Los fiscales se revuelven contra Puigdemont y piden a su jefe que aclare su independencia

El malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía, muy patente ya en la judicatura, ha irrumpido de lleno también en la carrera fiscal. Las alusiones de Carles Puigdemont a la capacidad del Gobierno en funciones de limitar la acción del Ministerio Público en todas las causas judiciales y administrativas relacionadas con el independentismo han dolido. La asociación de fiscales, mayoritaria, ha reclamado al fiscal general del Estado que marque líneas rojas ante las afirmaciones del expresident catalán y que lo haga de forma expresa. Buscan un blindaje público de su independencia, muy dañada por afirmaciones de este tipo en las que se da por hecho, como algo natural, su sumisión completa a los deseos del Ejecutivo.

La sombra de la ya famosa pregunta que lanzó Pedro Sánchez —"¿De quién depende la Fiscalía, eh, de quién depende?", se jactó— vuelve ahora a cernirse sobre la acción del Ministerio Público. El fiscal general la contestó en una entrevista publicada por este diario hace unos meses. "La Fiscalía depende del fiscal general del Estado, no del Gobierno", dijo entonces. Aseguró que mantiene con el Ejecutivo una relación puramente institucional, de colaboración y lealtad institucional. "La designación del fiscal general por parte del Gobierno no significa ni dependencia, ni relación diferente a la que se tiene con otras instituciones" y no existe "en absoluto", injerencia ni del fiscal general del Estado en el trabajo del Gobierno, ni viceversa, defendía.

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"La Fiscalía depende del fiscal general del Estado, no del Gobierno"

José Antonio Zarzalejos Beatriz Parera Fotografía: Olmo Calvo Vídeo: Patricia Seijas

Sin embargo, a la vista de las palabras de Puigdemont, esa independencia no es tan evidente. El político huido de la Justicia pidió que el Gobierno maniobre "a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado" para garantizar "el abandono completo y efectivo de la vía judicial". Procedimientos como el que arrancará en noviembre en el Tribunal de Cuentas dependen en gran medida de la actuación del Ministerio Público y, si la ley de amnistía se tramita y aprueba, es poco probable por plazos que lleguen a quedar cubiertos por esa medida que borra el delito.

Silencio y sospecha

En la Asociación de Fiscales no entienden el "silencio" del fiscal general después de estas declaraciones. Han reprochado que trascurridas más de 24 horas desde que la exhortación de Puigdemont llegara desde Bruselas, el fiscal general del Estado no haya visto oportuno decir nada y han avisado de que la "politización de la Justicia" es una "herramienta puesta al servicio de quienes no creen en la separación de poderes ni en el respeto a las instituciones constitucionales". Las palabras de Puigdemont no solo indignaron a los fiscales considerados conservadores. La Unión Progresista también recuerda que el Ministerio Fiscal "no se somete a las directrices de ningún Gobierno".

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En privado, numerosos fiscales admiten su desazón. No dudan de que habrá "presiones" y les preocupa la permeabilidad que pueda mostrarse ante ellas. Aseguran que la influencia del poder político en la institución, más que nada en la jerarquía, es evidente, si bien siempre se ejerce con un cierto tamiz y discreción.

A esa independencia, a sus agujeros y a la necesidad de reforzarla se refirió Álvaro García Ortiz en su discurso en la apertura del año judicial. La Fiscalía está abierta a "cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general", dijo, aunque pidió a la ciudadanía que esté "tranquila" porque siempre "está sometida a filtros y controles". No hizo alusión alguna a la amnistía o la exigencia de Puigdemont.

"¿La Fiscalía de quién depende?... Pues ya está...". Las palabras de Pedro Sánchez siguen resonando en muchos oídos.