Cuenta atrás para la reforma de las pensiones: un acuerdo difícil que Bruselas mira con lupa

La segunda parte de la reforma de las pensiones encara su recta final con el consenso todavía muy lejano. El Gobierno se comprometió con Bruselas en el plan de recuperación a tener listo los cambios antes del 31 de diciembre, una condición necesaria para poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos Next Generation. Sin embargo, las semanas pasan y no se producen avances. El Ejecutivo ya ha anunciado que aprobará la norma por decreto ley, mientras empresarios y sindicatos le piden más información sobre el impacto de sus propuestas antes de volver a sentarse a negociar. A solo dos semanas del plazo que se ha marcado el propio Gobierno, las posiciones permanecen distantes y aún no hay fecha para que la mesa se vuelva a reunir. La reforma se podría acabar aprobando en el primer trimestre de 2023.

* Si no ves correctamente este formulario, haz click aquí

De momento, el Gobierno insiste en que su escenario central es lograr un acuerdo en los próximos 15 días. Pero se antoja una quimera. Ninguno de los tres grandes hitos prometidos a la Comisión Europea para este trimestre cuenta con el apoyo unánime de los agentes sociales: la subida de las bases máximas de cotización, la ampliación del período de cálculo de la base reguladora y la introducción de un mecanismo de equidad intergeneracional. Con esas tres líneas de actuación, el Ejecutivo pretendía mandar un mensaje claro sobre su compromiso para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, al aumentar los ingresos del sistema y amortiguar el incremento de los gastos que se producirá durante los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Las pensiones subirán el 8,5% en 2023 con el dato confirmado del IPC

EFE

Tras dos meses sin conversaciones, el 28 de noviembre el Ejecutivo presentó a patronal y sindicatos el documento de trabajo para emprender la reforma. La propuesta cristalizaba esos tres objetivos en medidas concretas.

El periodo de cómputo

El primer pilar de la reforma es el aumento del período de cómputo para calcular la pensión desde los 25 años actuales hasta 30, pero con la posibilidad de que el contribuyente deseche sus dos peores años. El Ejecutivo defiende que esta es una medida neutra, es decir, que no tiene un impacto en el gasto total en pensiones, pero no ha cuantificado cómo se notará en las pagas que reciban los jubilados en función de cómo haya sido su vida laboral. Un estudio del Banco de España calculó que, si se ampliase a 35 años, las pensiones bajarían un 8,2%, con un mayor impacto en las pensiones máximas y en las mujeres, que suelen tener carreras profesionales más irregulares con motivo de la maternidad.

La patronal se opone a este cambio y pide más información, ya que no se fía de que el impacto total sea neutro. Incluso en el caso de que fuese así, apuntan fuentes de la CEOE, significaría que la ampliación del periodo de cómputo beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros, especialmente el colectivo femenino. El Gobierno presentó en la última reunión, celebrada este lunes, una serie de mecanismos correctores para paliar la brecha de género, pero todos los agentes sociales lo consideran insuficiente.

TE PUEDE INTERESAR

Díaz se planta frente a la reforma de las pensiones y arrastra a los sindicatos al bloqueo

Iván Gil

Además, esta cuestión no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en 2020 con el apoyo del 80% de la Cámara. Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social de CCOO, explica que su sindicato no acepta que se incluya en la mesa de negociación, al menos mientras no haya un acuerdo parlamentario sobre el asunto: "Aprobar un decreto ley sin que haya un consenso político previo es entrar en zona de riesgo". En el horizonte, la posibilidad de que esta pata de la reforma dificulte la convalidación en las Cortes, que tiene que producirse un mes después de su aprobación y es condición necesaria para que se haga efectiva. La cuestión incluso ha generado suspicacias en el seno del Ejecutivo, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como portavoz principal del descontento en el ala de Unidas Podemos.

