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Junts asume que la negociación con el PSOE no evitará el juicio del Tribunal de Cuentas
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Junts asume que la negociación con el PSOE no evitará el juicio del Tribunal de Cuentas

Ni siquiera la aprobación de una ley de amnistía llegaría a tiempo para librar a los líderes políticos independentistas de una vista oral en la que se juegan su patrimonio económico

Foto: El 'expresident' Puigdemont, en su reaparición en Francia. (EFE/David Borrat)
El 'expresident' Puigdemont, en su reaparición en Francia. (EFE/David Borrat)
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El calendario de investidura de Alberto Núñez Feijóo y los plazos que fijan un máximo de dos meses para un segundo intento por parte de Pedro Sánchez complican que, incluso en caso de aprobación de una ley de amnistía, este borrón y cuenta nueva sirva para librar a los principales políticos independentistas del juicio que el Tribunal de Cuentas ha fijado para noviembre. Este procedimiento preocupa especialmente en ERC y Junts, ya que afecta al bolsillo y patrimonio de los afectados. Ambas formaciones ven poco probable lograr esquivar la vista centrada en el presunto desvío de fondos para la organización del referéndum del 1-O y la acción exterior de la Generalitat del procés.

La presidenta del Congreso ha fijado el debate de investidura los días 26 y 27 de septiembre. Si Feijóo no logra, como parece, recabar los apoyos necesarios, Sánchez dispone de dos meses, hasta principios de diciembre, para intentarlo. El juicio está fijado para el día 17 de noviembre. Las fuentes consultadas tampoco ven viable que salga adelante antes de esa fecha una aprobación de la amnistía. Recordemos que Carles Puigdemont exige que la norma esté ya en vigor antes de asegurar su respaldo al presidente en funciones.

Foto: Imagen de archivo del 'expresident' Artur Mas y el 'exconseller' de Economía Andreu Mas-Colell. (EFE)

La investigación del órgano fiscalizador afecta a los líderes del procés, con Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras al frente. Sus defensas trataron de frenar el procedimiento antes del verano, pero la consejera del tribunal, Elena Henáez, rechazó sus argumentos. La Fiscalía reclama tres millones de euros a los 35 encausados y Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva la cifra hasta los cinco millones.

Durante la fase en la que se decidieron las principales cuestiones procesales, una de las defensas propuso que Puigdemont declarara como testigo pese a constar también como demandado y, esta vez sí, la consejera accedió a la solicitud. Ni ella ni la defensa del expresidente catalán, que también solicitó su propia citación, concretaron por entonces el modo en que se haría, si por videoconferencia o presencialmente.

La Fiscalía rebaja la factura

La Fiscalía, que en un principio calculó que el montante presuntamente desviado ascendía a unos nueve millones de euros, finalmente lo limitó a 3,4 millones: 1,2 destinados a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y 2,2 a la acción exterior desplegada en favor del procés, así como al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), incluidos viajes de ex altos cargos o gastos de las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE)

Entre los demandados se encuentran, además de Puigdemont y Junqueras, los exconsejeros catalanes condenados por el Tribunal Supremo por malversación —Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa—, a quienes la Fiscalía considera responsables solidarios, así como sus compañeros de Govern Antoni Comín y Lluís Puig, huidos de la Justicia. La Fiscalía excluyó, sin embargo, al diputado de ERC Josep Maria Joveex alto cargo de la Conselleria de Economía y hombre de confianza de Junqueras— y al ex director general de Patrimonio Francesc Sutrías.

Se mantienen depositados 4,1 millones de euros en previsión de las presuntas responsabilidades futuras. El último pacto entre el PSOE y el PP en la etapa Casado impuso cambios que beneficiaban los cálculos independentistas. Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con José María Aznar y la encargada de juzgar el caso, fue relevada, junto con los otros tres miembros de la sección de enjuiciamiento: José Manuel Suárez Robledano y Felipe García Ortiz, ubicados en el bloque conservador, y María Antonia Lozano, propuesta por IU.

Pese a todo, fuentes cercanas a Junts destacan que el objetivo al hablar de amnistía no es concreto, sino general, y que lo que buscan es "un texto sobre hecho y contexto y no sobre casos o personas". En cualquier caso, si el procedimiento del Tribunal de Cuentas tuviera encaje en ese texto que exigen las formaciones independentistas, una hipotética condena quedaría borrada junto a todo lo demás, aunque ya se hubiera dictado.

El calendario de investidura de Alberto Núñez Feijóo y los plazos que fijan un máximo de dos meses para un segundo intento por parte de Pedro Sánchez complican que, incluso en caso de aprobación de una ley de amnistía, este borrón y cuenta nueva sirva para librar a los principales políticos independentistas del juicio que el Tribunal de Cuentas ha fijado para noviembre. Este procedimiento preocupa especialmente en ERC y Junts, ya que afecta al bolsillo y patrimonio de los afectados. Ambas formaciones ven poco probable lograr esquivar la vista centrada en el presunto desvío de fondos para la organización del referéndum del 1-O y la acción exterior de la Generalitat del procés.

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