La Fiscalía pide al Supremo que dicte una orden internacional de detención contra Puigdemont
La nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación
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La Fiscalía ha solicitado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicte una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra Carles Puigdemont y el también huido Toni Comín después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) les haya retirado su inmunidad como parlamentarios europeos.
Tras la reforma del Gobierno que eliminó la sedición, la nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.
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"Desde el inicio de la causa los procesados citados han eludido la acción de la Justicia, habiéndose declarado su rebeldía por auto de 9 de julio de 2018, situación en la que actualmente se encuentran", destaca la Fiscalía en su escrito. "En consecuencia, el Ministerio Público interesa que nuevamente se acuerde por el instructor la busca y captura e ingreso en prisión de Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comyn Oliveres, y que se emita orden de busca y captura internacional por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición, así como orden europea de detención y entrega".
La petición de la Fiscalía se produce horas después de conocerse los resultados de unas elecciones generales en los que Junts per Catalunya, el partido liderado por el propio Puigdemont, jugará un papel determinante de cara a la gobernabilidad: "Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y al día siguiente España ordena tu detención", ha ironizado el propio expresidente catalán a través de redes sociales este lunes.
Tras la pérdida de su inmunidad, el escrito del Ministerio Público acelera los tiempos y empuja al resto de partes personadas en el procedimiento a pronunciarse, entre ellas la propia Abogacía del Estado. Vox, que ejerce como acusación popular, ya pidió reactivar las euroórdenes el pasado 13 de julio.
La pérdida de la inmunidad
La nueva resolución del TGUE hecha pública a comienzos de mes implica retrotraer la situación al 9 de marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo acordó levantar la inmunidad a Puigdemont y Comín a petición del Tribunal Supremo. Ambos recurrieron esta decisión y lograron que la Justicia europea les devolviera la inmunidad de forma cautelar, pero esa especial protección se vino abajo el pasado 5 de julio.
Aunque esta resolución también es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Fiscalía incide en que el recurso "no tiene efecto suspensivo", por lo que considera que la pérdida de inmunidad resulta irreversible a corto plazo y procede emitir una nueva orden de búsqueda y captura contra ambos. La defensa de Puigdemont ya ha confirmado que recurrirá la sentencia, pero cuenta con dos meses de plazo desde su notificación.
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Frente a los fracasos de los anteriores intentos, Llarena también cuenta ahora con la sentencia del pasado enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega de Puigdemont.
Según advirtió la Justicia europea, Bruselas debe acotarse a las excepciones que recoge la decisión marco de las euroórdenes, y comprobar si el Supremo es la autoridad competente a la hora de rechazarlas no es una de ellas. La decisión de la corte de Luxemburgo deja algunos resquicios en lo referente a los derechos fundamentales de los reclamados, pero limita los argumentos a los que se puede agarrar su defensa.
La Fiscalía ha solicitado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicte una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra Carles Puigdemont y el también huido Toni Comín después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) les haya retirado su inmunidad como parlamentarios europeos.