El Gobierno permitirá el cobro de un peaje para acceder a las ciudades

El Gobierno ha activado la maquinaria legal para aprobar una nueva figura fiscal que permita cobrar un peaje por acceder a las ciudades. La novedad está incluida en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros y pretende estar en vigor para el final de la legislatura, a finales de 2023. El Ministerio de Hacienda ha trabajado con el de Transportes en la definición de este nuevo impuesto que afectaría a poblaciones, en principio, de más de 50.000 habitantes.

Varias ciudades se han interesado por esta nueva figura fiscal. El Ayuntamiento de Barcelona es uno de ellos. La corporación que dirige Ada Colau considera que el Gobierno central debe ofrecer un paraguas legal, como se hace al estilo de la tasa de basuras, a este novedoso impuesto y el Ejecutivo comienza desde ahora a recorrer ese camino para tenerlo listo antes de las próximas elecciones generales.

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Las ciudades que lo deseen podrán implementar este impuesto para acceder a zonas de bajas emisiones. Por ejemplo, al nuevo Madrid Central, aunque el Consistorio de la capital aún no se ha posicionado sobre este impuesto. Los ayuntamientos, por tanto, definirán qué tipo de zona de bajas emisiones fijan y a partir de ahí tendrán libertad total para definir el tipo de peaje por acceso, explican fuentes del Ministerio de Transportes.

El Consistorio que lo decida, por tanto, podrá eximir del pago a los residentes. O podrá segregar el peaje urbano en función de la zona de residencia del conductor. O podrá establecer exenciones para los transportistas. Todo queda abierto para que los consistorios definan su propio modelo. Hacienda ha querido que sea una tasa impositiva abierta.

Peajes en autovías en marcha

Además del sistema de peajes municipales, el Gobierno ya ha comenzado a trabajar en las ideas iniciales del futuro modelo de pago por uso de las autovías. Según explican fuentes del departamento que dirige Raquel Sánchez, los primeros documentos de trabajo ya están sobre la mesa con el objetivo de abrir un "debate participativo". Fue el compromiso que adquirió el Ejecutivo con los transportistas para desconvocar la huelga de finales del año pasado.

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Transportes está avanzando con pies de plomo en una medida ampliamente impopular, pero que, a su vez, se considera necesaria para seguir manteniendo el nivel de inversión en las carreteras españolas e ir desvinculando esa partida de los Presupuestos Generales del Estado. Hay un compromiso con Bruselas, además, de diseñar un modelo de peajes, pero el Gobierno asume desde ya que aprobar esa reforma en el Congreso no va a ser sencillo.

Sus socios habituales ya han expresado su rechazo e incluso Unidas Podemos se ha expresado en contra de los peajes en carreteras. La intención de Transportes es poner sobre la mesa varios modelos para evaluar sus pros y sus contras. Y, a partir de ahí, intentar alcanzar un consenso político "con apertura de miras", explica el ministerio.

En este momento, se encuentran en vigor 72 concesionarias de autovías y autopistas vigentes y unas 40 que están prorrogadas. Las concesiones, por tanto, van finalizando y los españoles tienen que financiar el mantenimiento de las carreteras. Es lo que pretende evitar el Gobierno: que los futuros peajes cubran estos costes.