Puigdemont exige a Sánchez que fuerce a la Fiscalía y a la Abogacía a dar un paso atrás

Carles Puigdemont exigió este martes a Pedro Sánchez que fuerce a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía a dar un paso atrás en las causas que afectan al independentismo. El expresidente catalán dio a conocer sus condiciones para apoyar la investidura del líder socialista en una rueda de prensa en Bruselas y, además de una ley de amnistía, pidió que el Gobierno maniobre "a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado" para garantizar "el abandono completo y efectivo de la vía judicial". La reivindicación se produce en un momento en que la Fiscalía resulta determinante para reactivar su captura a nivel internacional y de cara al procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos.

Desde el entorno de Puigdemont, enmarcan esta exigencia como un "gesto previo" a la propia ley de amnistía. Algunos socios del Gobierno ya confían en poder sacar adelante esta norma en poco más de un mes, pero, según advirtió el líder independentista, es "responsabilidad" de Sánchez activar todas las vías posibles para acabar con "el amplio espectro de la represión". El listado de exigencias no se limita, por tanto, al plano legislativo, sino que también entra en el papel que juegan las principales acusaciones en los tribunales.

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Aunque el Gobierno cuenta con un amplio margen para forzar un cambio de postura o incluso la retirada de la Abogacía como acusación, esta nueva exigencia va más allá e implicaría soslayar la autonomía de la Fiscalía. La propuesta de una ley de amnistía ya plantea dudas respecto a su constitucionalidad, y esta petición vuelve a poner a Sánchez entre la espada y la pared —de la legalidad—. "Debe hacerse para reparar una injusticia", defendió el expresidente catalán en su comparecencia.

Tras conocerse sus exigencias, el Gobierno ha evitado pronunciarse de forma directa sobre la hipotética ley de amnistía o el posible paso atrás de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. "Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles. Sánchez ha demostrado que se hace cumplir la Constitución en toda España", se limitó a decir la portavoz y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Del Supremo al Tribunal de Cuentas

Una vez confirmado que Puigdemont ya no goza de inmunidad como eurodiputado, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha mantenido la orden de detención nacional contra él, pero ha dejado congelada la misma a nivel internacional hasta que la Justicia europea se pronuncie sobre su último recurso. La Fiscalía no comparte esta cautela y el pasado julio ya pidió reactivar su captura más allá de España. Esta nueva orden de detención se emitiría sobre la base de la malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel.

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Otro de los procedimientos que más preocupan al independentismo es el que se desarrolla en el Tribunal de Cuentas. Como ya informó El Confidencial la pasada semana, tanto ERC como Junts per Catalunya ven poco probable que la hipotética ley de amnistía les permita esquivar este procedimiento, pero la nueva exigencia de Puigdemont abre otro escenario al poner el foco de forma directa en la Fiscalía, que reclama tres millones a los 35 encausados por el presunto desvío de fondos durante el procés.

En el Tribunal Constitucional también se mantiene otro frente abierto y, el pasado viernes, la Fiscalía recurrió su decisión de no admitir a trámite el recurso de Puigdemont contra su orden de detención nacional. El fiscal Pedro Crespo no entró a valorar el rechazo del recurso en sí mismo, pero consideró que la cuestión no presentaba suficiente urgencia como para ser resuelta por la Sala de Vacaciones en pleno agosto. Según anunció el tribunal este mismo martes, la decisión se revisará ahora en el pleno.

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Al exigir que el Gobierno maniobre "a través de la Fiscalía y la Abogacía", Puigdemont busca blindarse en todas estas causas que le afectan de forma directa, pero también en otras tantas relacionadas con el independentismo: la investigación por terrorismo contra los radicales de los CDR que fueron detenidos en septiembre de 2019, la que la Audiencia Nacional instruye en estos momentos sobre los impulsores de Tsunami Democràtic... El líder independentista ni siquiera limita su plan de amnistía a los hechos ocurridos desde 2017, sino que también lo extiende a todos aquellos que tuvieron lugar en torno a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.