El Gobierno reactiva el plan para imponer peajes en todas las carreteras del Estado

El Gobierno retoma el plan para establecer el pago por el uso de la red de carreteras estatales en España, una de las reformas a las que se comprometió con Bruselas para poder recibir cerca de 140.000 millones de euros en fondos europeos Next Generation. Pese a que actualmente la inflación es la más alta desde los años ochenta (+10,8%), el Ejecutivo rescata un plan al que se comprometió con la Comisión Europea, entre otras medidas, para recibir el maná de los fondos de recuperación tras la pandemia (72.000 millones de euros a fondo perdido). La idea es tenerlo todo listo a finales de 2023, momento en el que está previsto que se celebren las elecciones generales.

Aunque el Gobierno aparcó dicho plan hace meses por supuesta falta de consenso político, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado a la empresa de ingeniería Ineco trabajos de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras. Para tal fin, Ineco acaba de contratar los servicios externos de KPMG Abogados. Dicho plan, además de estudiar la instauración de peajes en las carreteras gratuitas, también quiere información de detalle del impuesto especial a los hidrocarburos. La filosofía es que pague más quien más usa la red viaria y más contamina.

El objeto concreto del servicio es "asistir a Ineco en el desarrollo de determinadas actividades y tareas en el marco del estudio de alternativas para el establecimiento de un nuevo sistema de financiación de la red de carreteras del Estado y la determinación de las necesidades para su diseño e implantación", según detalla la firma pública en documentación oficial, y señala que entre las políticas a abordar en el corto plazo está "el estudio del modelo de gestión y financiación de la red viaria, particularmente la red de carreteras del Estado".

"En este contexto, la tarificación de infraestructuras está contemplada como reforma a desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) relacionadas con la movilidad sostenible y la fiscalidad verde", explican desde la empresa controlada por el antiguo Ministerio de Fomento.

Según justifica Ineco, compañía adscrita al departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez, "el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR) articula una agenda coherente de reformas estructurales que responden al diagnóstico compartido por las instituciones europeas, el Gobierno español y los principales agentes económicos y sociales. En concreto, el plan responde a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020 y el alineamiento también es pleno con las agendas estratégicas de la Unión Europea".

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos estima "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024", buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario “usuario pagador” y también del principio de "quien contamina paga".

El Gobierno estima "la posible articulación de un mecanismo de pago por uso de carreteras estatales que podría implantarse a partir de 2024"

Ineco destaca que "la Componente 28 del PRTR (adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI) incluye la reforma de medidas fiscales que contribuyan a la transición ecológica (C28.R4), que contempla específicamente, entre otras actuaciones: crear un pago por uso de la red viaria de carreteras. Con respecto a esta actuación, la Componente 28 del PRTR establece que, “con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros”, estableciendo el cuarto trimestre de 2023 como la fecha en la que se realizará "la revisión de esta medida y otras que inciden sobre la movilidad sostenible".

Por todo lo anterior, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez quiere tener claro cuál es la situación fiscal y tributaria tanto de la red general de carreteras como del transporte de mercancías y por último del impuesto especial a los hidrocarburos. Con todo ello, busca asesoramiento integral: "Un conocimiento completo y global de la problemática de la implantación del pago por uso en España, tanto desde la perspectiva normativa como desde la perspectiva tributaria". Con ello, busca dar soporte a Ineco y a "otros 'stakeholders' o agentes de interés", sin especificar si dentro de esos "otros 'stakeholders' y agentes de interés" entra el propio Ejecutivo.

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Para todo ello, antes de tomar decisiones, el Gobierno quiere que los expertos saquen conclusiones de posibles impactos como la evasión o el fraude en los sistemas de tarificación de carreteras. También dar apoyo para la implantación y cumplimiento del sistema. Además, el estudio jurídico busca evitar posibles demandas posteriores por problemas de índole fiscal o tributaria: "Se profundizará en el análisis de las distintas implicaciones legales que puede provocar la implementación de las distintas propuestas, en términos de derecho nacional y de derecho comunitario, para garantizar su viabilidad. Entre los aspectos que deberán tenerse en consideración, destacan como principales la problemática de la doble imposición, los cambios en la normativa fiscal que eventualmente habría que llevar a cabo y el carácter finalista de los tributos".

Busca "facilitar la aceptación social"

El propio encargo a KPMG Abogados incluye dar respaldo en el análisis de la viabilidad jurídica de las distintas fórmulas que faciliten la aceptación social del nuevo sistema de cobro de peaje. En este sentido, pide a la 'Big Four' "la identificación de mecanismos jurídicos y normativos que promuevan una progresividad fiscal o de descuentos en el pago por parte de los usuarios. En caso de no existir estos y de detectarse la necesidad de implementación, se profundizará en el procedimiento a seguir para lograr su implementación".

Además, la compañía dependiente de Transportes pone el punto de mira en los impuestos sobre los carburantes, cuyo coste está en niveles récord en este 2022. El análisis pretende que, como puntos principales, se ahonde en "el estudio de la regulación del impuesto de hidrocarburos, e identificación de su ámbito objetivo y territorial interno de aplicación, así como de los supuestos de no sujeción, exención y tipos de gravamen aplicable a usuarios, tanto en lo que respecta al tramo estatal como autonómico".

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En línea con lo anterior, pide "análisis y estudio de las repercusiones fiscales que asume el usuario final tanto del impuesto de hidrocarburos como del IVA. En concreto, el estudio se realizará desde la perspectiva del precio que pagan los distintos usuarios de las carreteras por litro de combustible para identificar cómo se determina el porcentaje de aplicación que corresponde a cada tributo".

Extensión a carreteras autonómicas

Por otro lado, el estudio también quiere dar a conocer "las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la AGE (tales como comunidades autónomas, provincias y municipios)".

Además, busca "la identificación de los distintos tributos [esto es, impuestos y tasas] asociados a la circulación por carretera y su normativa de referencia", así como el destino de los ingresos "tasa finalista vs. principio de caja única", detalla la documentación oficial consultada.