Díaz se planta frente a la reforma de las pensiones y arrastra a los sindicatos al bloqueo

José Luis Escrivá se está topando con el muro de Yolanda Díaz para sacar adelante el segundo paquete de la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas. La línea roja de la vicepresidenta segunda es que el sistema de cálculo que se proponga no perjudique a ningún pensionista, lo que considera innato a ampliar el periodo de cómputo. El ministro de Seguridad Social ha ido introduciendo en los borradores elementos correctores para reducir al máximo las casuísticas en las que se perdería poder adquisitivo con el nuevo sistema de cálculo de las cotizaciones, que pasaría de 25 a 30 años, pudiendo descartar los dos peores, y aumentar el porcentaje de quienes se verían beneficiados. Aunque desde Trabajo se apela al respeto a lo que se decida en la mesa de diálogo social, la oposición frontal de Díaz a los planteamientos del Ministerio de Seguridad Social marca el ritmo y no facilita la negociación con los sindicatos para que levanten su bloqueo.

El imán de la titular de Trabajo con los sindicatos se ha dejado sentir en otras negociaciones, como la reforma laboral o las subidas del salario mínimo. Más allá de que su futuro proyecto político está atado al sindicalismo, al igual que su propia biografía política, el hecho de que Díaz no comparta las posiciones de Escrivá en esta reforma también dificulta su aprobación en el Congreso. La reforma se plasmará a través de un decreto que posteriormente deberá convalidarse por una mayoría parlamentaria. La posición de Unidas Podemos es clara al respecto y sin su apoyo el Gobierno precisaría del respaldo del PP, que también ha criticado el planteamiento de la reforma junto a la patronal.

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Aun con el respaldo de los agentes sociales, la reforma laboral ya fue rechazada por los principales socios de investidura: ERC, PNV y EH Bildu. Finalmente, salió adelante gracias al voto erróneo de un diputado del PP y el inusual apoyo de Ciudadanos. Como la reforma laboral, la de las pensiones es otro de los hitos comprometidos en el plan de recuperación del que depende el próximo desembolso de los fondos europeos. Su publicación en el BOE antes del 1 de enero de 2023, tras aprobarse en el Consejo de Ministros, permitiría cumplir con el calendario. Sin embargo, después deberá contar con el aval del Congreso.

Un apoyo que ahora mismo está en el aire. No solo por el rechazo de Unidas Podemos y el principal partido de la oposición, sino también de los socios de investidura. El Gobierno está negociando con todos ellos, pero desde los grupos coinciden en reconocer que todo está muy verde. Algunos, como ERC, aseguran que queda mucho camino por recorrer para llegar a una posición de consenso, y otros, como EH Bildu, están a la espera de que se les traslade por escrito el proyecto. A diferencia de otros decretos, en esta ocasión las negociaciones se han adelantado y los socios muestran disposición a sentarse.

Los morados han descalificado en los últimos días las propuestas de Escrivá como un "globo sonda", subrayando que "en ningún caso" apoyarán una ampliación del periodo de cómputo de las pensiones. Desde el entorno de la vicepresidenta segunda insisten en que no comparten la propuesta de Escrivá porque "es algo muy estudiado y sabemos lo que supone", en referencia a que alargar el cómputo "siempre perjudica" a los pensionistas.

El arma de presión del Gobierno es que si la reforma no sale adelante peligrarán las millonarias transferencias de la UE

La sensación es que los socios se miran unos a otros y el bloqueo de uno ejerce un efecto arrastre sobre los demás. En la misma línea de lo que ocurre con Trabajo y los sindicatos. Estos últimos ya deslizaban el efecto arrastre, al subrayar que la falta de consenso, tanto dentro del Gobierno como entre los partidos sobre la propuesta de Escrivá, los alejaba de un acuerdo en la mesa de diálogo. "Lo que se nos plantea es un incremento de ese periodo, pudiendo descartar los dos peores años, pero yo creo que esto no tiene un consenso político detrás y, si no lo tiene, creo que es mejor que nos centremos en el resto de medidas que son básicamente positivas, pero todavía manifiestamente mejorables", concluía el secretario general de CCOO, Unai Sordo, tras la última reunión con Escrivá la pasada semana.

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La pretensión compartida por Trabajo, sindicatos y socios parlamentarios es que no se incremente el periodo de cómputo de las cotizaciones. Su postura es que esta medida supondría un "recorte" y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, incluso ha reclamado que directamente se retire para seguir negociando en la mesa de diálogo social.

Fondos UE

La reforma de las pensiones forma parte del paquete de medidas más impopulares del plan de recuperación, junto al plan de movilidad sostenible con los peajes en las autovías o la reforma fiscal con la subida de tributos, que se han dejado para el final de la legislatura. Reformas frente a las que siempre ha habido resistencias y que el contexto preelectoral añade todavía más dificultades a su aprobación.

El arma de presión del Gobierno, sin embargo, es que si no salen adelante se ponen en peligro las millonarias transferencias, descargando la responsabilidad en los partidos que rechacen la reforma. El flujo de los fondos de recuperación asciende a 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026. Y entre los socios preferentes del Ejecutivo están, además, PNV y ERC, que gobiernan en sus respectivas comunidades autónomas y cuyos presupuestos regionales dependen también de los fondos de recuperación.