Sánchez aplaza la reforma de las pensiones y encara un primer suspenso en los fondos europeos

El Gobierno deja en el aire el segundo paquete de la reforma de las pensiones. Las dificultades para llegar a un acuerdo tanto con los agentes sociales como con el socio minoritario de la coalición y los socios parlamentarios han llevado al Ejecutivo a asumir que no se aprobará en el último Consejo de Ministros del año. Así lo manifiestan diferentes ministros del Gobierno, que trasladan que solo está previsto llevar a la reunión del próximo martes el decreto anticrisis para luchar contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Diferentes fuentes del Gobierno y cercanas al presidente también descartan que pueda celebrarse un Consejo de Ministros extraordinario antes del 31 de diciembre para aprobar el decreto con esta reforma.

La intención del Ejecutivo pasa por retrasar este compromiso adquirido con Bruselas y fijado para antes de finalizar el año para no aprobarlo sin acuerdo. Un compromiso del que depende el siguiente desembolso de los fondos europeos. La pretensión compartida por Trabajo, sindicatos y socios parlamentarios es que no se incremente el periodo de cómputo de las cotizaciones.

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Dentro el Ejecutivo, Unidas Podemos se opone a alargar el cómputo de las pensiones, que califica como un recorte. José Luis Escrivá se está topando así con el muro de Yolanda Díaz, cuya línea roja es que el sistema de cálculo que se proponga no perjudique a ningún pensionista. Algo que considera innato a ampliar el periodo de cómputo. Aunque desde Trabajo se apela al respeto a lo que se decida en la mesa de diálogo social, la oposición frontal de Díaz a los planteamientos del Ministerio de Seguridad Social marca el ritmo y no facilita la negociación con los sindicatos para que levanten su bloqueo.

El hecho de que Díaz no comparta las posiciones de Escrivá en esta reforma también dificulta su aprobación en el Congreso. La reforma se plasmará a través de un decreto que posteriormente deberá convalidarse por una mayoría parlamentaria. La posición de Unidas Podemos es clara al respecto y sin su apoyo el Gobierno precisaría del respaldo del PP, que también ha criticado el planteamiento de la reforma junto a la patronal.

Podemos ya descalificó la última propuesta de reforma trasladada por Escrivá

El Gobierno está negociando con todos los grupos parlamentarios, pero los socios coinciden en reconocer que todo está muy verde y no se han producido avances cuando apenas resta una semana para cumplir el plazo acordado con Bruselas. Las posiciones apenas han variado en los últimos días, cuando desde ERC se aseguraba que quedaba mucho camino por recorrer para llegar a una posición de consenso, y otros socios, como EH Bildu, se mantenían a la espera de que se les trasladase por escrito el proyecto. A diferencia de otros decretos, en esta ocasión las negociaciones sí se han adelantado, a pesar de su escaso éxito hasta ahora.

Podemos ya descalificó la última propuesta de reforma trasladada por Escrivá como un "globo sonda", subrayando que "en ningún caso" apoyarían una ampliación del periodo de cómputo de las pensiones. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda, se insistió también en que no comparten la propuesta de Escrivá porque "es algo muy estudiado y sabemos lo que supone", en referencia a que alargar el cómputo "siempre perjudica" a los pensionistas. La sensación es que los socios se miran unos a otros y el bloqueo de uno ejerce un efecto arrastre sobre los demás.

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También los agentes sociales sienten que el Gobierno ha metido en el congelador esta reforma. “Le quedan bastantes capítulos a esta negociación”, resumió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el jueves. La falta de consenso en torno a la parte impopular de la reforma de pensiones (la primera parte fue la revalorización con el IPC) retrasará su aprobación. Esto es, no solo se saltará el hito de diciembre, sino que nadie espera que pueda estar lista en el inicio de 2023.

Patada adelante

El Gobierno ya está aparcando, o definitivamente ha dejado en el cajón de los recuerdos, algunas de estas medidas más impopulares prometidas a Bruselas. Es el caso, por ejemplo, de la eliminación de la bonificación al diésel. El Gobierno se comprometió a revisar este beneficio fiscal antes de final de año, pero el proyecto se ha descartado y la prioridad ahora pasa por determinar si la subvención de 20 céntimos se mantiene o si se cancela.

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La revisión de los beneficios al diésel se enmarca en un proceso de reajuste de la fiscalidad medioambiental para gravar las acciones contaminantes. Otra de las medidas es establecer peajes en la red de carreteras, que internalizaría el coste de la contaminación y también del uso de las vías públicas. El sistema tendría que estar en funcionamiento en el año 2024, pero todavía no hay avances en el desarrollo del mismo. Es evidente que un sistema de peajes no se diseña y ejecuta de la noche a la mañana, por lo que sería necesario aprobarlo durante el próximo año. Coincidiendo, claro, con todas las citas electorales.

El Gobierno también se comprometió a revisar la fiscalidad a partir del informe de la comisión de expertos que nombró el Ministerio de Hacienda. Los sabios de la Hacienda Pública remitieron su informe en tiempo y forma, pero el Gobierno no tiene ninguna prisa en hacer una reforma tributaria en una coyuntura económica tan complicada como la actual. Aunque la coyuntura realmente complicada es la política, porque una reforma fiscal que sirva para hacer el sistema fiscal más progresivo y verde se podría abordar en cualquier momento.

Estos hitos comprometidos con Bruselas no son de obligado cumplimiento en el tiempo acordado. Sin embargo, sí son de obligado cumplimiento para desbloquear los siguientes tramos de ayudas. Esto es, para seguir recibiendo fondos, será necesario ir cumpliendo los hitos pactados con la Comisión Europea. Esto significa que la ejecución de los fondos europeos podría frenarse a partir del próximo año si todas estas reformas se estancan y Bruselas no lo autoriza. Además, también supondrá una presión adicional para el futuro Gobierno que salga de las urnas el próximo invierno, ya que tendrá que poner en marcha unas reformas ya comprometidas.