El aumento de las bases máximas

Los sindicatos sí están de acuerdo en el incremento de las bases máximas de cotización, aunque lo consideran poco ambicioso, mientras que los empresarios lo rechazan por considerar que supone un aumento de los costes salariales, especialmente sensible para las pequeñas y medianas empresas. La fórmula que propone el Gobierno no supone un destope total, sino que plantea un aumento gradual, hasta alcanzar un 30% en el largo plazo. El primer borrador presentado a finales de noviembre situaba el horizonte para llegar a esa cifra en 2050, aunque podría alargarse para intentar ganar el favor de la patronal. No será fácil.

CEOE: "Nunca jamás hubiéramos pensado que el incremento era de este calibre e iba a vulnerar el principio de contributividad"

El principal problema es que el incremento de las cotizaciones sociales reduce la contributividad del sistema, ya que las pensiones máximas no crecerán en la misma cuantía. De hecho, lo harán a un ritmo 10 veces menor: una tasa anual del 0,115%, frente al 1,154% de las bases. "Nunca jamás hubiéramos pensado que el incremento era de este calibre e iba a vulnerar el principio de contributividad", denuncian desde la CEOE.

En cualquier caso, se trata de cifras anecdóticas para asegurar la viabilidad del sistema. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado esta semana revela que la medida supondría un incremento de la recaudación del 0,15% para mediados de siglo, mientras que el propio Gobierno considera que el alza del gasto del sistema se situará en un 3,5%. En definitiva: un parche.

TE PUEDE INTERESAR

El alza de cotizaciones de Escrivá eleva la recaudación al 60% en un tramo de sueldo

Javier Jorrín Infografía: Rocío Márquez Infografía: Laura Martín

El mecanismo de equidad

Pero si existe un parche por excelencia, ese es el mecanismo de equidad intergeneracional. El conocido como MEI, que está llamado a sustituir al factor de sostenibilidad instaurado por el Partido Popular durante la Gran Recesión y eliminado el año pasado en la primera parte de la reforma, ha generado unas curiosas alianzas. Los empresarios se oponen, por considerar que supone un nuevo aumento de las cotizaciones sociales y, por tanto, de los costes laborales. De hecho, el mecanismo prevé un recargo del 0,6% a partir de 2023, que se prolongaría durante los próximos diez años. En ese momento, el Gobierno tendría que decidir si lo mantiene o no hasta 2050, en función de cuál sea la situación de la Seguridad Social.

Los sindicatos, en cambio, apoyan la idea, ya que ese dinero serviría para engordar el fondo de reserva, conocido como la hucha de las pensiones, que se vació durante la crisis económica de la década pasada. Pero quieren que sea un mecanismo automático, es decir, que se extienda sí o sí hasta 2050 para garantizar la sostenibilidad del sistema durante el periodo de jubilación de los boomers sin dejarlo al albur de arbitrariedades políticas. Paradójicamente, en esto coinciden con Bruselas.

El Gobierno todavía no ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el mecanismo de equidad

Bravo considera que sería mejor que se elevase hasta el 1%, pero cree que el horizonte temporal es el punto más importante. El secretario de Seguridad social de CCOO lamenta que este asunto, como los demás, no quedase cerrado durante la primera parte de la reforma de las pensiones, lo que hubiese facilitado un pacto que ahora es más difícil en vísperas de un año electoral: "El acuerdo del año pasado fue muy importante, y fue posible porque se produjo en la mitad de la legislatura, no al final". El Gobierno todavía no ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el MEI, pese a que el tiempo se acaba.

El problema de los plazos

Fuentes del Ejecutivo piden mantener la calma: solo contemplan lograr un acuerdo antes de final de año, pero, de no ser así, aseguran que no peligrarían los fondos europeos. Al fin y al cabo, las fechas y los hitos no están grabados en piedra. La Comisión sabe que la ejecución de los planes nacionales es compleja y está sujeta a muchos vaivenes, por lo que prefirió mantener un esquema que fuera flexible y que permitiera soluciones parciales o algunos retrasos sin demasiadas consecuencias.

