Escrivá plantea subir a 30 años el periodo de cómputo de pensiones y descartar dos

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha planteado este lunes a los agentes sociales una extensión del periodo de cómputo para calcular la pensión, que supondrá elevarlo desde los 25 años actuales hasta 30, aunque el trabajador podrá elegir los mejores 28. Esto permitirá que la cuantía que reciba no se vea tan afectada por la ampliación. La propuesta llega tras la reanudación de las negociaciones, paradas durante los últimos meses, pese a que la reforma tiene que estar lista antes del 31 de diciembre para cumplir con los hitos pactados con Bruselas en el plan recuperación. Tanto los sindicatos como Unidas Podemos se han mostrado en contra.

Según han explicado fuentes del ministerio a EFE, el cambio "se realizaría de manera progresiva" e iría acompañado de una mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se propone un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

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Se trata, señalan las mismas fuentes, de una "propuesta inicial" del Gobierno, que ahora queda sujeta a la negociación con patronal y sindicatos. El Gobierno incide en que se trata de planteamientos que suponen "un punto de partida", abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.

Junto al periodo de cálculo para la pensión —que ya se extendió de 15 años a 25 años en la reforma del 2011—, el Gobierno ha planteado vincular la evolución de la base máxima al IPC, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, un aumento que irá acompañado de una mejora de la pensión máxima.

No de UP y los sindicatos

El plan no genera unanimidad en el Gobierno. Fuentes de Unidas Podemos señalaron a Europa Press que no comparten "nada que pueda suponer un descenso en la protección de las pensiones" y recordaron que las soluciones "no pasan por recortar". "Un incremento del periodo de cálculo constituye un recorte que dificulta acceder a la jubilación", añadieron. Este martes, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha concretado esta oposición: "Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos", ha aseverado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

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La propuesta también ha sido rechazada por los sindicatos. Comisiones Obreras califica las medidas de "claramente insuficientes". El sindicato no está de acuerdo con la necesidad de una ampliación del periodo de cálculo, un punto que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando se acaba "de culminar el desarrollo de la extensión anterior" y sin la "certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto", asegura en un comunicado. Sin embargo, celebra el compromiso del Gobierno de revalorizar las bases conforme al IPC, aunque reclama "medidas más intensas para el incremento de ingresos contributivos".

De la misma manera, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha destacado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no está planteando bien la reforma. "El ministro ha vuelto a equivocarse, es un debate que no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de los 25 años [de cómputo] sin saber aún sus efectos prácticos sobre el sistema", ha dicho en declaraciones a RNE.

Los empresarios, por su parte, aseguran que estudiarán la propuesta, pero denuncian que "llega tarde" y ven un margen escaso para el acuerdo.

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El ministerio había convocado a las centrales UGT y CCOO, y a las patronales CEOE y Cepyme, a la mesa de diálogo social a las 18:30 de la tarde de este lunes, después de la última reunión formal del pasado 12 de septiembre, hace dos meses y medio. En las últimas semanas, los agentes sociales se han quejado de la falta de negociación y de propuestas respecto a los aspectos que quedan pendientes para completar la reforma de las pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas para este año. El tiempo apremia.

Entre los temas pendientes está la adecuación del periodo de cómputo para cubrir lagunas de cotización y mejorar el tratamiento de las mismas, así como la citada subida de las bases y pensiones máximas. Durante los últimos días, Escrivá se ha mostrado confiado en poder cerrar antes de final de año estos temas, que irían en forma de real decreto ley para cumplir con ese plazo.

Este segundo bloque de la reforma de pensiones se suma al sellado con los agentes sociales en julio del año pasado y que incluyó volver a revalorizar las pensiones conforme a la evolución del índice de precios de consumo (IPC), junto a otras medidas como cambios en los coeficientes reductores para los que se retiren antes de la edad legal de jubilación o nuevos incentivos para la jubilación demorada. Para el próximo año, Escrivá ya ha avanzado su intención de comenzar a revisar las modalidades de jubilación parcial y activa.