Peajes en todas las carreteras: una solución tecnocrática, un problema político

Las autopistas de peaje han vuelto al centro del debate en España. La propuesta recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas para articular "un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024" ha avivado los rescoldos de una discusión que regresa de forma recurrente ante la cuestión irresoluta de la financiación de la red de carreteras en España.

La cuestión, 'a priori', es bastante simple. España, que cuenta con unos 166.000 kilómetros de carreteras (de los que 26.466 representan la red estatal, en la que se incluyen 12.000 en carreteras de alta capacidad), necesita desplegar un monto de inversiones nada desdeñables —ACEX cifraba las necesidades anuales en alrededor de 4.500 millones de euros— para sufragar su mantenimiento. A partir de ahí, solo quedan dos opciones: hacerlo con cargo al presupuesto público o mediante un sistema de pago por el que sean los propios usuarios los que cubran los costes de conservación.

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Partiendo de esa disyuntiva, Xavier Fageda, profesor del Departamento de Política Económica de la Universidad de Barcelona, se muestra favorable a la implantación de un sistema de peajes, que en su opinión conseguiría dos efectos: que en lugar de todos los ciudadanos, a través de los impuestos, sean quienes hagan un mayor uso de esas infraestructuras quienes paguen su conservación, e incentivar una mayor eficiencia en el uso del transporte por carretera, con consecuencias favorables para las políticas enfocadas en la reducción de los gases contaminantes.

Lo cierto, sin embargo, es que los contribuyentes no pueden esperar que ese dinero que el Estado podrá dejar de destinar a la conservación de las autovías (al recolectarlo de otro modo) les será restituido en forma de rebaja de impuestos. Las arcas públicas se encuentran en la necesidad de subsanar un importante déficit y esta sería una medida recaudatoria adicional. "Tenemos que asumir que los impuestos van a subir, porque no queda otra opción. Y a partir de ahí, un sistema de financiación de las carreteras en el que pagan más quienes más las usan representa una buena solución desde el punto de vista de la equidad social", observa Fageda.

El pago por uso de las carreteras está muy extendido en los países del entorno

En países del entorno de España, como Francia, Italia o Portugal, el pago del uso de carreteras se encuentra notablemente más extendido y frecuentemente se da el caso de que quienes acceden a la red de autopistas españolas desde otros Estados europeos (ya sean transportistas, turistas o ciudadanos de paso hacia otras geografías) encuentran en el territorio español una suerte de 'oasis' libre de pagos que supone una excepción en sus trayectos.

Sin embargo, no cabe obviar que esta es una política que tiene un impacto más reseñable (por su recurrencia) en los usuarios locales, que podrían encontrarse con un incremento notable de sus costes de tránsito, en muchos casos vinculados a actividades esenciales como las laborales o el acceso a determinados servicios fundamentales. Especialmente, si la medida se extiende más allá de la red estatal, como parece contemplar el plan gubernamental.

Es por eso que en el propio plan planteado por el Ejecutivo se contempla la posibilidad de "plantear reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos". Es esta, qué duda cabe, una medida más encaminada a facilitar la aceptación de la medida que a hacerla más eficiente o equitativa. Y es con el mismo objetivo que el Gobierno tratará de recabar algún tipo de acuerdo con un sector del transporte por mercancías que tradicionalmente se ha mostrado poco abierto a aceptar soluciones de este tipo, ante el riesgo de que repercuta en la rentabilidad de sus actividades.

Buscar un equilibrio entre los distintos intereses en juego no resulta, ni mucho menos, una tarea sencilla, y la búsqueda de acuerdos corre el riesgo de disminuir la eficacia de cualquier plan, creando al mismo tiempo agravios poco justificables entre los usuarios de la infraestructura. No es de extrañar que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya concedido algo más de dos años antes de poner en marcha esta política, porque la negociación se antoja complicada y en España abundan los casos de populismo en las políticas viarias que invitan a observar con cierta cautela la resolución del Ejecutivo con este plan.

Las medidas para mejorar la aceptabilidad del plan corren el riesgo de desvirtuarlo

No en vano, el mismo Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que recientemente ha permitido el vencimiento de las concesiones en distintas autovías de peaje, permitiendo el tránsito libre por ellas. Una política totalmente opuesta a la que ahora parece adoptar.

El diseño de un plan de financiación de carreteras a través del pago por uso puede tener una clara lógica económica, aunque serían, obviamente, los múltiples detalles técnicos que lo respalden (qué vías, en qué condiciones, para qué usuarios, bajo qué modelo de gestión...) los que permitirían juzgar su mayor o menor racionalidad. Evitar que entre ellos se cuelen consideraciones de tipo político que desvirtúen su eficacia sería un primer paso fundamental.