La Abogacía del Estado pide a Llarena que sume el delito de desórdenes a Puigdemont

La Abogacía del Estado ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya el nuevo delito de desórdenes públicos en el procesamiento de Carles Puigdemont. Tras la entrada en vigor de la reforma del Gobierno que deroga la sedición, Llarena procesó al expresidente catalán por desobediencia y malversación, pero en un recurso al que ha tenido acceso El Confidencial, los servicios jurídicos del Estado piden endurecer esta decisión y que también le persiga por el nuevo delito.

Si Llarena atiende su razonamiento y suma a Puigdemont el delito de desórdenes públicos agravados, el expresidente catalán se enfrentaría entonces a una pena de hasta 17 años de prisión. Si mantiene su actual procesamiento por desobediencia y malversación agravada, la pena quedaría en un máximo de 12 años de cárcel.

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"Los hechos que antes podían ser perseguidos como sedición en la anterior redacción pueden ser ahora subsumibles en el nuevo tipo penal de desórdenes públicos agravados", argumenta el recurso.

La abogada del Estado Rosa María Seoane defiende así que "los procesados en situación de rebeldía" podrían terminar siendo enjuiciados por este delito junto a los de desobediencia y malversación, una interpretación que coincide con el escrito que los fiscalés del procés notificaron este martes.

La Abogacía recrimina además a Llarena que intente llevar a cabo "un completo y decisivo análisis sobre el impacto" de la reforma del Gobierno, pues con su decisión está "privando a las acusaciones de la oportunidad de valorar" lo que consideren: "Entendemos además que el análisis realizado con vocación de plenitud es incompleto y no toma en consideración elementos relevantes que a juicio de esta representación permitirían formular acusación con arreglo a esos tipos penales", critica su recurso.

La Abogacía contradice a Llarena

Llarena considera que los desórdenes públicos no serían aplicables a Puigdemont por dos motivos: este delito no contempla un intento de "desbordar el orden constitucional" como ocurrió durante el procés y, además, ni siquiera estaba vigente cuando se produjeron los hechos.

En lo que se refiere a si los hechos investigados encajan o no con un delito de desórdenes públicos, el recurso compara la sentencia del procés con el preámbulo de la ley del Gobierno que deroga la sedición. Según argumenta, la "semejanza" entre ambos textos "permite albergar como mínimo una posible interpretación acerca de la aplicabilidad del nuevo artículo 557 [de desórdenes públicos] a los hechos investigados, sin que pueda excluirse de plano, como hace el auto impugnado, su aplicación".

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En cuanto al hecho de que el delito no existiera en 2017, los servicios jurídicos del Estado argumentan entonces que la reforma del Gobierno debe aplicarse en su conjunto. De esta manera, mientras que la derogación de la sedición obliga al Supremo a eliminar este delito del procesamiento de Puigdemont, al mismo tiempo abre la puerta a incluir el de desórdenes públicos agravados, pues el nuevo cálculo seguiría siendo más favorable para los líderes independentistas.

"Siempre que la pena resultante de la aplicación del nuevo tipo penal a los hechos cometidos durante la vigencia de otro tipo penal anterior sea inferior a la que resultaba con este, es admisible la aplicación retroactiva de la ley posterior, aunque no estuviese vigente en el momento de comisión de los hechos", defiende la Abogacía.