El alza de cotizaciones de Escrivá eleva la recaudación al 60% en un tramo de sueldo

Una vez aprobada la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno está buscando fórmulas para compensar el incremento del déficit que conlleva. Una de las opciones propuestas por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, pasa por subir la base máxima de cotización a un ritmo superior a la pensión máxima hasta el año 2050. Esto significa que una parte de la subida de las cotizaciones no tendría efecto contributivo de salario diferido propio de las cotizaciones sociales. Sería, por lo tanto, más parecido a un impuesto por el que empresas y trabajadores pagarían para reducir el déficit público.

Si se analiza esta cotización sin efectos contributivos como un impuesto más, tiene efectos significativos sobre la cuña fiscal que soportan los trabajadores. De hecho, para los salarios brutos que van desde 80.000 hasta 95.000 euros (datos aproximados, dados los beneficios fiscales que existen en el IRPF), el tipo marginal del IRPF y las cotizaciones sociales no contributivas supera el 60% (aquí, el salario bruto incluye las cotizaciones a cargo del empleador; si se descuentan estas, el efecto se concentra sobre rentas que van desde unos 50.000 hasta 70.000 euros anuales). Esto significa que por cada euro adicional de salario en esa franja señalada, el sector público se quedaría en torno al 63%.

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Así se extrae de los cálculos de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los principales expertos en las cuentas públicas de España. De la Fuente ha puesto números a la propuesta de Escrivá analizando el tipo efectivo marginal de cada nivel de salario, esto es, qué parte del coste laboral total se queda el sector público por cada euro adicional de cada nivel de renta. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico, en el que viene representado el tipo efectivo actual del IRPF y la cotización no contributiva, y el que resultaría de aplicar la reforma de Escrivá al final del periodo transitorio (a mediados de siglo).

Actualmente, el tipo marginal más elevado se sitúa en el 55% para salarios que van desde 55.000 hasta 70.000 euros. La propuesta de Escrivá eleva este tope y también lo desplaza hacia rentas algo más altas. El motivo de este cambio es el señalado incremento de la base máxima de cotización por encima de la pensión máxima (un 1,54 puntos adicionales cada año). Esto implica que esa subida adicional no tiene carácter contributivo, ya que las aportaciones de los trabajadores no generan derechos de pensión.

El tope máximo de la pensión hace que el tipo efectivo marginal caiga drásticamente para salarios a partir de 70.000 euros anuales. Esto es, cada euro adicional de salario está exento de contribución social, de modo que la presión fiscal pasa del 55% hasta situarse por debajo del 30%. A medida que la base máxima vaya aumentando, este escalón se irá desplazando hacia salarios más altos. La propuesta del ministerio fija una aplicación progresiva del destope hasta mediados de siglo, lo que habrá provocado un incremento de la base máxima del 35% en términos reales (descontada la inflación). Al subir progresivamente la base máxima, se suma la cotización no contributiva propuesta por Escrivá a los tramos superiores del IRPF.

El resultado es que cuando el salario llegue a unos 81.000 euros, el salto del IRPF y el mantenimiento de la cotización social llevarían el tipo efectivo marginal por encima del 60% señalado anteriormente. Este pico de presión fiscal se mantiene hasta la siguiente base máxima, que se situaría al final del periodo transitorio, en unos 95.000 euros. Esto significa que el grueso de la reforma propuesta por el ministro para reducir el déficit del sistema recaería sobre rentas medias y altas.

Aun así, el efecto recaudatorio de esta política sería limitado. El motivo es que el número de contribuyentes afectados es relativamente reducido: unas 574.000 personas. La base imponible asciende a 4.600 millones de euros, y aunque el tipo efectivo que pagarían es elevado, no recaudaría mucho más de 1.700 millones de euros al año a precios actuales. Esto supondría unos ingresos adicionales para la Seguridad Social del 0,15% del PIB, una cifra claramente insuficiente si se tiene en cuenta que la indexación de las pensiones al IPC tiene un coste de unos 3,5 puntos del PIB.

“La propuesta es cuestionable”, explica De la Fuente, “porque supone potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social”. En su lugar, recomienda que este impuesto se recoloque donde están los demás, en el Ministerio de Hacienda, para preservar la contributividad del sistema de pensiones. Esto es, que las cotizaciones sean un salario diferido para el trabajador.

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El experto señala que una opción sería establecer un recargo de solidaridad en el IRPF, que tendría el mismo efecto en términos de recaudación sin generar distorsiones en las cotizaciones sociales. Sin embargo, este cambio sí tiene un efecto práctico muy relevante, ya que el IRPF lo paga íntegramente el trabajador, mientras que la cotización social recae principalmente sobre el empleador. Con esta propuesta alternativa es probable que se produjese una caída brusca del salario neto de los trabajadores afectados, pero a cambio no encarecería el coste del empleo para las empresas, reduciendo así el efecto desincentivador.

Esta propuesta del ministro Escrivá ha sido duramente criticada por sindicatos y empresarios, por lo que es susceptible de sufrir grandes cambios durante el proceso de negociación en la mesa de diálogo social. Para los sindicatos, la propuesta de subida de cotizaciones es insuficiente y reclaman un mordisco más ambicioso para garantizar la sostenibilidad del sistema. Por el contrario, las patronales denuncian que tal subida supondrá un freno a la creación de empleo. Además, una parte muy significativa de la recaudación saldrá de otras administraciones públicas, que son quienes tienen muchos salarios por encima de la base máxima actual. Esto es, sería un enjuague del déficit de la Seguridad Social a costa de mayor presión fiscal para el Estado, las comunidades autónomas y las empresas públicas.