El presidente del TS pide evitar una "apuesta partidaria" que ponga en riesgo la democracia

Nadie la mencionó, pero la amnistía sobrevolaba este jueves el salón del Tribunal Supremo donde el Rey daba solemne apertura al inicio del año judicial. Sin referencias directas a la negociación sobre la ley que exigen Junts y ERC para una investidura, hubo que leer entre líneas e interpretar los discursos del presidente del TS en funciones, Francisco Marín Castán, y el fiscal general del Estado.

El primero, Marín, elevó el tono e instó a los partidos a dejar a un lado "los grandes postulados de la apuesta partidaria en favor de principios constitucionales más elevados". En un acto que se vio marcado por las negociaciones del Gobierno con Carles Puigdemont, Marín pidió evitar cualquier comportamiento que pueda erosionar el "buen funcionamiento y la independencia judicial" porque, de otro modo, "la democracia, y en consecuencia el Estado de derecho, corren un serio riesgo".

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"La democracia exige mucho de sus partícipes. Tanto que hay momentos en los que deben dejarse a un lado las emociones y los tribalismos", destacó Marín ante Felipe VI y la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop. "No es tarea fácil, pero la buena salud de las instituciones bien vale el esfuerzo". "Es la hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas. Sería una enorme decepción sentir su falta".

Instó también a la necesidad de impulsar una "cooperación responsable y leal entre poderes", sin "interferirse", y se refirió a la lenta muerte de las democracias cuando se incurre en un debilitamiento progresivo de sus instituciones, en medio de un contexto "fuertemente polarizado".

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Marín sí quiso hacer una referencia expresa a la deplorable situación que atraviesa el poder judicial, con un Consejo General sin visos de renovación. Destacó el colapso al que se ve abocado el Supremo por el bloqueo judicial. En marzo de 2021, el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante una reforma que impide al CGPJ realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones y, dos años y medio después, el tribunal acumula ya 22 vacantes de un total de 78 magistrados. "Si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida".

Según advirtió, "lo que está fallando es el impulso democrático" por parte de los actores políticos, y esto ha conducido a "uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional", como es la dimisión hace ahora un año de su antecesor en el cargo, Carlos Lesmes. "El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina".

El fiscal general: "Hacer ejecutar lo juzgado"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también tomó la palabra durante el acto y reivindicó "el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". En plena polémica por las exigencias de Puigdemont de garantizar "el abandono completo y efectivo de la vía judicial", García Ortiz no se refirió de forma directa a este plan de amnistía, pero destacó que este mandato corresponde con "exclusividad a jueces y magistrados".

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Puigdemont también ha pedido a Sánchez que fuerce a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a dar un paso atrás en las causas que afectan al independentismo, una petición que implica soslayar la autonomía de la Fiscalía y no ha sentado bien entre sus miembros. Este mismo jueves, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, criticó "el silencio" del fiscal general ante esta exigencia.

García Ortiz no hizo ninguna valoración concreta al respecto durante su discurso y se limitó a recordar los "principios rectores" por los que se rigen: "Por un lado, la legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación y la dependencia jerárquica". Él mismo reconoció que, en ocasiones, esa misma dependencia jerárquica "ha provocado ciertas reticencias a la hora de valorar nuestra actuación e, incluso, ha sido utilizada para sembrar dudas injustificadas sobre ella", pero incidió en que "ello supone desconocer el funcionamiento mismo de la institución y, en especial, la responsabilidad y el trabajo diario de las y los fiscales de este país".