Cada Estado miembro tiene una serie de hitos y objetivos que debe ir cumpliendo para recibir hasta dos desembolsos al año, y esa es la estructura básica. Dentro de ella, hay soluciones creativas. Por ejemplo, si un país pide un desembolso pero hay un hito u objetivo que no ha cumplido puede recibir un pago parcial. Si la situación es grave y persistente, entonces la Comisión Europea puede decidir cortar los pagos por completo. Pero todo eso ocurre en un permanente diálogo entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario.

TE PUEDE INTERESAR

Las pensiones fagocitan el gasto social para las próximas décadas

Javier Jorrín

Lo importante no son tanto las fechas orientativas que se marcaron en el plan nacional español que tuvo que aprobar Bruselas, sino haber cumplido con los hitos cuando se pide el desembolso correspondiente a esos objetivos. En el caso de las pensiones, están vinculadas al cuarto desembolso y el Gobierno no tiene una fecha fijada para solicitarlo. De hecho, el retraso en el acuerdo de las cotizaciones de los autónomos el pasado verano no impidió que el Gobierno acabase pidiendo el tercer tramo de los fondos europeos en noviembre.

Por ahora, los planes del Ejecutivo español pasan por solicitar sus dos desembolsos más o menos en primavera y en otoño. Por el momento el calendario no se aleja de uno orientativo con el que contaba la Comisión Europea y en el que el cuarto, el correspondiente a estos hitos y objetivos, está previsto para junio de 2023, por lo que todavía queda tiempo por delante para completarlos: la Comisión tiene dos meses para estudiar si se ha cumplido, lo que situaría sobre abril la fecha orientativa en la que el Gobierno solicitaría el siguiente tramo, aunque podría llegar un poco más tarde.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno vuelve a mentirnos con las pensiones

Juan Ramón Rallo

Preguntado recientemente por la reforma de las pensiones, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, evitó entrar en el debate, explicando que verificarían la reforma cuando se haga la cuarta solicitud de pago. "Sabéis que analizaremos la sostenibilidad a largo plazo de las pensiones en la siguiente solicitud de desembolso de España. La discusión ahora es a nivel técnico, pero confío en que estas discusiones nos llevarán a obtener buenos resultados", señaló Gentiloni el pasado 5 de diciembre.

La preocupación de Bruselas

A Bruselas le preocupa la sostenibilidad de las pensiones. Lo ha dicho en público y en privado, por activa y pasiva, y desde hace mucho tiempo. La Comisión aceptó el año pasado la primera parte de la reforma, pero a regañadientes, sabiendo que no tenía nada que hacer ante un frente común en el Pacto de Toledo que recomendaba indexarlas al IPC, como finalmente se hizo. Sin embargo, los dirigentes comunitarios creen que provocará un importante incremento en el gasto público, igual que la sustitución del factor de sostenibilidad por el mecanismo de equidad intergeneracional.

La Comisión Europea considera que el cálculo que hace el Gobierno es demasiado optimista

Esa era la primera parte de la reforma, la fácil. La segunda, la compleja, llega ahora. Es en la que Bruselas tiene que ver que las cuentas cuadren, que los números salgan. Pero el calendario no es el principal rival. La Comisión Europea se fijará no en la fecha en la que se haya completado el hito correspondiente, sino en si efectivamente se ha cumplido con lo comprometido antes de autorizar el siguiente pago.

Bruselas considera que el cálculo que hace el Gobierno del ahorro que obtendría con el alargamiento de la edad efectiva de jubilación es demasiado optimista, y ese es uno de los puntos de fricción. Cuando la Comisión Europea autorizó el segundo pago a España, en el que daba el visto bueno a la primera parte de la reforma de las pensiones, dejó claro lo que pensaba: "Sería necesario abordar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo de las medidas adoptadas". De momento, el Ejecutivo ha llevado varios parches a la mesa de negociación con los agentes sociales. Está por ver si serán suficientes para las autoridades comunitarias.