Las pensiones fagocitan el gasto social para las próximas décadas

En la última década, el gasto público de España se ha incrementado en casi 120.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 24%. Estos nuevos fondos han dado un gran margen a los distintos gobiernos para apuntalar las políticas públicas, sin embargo, no todas las partidas han podido beneficiarse de estos recursos. El principal motivo es que la mayor parte del nuevo margen presupuestario se lo han comido las pensiones. Más de la mitad de los nuevos recursos conseguidos en la última década se han destinado a pagar pensiones, ya sea de jubilación, supervivencia o incapacidad.

Así se extrae de los datos de clasificación funcional del gasto público publicados esta semana por la Intervención General del Estado (IGAE) correspondientes al año 2021. Esto es, la cifra todavía no incluye los más de 15.000 millones de euros adicionales que tendrá que gastar España en pensiones el próximo año como consecuencia de la revalorización del 8,5% que se va a aplicar (correspondiente a la inflación media del año).

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Este dato no es una cifra aislada, sino que forma parte de una tendencia en la que las pensiones tienen un peso creciente sobre el gasto público. El presupuesto tiene que hacer un hueco cada vez mayor a la financiación de las pensiones. De hecho, el Gobierno ha optado por pasar el grueso del déficit de la Seguridad Social al Ministerio de Hacienda, para que se encargue de su gestión. La intención del Gobierno era cubrir este agujero con nuevos impuestos, pero se ha dado cuenta de la contestación social ante el incremento de la presión fiscal. Y sin tocar a las clases medias es imposible conseguir una recaudación significativa.

La alternativa es dejar que el resto de partidas de los presupuestos generales del estado vayan menguando, dejando hueco así a las pensiones. Para ello no es necesario aplicar recortes, basta con dejar que la inflación haga su trabajo reduciendo los recursos reales del resto de partidas. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora: todos los capítulos que se hayan revalorizado menos de un 11% en la última década han perdido capacidad de compra. Esto es, tienen menos recursos, en términos reales.

El gasto en pensiones, por el contrario, ha aumentado un 47% en la última década, con un incremento del 54% en las de jubilación. En total, son 62.000 millones de gasto adicional cada año, y eso antes de incorporar los más de 14.000 millones adicionales que entrarán en el año 2023 como consecuencia de la inflación. Se trata de una cuantía tan elevada que apenas deja margen para reforzar otras partidas, máxime en una coyuntura en la que las reglas fiscales europeas presionan para reducir el déficit público.

Los sucesivos gobiernos han optado por recortar algunas partidas del gasto público que no consideraban prioritarias. La gran perjudicada ha sido la inversión. Por ejemplo, el gasto en I+D ha caído en casi todos los ministerios, ya sea la destinada a sanidad, a protección social o a la educación. Estas partidas son siempre muy vulnerables a los recortes, ya que requieren de proyectos nuevos cada año que pueden ser eliminados sin destruir empleo público ni dejar de ofrecer un servicio. Es tan sencillo como, por ejemplo, dejar de comprar ordenadores o tabletas para los colegios públicos.

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También se ha reducido el gasto vivienda, tanto inversión como ayudas sociales a las familias para pagar un alquiler o la compra de un inmueble. Y eso a pesar de las dificultades de una buena parte de la sociedad para tener un techo digno. En total son unos 1.100 millones menos al año de gasto que han recortado las comunidades autónomas.

La cultura y el ocio también han sufrido importantes recortes en este periodo. Según los datos de la IGAE, esta partida se ha recortado en casi 1.800 millones de euros en la última década. El gasto en defensa, que tanto ha ocupado titulares desde el inicio de la guerra en Ucrania, aumentó un 5% entre 2011 y 2012, lo que supone una caída real de casi el 6%.

Revalorización con el IPC

La indexación de las pensiones al IPC implica que seguirán ganando peso sobre el total del gasto público. Según los cálculos de la AIReF, el gasto en pensiones pasará del 11,5% del PIB actual hasta el 14,5% hacia el año 2045. Esto es, tres puntos más de gasto sobre PIB en poco más de veinte años.

El gasto público previsto por el Gobierno para 2023 se sitúa en el entorno del 46,5% del PIB (oscilará unas décimas arriba o abajo en función de las políticas de compensación de la inflación que se vayan aprobando). Esto significa que se consolidará un nivel de gasto similar al que tenían la media de países de la eurozona antes de la pandemia. Es difícil pensar que el gasto público pueda seguir creciendo al ritmo de los últimos cinco años. Sin embargo, será necesario hacer hueco a todo el nuevo gasto en pensiones, unos tres puntos del PIB.

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Es decir, o el gasto público de España sigue creciendo hacia el 48-49% del PIB, o será necesario reducir el peso de otras partidas para poder financiar las pensiones. Hay pocas alternativas posibles a este escenario, precisamente por la cantidad de recursos que se necesitan para cubrir las jubilaciones de las dos próximas décadas.

Eurostat calcula de forma periódica el volumen de derechos de pensión comprometidos por los distintos países con sus cotizantes. Esto es, el gasto que tendrá que hacer para pagar las pensiones que han acumulado los trabajadores. En el caso de España, esta cifra alcanzaba los 4 billones de euros en 2018, multiplicando casi por cuatro la producción de todo el país durante un año completo. Y este dato se va incrementando a medida que los trabajadores van sumando sus contribuciones. No se trata del peor dato de toda Europa, ya que Luxemburgo tiene acumulados pasivos que superan el 500% de su PIB anual, pero sí que está en la mitad con mayor gasto comprometido. Esto significa que, sin recortes en las prestaciones futuras, el sector público no tendrá otra alternativa a hacer hueco en su presupuesto para pagar cada vez más pensiones.