevarían al Gobierno a tratar de aplazarla e incluso diluir este foro.

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Línea roja

Mientras el referéndum vuelve a incorporarse a las prioridades de la Generalitat, para el Gobierno es una línea roja. Al igual que es una barrera infranqueable asumir posiciones de desgaste en materia territorial coincidiendo con el arranque del ciclo electoral. Cataluña es una plaza clave para el PSOE de cara a las elecciones generales para revalidar el Gobierno y desde Moncloa avanzan que será un gran "activo". "Estabilizar Cataluña, abriendo un espacio para la política y no judicial, se reconocerá como una contribución ante una de las mayores crisis de la democracia", señalan fuentes socialistas del Gobierno. En Ferraz se insiste en que "no miramos el coste electoral" de las reformas del Código Penal para poner en valor que el único objetivo pasa por mejorar la "convivencia".

Si la llamada desjudicialización del procés ya había generado tensiones dentro del PSOE, el movimiento de los republicanos fijando su hoja de ruta para la celebración de un referéndum acabó por encender todas las alarmas y provocó airadas reacciones de barones críticos. Especialmente el castellano-manchego Emiliano García-Page y el aragonés Javier Lambán. En este contexto, el posicionamiento de Salvador Illa a favor de una consulta en Cataluña, expresado en una entrevista con El Confidencial, no ha hecho más que contribuir a aumentar el nerviosismo tanto dentro del partido como en el Gobierno.

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No se trata de ninguna propuesta nueva, al enfocarse a una consulta sobre un hipotético acuerdo para reformar el Estatut, pero el momento no casa ni con los intereses electorales del partido, a poco más de cinco meses de las municipales y autonómicas, ni con la estrategia de la Moncloa. El propio líder de los socialistas catalanes tuvo que salir públicamente a subrayar el mensaje con el que el Gobierno viene tratando de sofocar este incendio. Esto es, que no se produciría ningún referéndum de autodeterminación. Asimismo, se ha empleado en primera persona en tratar de calmar a los barones más críticos.

Casi tres años después de que Pedro Sánchez pactase con ERC en su investidura reactivar este foro, el Gobierno había logrado que la Generalitat asumiese por escrito en la mesa de diálogo el abandono del rupturismo. Asimismo, había conseguido hasta ahora que se dejase en un plano secundario la máxima a la que aspiraban los independentistas: la negociación de una salida al "conflicto político" que pasase por un referéndum.

Amnistía y autodeterminación eran los dos marcos en los que la delegación catalana, encabezada por Pere Aragonès, centró la primera reunión de esta legislatura en Barcelona. En la última, la hoja de ruta se centró en la "desjudicialización" del 1-O y la "protección del catalán". Una pantalla de la que no quiere salir el Gobierno y para lo que trata ahora de aplazar una nueva reunión de la mesa de diálogo. El objetivo ahora del Ejecutivo pasa por priorizar las cuestiones económicas, auparse en los brotes verdes, y dar por amortizado el procesismo.