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Podemos pone líneas rojas al plan para los fondos UE y amenaza con retirar su apoyo
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PEAJES, TRIBUTACIÓN CONJUNTA O PENSIONES

Podemos pone líneas rojas al plan para los fondos UE y amenaza con retirar su apoyo

Con los votos morados, avanzan desde el grupo parlamentario, no saldrán adelante reformas que califican de "recortes", como en pensiones, o regresivas, en referencia a los peajes

Foto: Ioene Belarra (i) e Irene Montero (c) en una reunión. (EFE)
Ioene Belarra (i) e Irene Montero (c) en una reunión. (EFE)

Ni peajes en autovías, ni eliminación de la tributación conjunta en el IRPF, ni alargar el cómputo de las pensiones ni una ley de vivienda que no incluya la regulación de los alquileres. Podemos ha puesto estas cuatro líneas rojas al plan de recuperación del Gobierno enviado la pasada semana a Bruselas. A las reticencias de los socios parlamentarios en el Congreso, de momento más centradas en la distribución territorial de los fondos, se han sumado las del socio minoritario del Ejecutivo. Los morados amenazan con retirar su apoyo si no se modifica el planteamiento de las cuatro grandes reformas sobre las que han trasladado internamente su señal de alarma. Reformas recogidas en el plan y que están vinculadas a los 70.000 millones de euros en inversiones, durante los ejercicios 2021-2023.

Con los votos de los 35 diputados de Unidas Podemos, insisten desde el grupo parlamentario, no saldrán adelante medidas que en algunos casos califican de "recortes", como en el caso de las pensiones, regresivas, como el peaje de las autovías que solo avalarían si el sistema de cobro se modifica por uno progresivo, o que incumplirían el programa de gobierno, como sería en materia de vivienda. El plan enviado a Bruselas, sin embargo, está condicionado en algunas de las reformas más polémicas, como la de las pensiones, al acuerdo en la mesa de diálogo social, pero también a las conclusiones del grupo de expertos en fiscalidad en lo relativo a la reforma tributaria.

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En lo concerniente a las reformas en materia de vivienda, el componente del plan enviado a Bruselas no incluye la regulación de los alquileres, una de las líneas rojas de los morados. A pesar de ello, PSOE y Unidas Podemos siguen negociando la futura ley. Un proyecto que los socios del Gobierno se habían comprometido a llevar al Consejo de Ministros en febrero y comenzar su tramitación parlamentaria en marzo, pero que sigue acumulando retrasos precisamente por el choque entre socialistas y morados sobre las medidas para establecer precios máximos a los alquileres en las zonas consideradas tensionadas.

Las resistencias que los diputados de Unidas Podemos manifestaron a la reforma de las pensiones, calificando su plan de recorte y advirtiendo de que en los términos expuestos necesitaría el apoyo del PP para sacarlo adelante, puesto que los morados se opondrían, contrastan con la mano tendida de la líder de este sector en el Gobierno, Yolanda Díaz. Este mismo lunes, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo ha abogado por "reiniciar" la legislatura para dar rienda suelta a las iniciativas parlamentarias.

Foto: Construcción de la Autovía del Duero en Venta Nueva. (D.B.)

Un cambio de etapa en el que ha insistido que tendrán que fortalecer sus relaciones con los socios que permitieron la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de los Presupuestos. Diferencias que ponen de relieve tanto el vacío de poder en Podemos tras la dimisión de Pablo Iglesias como el plan para su sucesión, con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, como relevo orgánico en un modelo de bicefalia con Díaz.

Una bicefalia imperfecta, debido a que la candidata oficialista a la secretaría general y su equipo más cercano, con Irene Montero a su lado, forman parte del Gobierno de coalición junto a Díaz. No se establecen por tanto los contrapesos clásicos asociados a este sistema de bicefalia, que diferencia entre el liderazgo del partido, que se ciñe a las labores orgánicas, y el liderazgo electoral, que es la cara visible en las instituciones.

