La paradoja de las pensiones: las buenas noticias son malas

Hay un dato que suele olvidarse cuando se habla de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y no es un dato cualquiera. Se trata, en realidad, de una de las claves de bóveda de la Seguridad Social, además del empleo y de las cotizaciones. No es otro que el número de años cotizados por los trabajadores que obtienen al final de su vida laboral una pensión de jubilación. Tres de cada cuatro (el 74,4%) han estado cotizando durante 35 o más años. En el caso de los nuevos pensionistas del régimen general, incluso, el número de años es mayor: casi el 76% ha estado en activo más de 35 años. Nunca antes se habían alcanzado cifras tan elevadas.

Otro dato que afecta a la línea de flotación del sistema de pensiones a la vista de que se trata de un sistema de reparto es muy significativo. La tasa de empleo, es decir, el total de ocupados respecto de la población entre 16 y 64 años, se sitúa en estos momentos en el 49,87%, un porcentaje incluso netamente superior al que había en los años previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria (un 45,9% en 2007). Como sucede en el caso de los años cotizados, nunca antes, salvo en 2019, inmediatamente antes de la pandemia, había habido tantos ocupados en edad de trabajar. El año pasado, en concreto, cerró con algo más de 21 millones de trabajadores en alta laboral.

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Por si esto no fuera poco, también la Seguridad Social ha encontrado un aliado en las cotizaciones sociales, cuyas bases medias (1.955 euros en 2021) no han dejado de crecer en las últimas dos décadas. Tan solo en 2012 y 2015 sufrieron un ligero retroceso, pero en el resto de los años, en parte debido al incremento de las cotizaciones por encima de los salarios, el resultado ha sido positivo para las arcas de la Seguridad Social. En definitiva, más cotizantes, más ingresos y un alargamiento de la vida laboral que es pura árnica para la solvencia de la Seguridad Social.

[Consulte aquí el documento enviado por el Gobierno a los sindicatos]

Se trata, en teoría, de un escenario ideal. Pero solo un poco. Obviamente, porque la sostenibilidad del sistema de pensiones no depende solo de los ingresos, sino también de los gastos, y parece evidente que en un escenario de envejecimiento de la población a causa de dos fenómenos coincidentes en el tiempo —menos nacimientos y mayor longevidad—, su situación económica se resiente. Tanto que incluso una buena noticia, como es que las pensiones suban como el IPC para no perder poder adquisitivo, es vista hoy por muchos como un error que pone en riesgo la supervivencia del sistema. Y ello, pese a tratarse del único colectivo que no puede mejorar sus rentas en lo que le queda de vida porque no pueden trabajar, al contrario de lo que sucede con los ocupados en activo.

Zurcidos en el traje

Esta realidad refleja mejor que ninguna otra cosa la paradoja que envuelve a la Seguridad Social, que vive un momento dulce en cuanto a ingresos, pero amargo en relación con los gastos. Sin duda, porque el sistema ha funcionado a modo de un traje que poco a poco ha ido perdiendo prestancia, pero que su propietario, en contra de toda lógica, ha ido haciendo remiendos al paño, sin entender que si tiraba de una manga, la otra le quedaría descolocada. O expresado de una manera más técnica que es la que le gusta a los economistas: se han hecho reformas paramétricas (alargar la edad de cotización o ampliar el periodo de cálculo de las pensiones), pero no se ha realizado una reforma global del sistema, lo que explica las actuales contracciones. Y explica, incluso, la inseguridad que atenaza a muchos de los futuros pensionistas, que desconocen cuál será la cuantía de la prestación en los próximos años, lo cual solo puede generar zozobra, cuando si hay algo previsible deben ser las pensiones.

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Tanta incertidumbre tiene que ver con que cada pocos años el Gobierno de turno se ve obligado a realizar su propia reforma, pero sin una visión estratégica sobre el futuro de la Seguridad Social a largo plazo. El ministro Escrivá, incluso, ha ido troceando las reformas como si el sistema de pensiones fuera una especie de salchichón: primero las jubilaciones anticipadas y el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, después la cotización de los autónomos y ahora el asunto más peliagudo, que es el periodo de cálculo: 25 o 30 años.

Es decir, al menos tres reformas en poco más de un año, lo cual explica dos cosas. La primera, el actual desbarajuste y la sensación de que ha estado tratando de engañar a la opinión pública, intentando convencer a los ciudadanos de que no se alargaría el periodo de cálculo para ahorrar, sino para gastar más, lo cual es un dislate. En segundo lugar, lo que revela es que el Pacto de Toledo es ya papel mojado. Cuando se renuncia a hacer reformas globales y en su lugar se opta por reformas en función de consideraciones de oportunidad política, que son necesariamente coyunturales y no estructurales, lo que se hace, en realidad, es ganar tiempo. Precisamente, lo que no tiene la Seguridad Social a la vista de sus elevados déficits.

Basta recordar que al comenzar el siglo la Seguridad debía al Estado menos de 18.000 millones de euros y hoy los préstamos (pese a haber liquidado el Fondo de Reserva) roza ya los 100.000 millones de euros. Lógicamente, porque desde 2009, cuando logró un excedente de 7.629 millones, ha obtenido cuantiosos desequilibrios entre ingresos y gastos que en 2020 llegaron a ser de cerca de 28.300 millones de euros. Un castizo diría aquello de reforma en reforma hasta la derrota final.