La negociación de las pensiones se aplaza a después del puente ante la falta de acuerdo

La negociación de las pensiones se aplaza a después del puente ante la falta de acuerdo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido este jueves su propuesta de ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, con el descarte de los dos peores años de cotización, pero no ha obtenido el aval de los agentes sociales. El plazo para culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones termina el 31 de diciembre, para cumplir con lo pactado con Bruselas.

Según fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá, durante la reunión de este jueves se les ha detallado a patronal y sindicatos algunas cifras del impacto que tendría la propuesta del Gobierno para calcular la pensión con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años. De acuerdo con estos cálculos, explican fuentes del ministerio, la medida "protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales", lo que cada vez se da con mayor frecuencia.

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Durante la reunión de este jueves, el Gobierno ha comunicado a sindicatos y empresarios que recopilará las propuestas que han realizado en la mesa de negociación. De momento, les ha citado de nuevo para el próximo 12 de diciembre. La propuesta que el ministerio de Escrivá trasladó el pasado lunes a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme como punto de partida para la negociación contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.

Así, por ejemplo, en 2027, año en el que arrancaría este proceso progresivo de extensión del periodo de cálculo, este alcanzaría los 25 años y cinco meses, en 2030 sería de 26 años y ocho meses, y en 2038 alcanzaría los 30 años; pero, con el descarte de los dos peores años cotizados, la pensión se calcularía con 28 años de cotización. Asimismo, en el documento presentado el pasado lunes a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los 12 meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.

Así, entre 2025 y 2050, se propone que sean las leyes de presupuestos de cada año las que fijen la subida de las bases máximas teniendo en cuenta los parámetros anteriores (el IPC y el alza adicional de 1,154 puntos). En caso de que la inflación promedio que se toma como referencia para subir las pensiones sea negativa, se aplicará únicamente el incremento adicional de 1,154 puntos.

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Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. De este modo, el Gobierno propone que la pensión máxima suba también entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima (IPC promedio de los 12 meses anteriores a diciembre), más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor, por tanto, al planteado para las bases máximas.

A partir de 2050, el ministerio propone que, en el marco del diálogo social, se determine el aumento adicional que habrá de aplicarse a la pensión máxima "hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30%". Tal y como se plantea también para las bases máximas, si la referencia de inflación es negativa, la pensión máxima solo subirá en el aumento adicional establecido (0,115 puntos hasta 2050, según la propuesta del Gobierno).

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere acordar con los agentes sociales antes de fin de año estos dos hitos que quedan para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin consenso para ampliar el periodo de cálculo

De momento, los sindicatos han expresado su rechazo a ampliar el periodo de cálculo de la pensión alegando que no es una recomendación del Pacto de Toledo, que no hay necesidad de hacer algo así, y que no cuenta con el respaldo político necesario para su implementación. Con lo que sí están conformes es con subir las bases máximas de cotización y la pensión máxima, aunque a distinta velocidad. Este mismo jueves, el secretario general de Comisión Obreras, Unai Sordo, ha destacado que la mayoría de las medidas que están sobre la mesa son positivas, pero que hay un elemento "que está distorsionando la negociación": el citado periodo de cálculo. "No estamos ni por la labor de negociar una medida con la que no estamos de acuerdo y que no cuenta con el aval político suficiente para salir adelante", ha concluido.

ATA recuerda que la extensión del periodo de cálculo no se encuentra en el Pacto de Toledo

La CEOE, por su parte, ve difícil que se pueda llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta segunda fase de la reforma de pensiones. Su presidente, Antonio Garamendi, se ha mostrado partidario de convocar la Comisión del Pacto de Toledo para ver qué sucede con las pensiones en los próximos 20 años. "Los partidos políticos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer", ha apuntado. El líder de los empresarios no comparte ni "la premura" ni el modelo que propone Escrivá: "Parece que hay premura de tiempo para aprobar lo que el ministro diga, pero a CEOE se le citó para una reunión el 12 de septiembre y una segunda esta misma semana". Y ha añadido: "Es algo más serio y no se puede modificar con urgencia". Garamendi ha añadido que la propuesta "no es sostenible y carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad".

Por su parte, la vicesecretaria ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, considera que, aunque el periodo de cálculo de la pensión debería ampliarse a toda la carrera laboral, la propuesta del Gobierno de extender el periodo de cálculo a 30 años no se encuentra dentro del Pacto de Toledo y debe contar con consenso dentro del propio Gobierno, donde ya ha habido discrepancias al respecto, y también dentro del Congreso.