Foto: Banderas de la Unión Europea. (EFE)

El primero no suele tener apenas visibilidad, al contrario que el segundo. Es de esperar que de este modo puedan producirse contradicciones o choques entre los postulados defendidos desde el partido, como en este caso sería el rechazo a los peajes en autovías, a la eliminación de la tributación conjunta en el IRPF o a alargar el cómputo de las pensiones, y el estilo más pragmático de Yolanda Díaz.

Desde los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, primero, y los Presupuestos Generales del Estado, después, han llamado la atención sobre la "absoluta" falta de interlocución con el Ejecutivo en el desarrollo del plan de recuperación con reformas de calado que deberá aprobar el Congreso. Recuerdan asimismo que cuando se pactó el decreto del segundo estado de alarma se llegó a un acuerdo para que se informase previamente a los socios sobre las cuestiones importantes. Si desde ERC advierten de que tal y como se ha planteado el plan se hace imposible que cada territorio pueda adaptar las inversiones a sus necesidades, desde el PNV criticaban el plan durante su presentación en la comisión de Economía del Congreso por parte de la ministra Nadia Calviño por desarrollarse "sin apenas consulta y sin consensuarlo con las comunidades autónomas".

​Rechazo de la oposición

Desde el PP, fuentes de la dirección del grupo parlamentario reprochan que "el Gobierno más débil que hemos tenido, con un presidente con 120 diputados respaldándole", haya negociado el plan "a espaldas del Parlamento". Además, ponen de relieve que comprometer ante la UE varias legislaturas sin consenso en el Congreso, como adelantaba este diario, "hipoteca gobiernos futuros".

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)

La fórmula escogida por el Gobierno también ha provocado el rechazo de Vox. Su portavoz orgánico, Jorge Buxadé, enmarcó las prácticas del Gobierno y la escasa transparencia con el resto de partidos en una “situación gravísima”, al considerar que se está comprometiendo el “futuro de los españoles” durante los próximos años y que se hace sin tener en cuenta la configuración del Congreso actual y, mucho menos, el de próximas legislaturas. “Estos fondos mal gestionados pueden ser una losa tremenda para las clases medias. Una losa tremenda para los futuros gobiernos”, señaló el también eurodiputado.

La formación de Santiago Abascal entiende que en este caso se cruzan dos cuestiones que ya han criticado previamente. Por un lado, la acción de un Gobierno al que Buxadé calificó de “mentiroso y traidor” y, por otro, el mecanismo establecido por Bruselas, que ya habían puesto anteriormente en cuestión. El portavoz insistió en que ha solicitado acceder al plan de reformas recibido por Bruselas para comprobar si es el mismo que ha publicado el Gobierno central.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE)

El historial de Vox en la cuestión de los fondos europeos incluye múltiples críticas tanto a la gestión de Moncloa como a los requisitos acordados en Bruselas, pero también su papel fundamental en la aprobación del decreto para facilitar la tramitación de los propios fondos. El pasado 28 de enero, la abstención de Abascal y los suyos permitió al Ejecutivo sacar adelante una de las iniciativas más importantes de toda la legislatura en un momento en que la negativa de PP, Cs y aliados como ERC les aseguraba una derrota. El partido experimentó en esos días problemas comunicativos para explicar su postura y desligarla de un apoyo a PSOE y Unidas Podemos.

Ni peajes en autovías, ni eliminación de la tributación conjunta en el IRPF, ni alargar el cómputo de las pensiones ni una ley de vivienda que no incluya la regulación de los alquileres. Podemos ha puesto estas cuatro líneas rojas al plan de recuperación del Gobierno enviado la pasada semana a Bruselas. A las reticencias de los socios parlamentarios en el Congreso, de momento más centradas en la distribución territorial de los fondos, se han sumado las del socio minoritario del Ejecutivo. Los morados amenazan con retirar su apoyo si no se modifica el planteamiento de las cuatro grandes reformas sobre las que han trasladado internamente su señal de alarma. Reformas recogidas en el plan y que están vinculadas a los 70.000 millones de euros en inversiones, durante los ejercicios 2021-2023.

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