La abogada del Estado que defendió la sedición del 'procés' ficha por la privada

Rosa María Seoane, hasta ahora responsable del área penal de la Abogacía del Estado, abandonará los servicios jurídicos del Gobierno para incorporarse a partir de septiembre a un bufete privado. La responsable de dirigir la acusación durante el juicio del procés pasa a formar parte del despacho de José Ángel González Franco, según informan fuentes cercanas a la firma. Durante la vista oral en la que el Tribunal Supremo acabó condenando a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes vinculados al referéndum del 1-O, defendió la comisión por su parte de un delito de sedición, el mismo que se les acabó atribuyendo.

Seoane ha sido hasta la fecha la máxima responsable de los procesos penales en los que estaba involucrado el Estado. Ha liderado en nombre de la Abogacía numerosos casos por todo tipo de delitos, entre ellos fiscales, en los que es especialista. Fue subdirectora general de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la AEAT y abogada del Estado jefa en la Comunidad Autónoma de Madrid. También fue abogada del Estado adjunta en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional.

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Se da la circunstancia de que el bufete ya fichó hace unos meses al abogado Javier Melero, otra de las caras más conocidas del juicio del procés, en el que defendió al exconseller de Interior Joaquim Forn. Según aseguran las fuentes consultadas, su fichaje es una apuesta personal de González Franco. El bufete considera que aportará una visión distinta y una experiencia de evidente valor.

En una de sus últimas actuaciones en nombre de la Abogacía antes del verano, Seoane se pronunció sobre la adaptación de la reforma penal del Gobierno, por la que se eliminó la sedición y se aligeró la malversación. Tras entrar en vigor la reforma del Gobierno, el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, cambió el procesamiento de Carles Puigdemont y, en lugar de sedición y malversación, pasó a atribuirle los delitos de desobediencia y de la nueva malversación agravada que introduce el cambio legislativo.

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La Abogacía no coincidió con su análisis y presentó un recurso seis días después. En el mismo, los servicios jurídicos del Estado coincidían con Llarena en la mencionada combinación de malversación agravada y desobediencia, pero iban un paso más allá y pedían sumarle también el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.

En el caso de Junqueras y los otros condenados, la postura fue —sin embargo— diferente. La Abogacía reclamaba que debía aplicarse el mencionado delito de desórdenes públicos, pero, en lugar de la malversación agravada a la que se enfrenta ahora Puigdemont, apuntaba al nuevo tipo de malversación, que contempla penas más bajas. Tras combinar ambos delitos en concurso medial, los servicios jurídicos del Estado pedían al Supremo que rebajara de 13 a siete años la inhabilitación a Junqueras.