El Tribunal de Cuentas solo podrá embargar un tercio del sueldo de Puigdemont
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Debe abonar 1,9 millones

El Tribunal de Cuentas solo podrá embargar un tercio del sueldo de Puigdemont

Las normativas internas del Parlamento Europeo señalan que solamente se puede confiscar una fracción del sueldo de un diputado

placeholder Foto: Puigdemont, en el Parlamento Europeo. (EP)
Puigdemont, en el Parlamento Europeo. (EP)

Para Carles Puigdemont, 'expresident' de la Generalitat huido a Bélgica en 2017 y reclamado por la Justicia española, su escaño en el Parlamento Europeo es una garantía. Le ha servido para alargar el procedimiento de las euroórdenes gracias a la inmunidad de la que goza como miembro de la Cámara comunitaria. Y ahora también se defenderá del Tribunal de Cuentas desde su escaño. El organismo fiscalizador le exige 1,9 millones de euros por gastos indebidos en la promoción exterior del 'procés', y aunque los implicados —cerca de 40 cargos de la Administración catalana entre 2011 y 2017— tienen 15 días de plazo para abonar las cuantías reclamadas —5,4 millones en total—, Puigdemont no lo hará.

Foto: El presidente de ERC, Oriol Junqueras. (EFE)

A falta de propiedades libres de hipotecas, el 'expresident' cuenta con su salario como parlamentario. No obstante, si el Tribunal de Cuentas pretende embargar el sueldo del líder independentista, chocará con el muro de los reglamentos internos del Parlamento Europeo. Así lo expuso el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, quien defendió ante el órgano fiscalizador que el sueldo de su cliente es prácticamente intocable, si bien hay una serie de limitaciones. Fuentes parlamentarias confirman que el reglamento únicamente permite embargar o un tercio del sueldo, de la indemnización que reciben al finalizar su mandato o de la pensión de jubilación con que cuentan.

En un documento de medidas de implementación del Estatuto de los miembros de la Cámara, se encuentra la fórmula clave. El artículo 71 reza así: "La asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto [el sueldo que reciben los eurodiputados], la indemnización transitoria o la pensión de jubilación podrán ser incautadas, dentro del límite de un tercio de su valor, tras una resolución judicial o una decisión de la autoridad administrativa competente".

Si el Tribunal pretende embargar el sueldo que recibe como eurodiputado, se chocará con los reglamentos internos del Europarlamento

En el segundo punto del artículo, se establece el procedimiento. "El secretario general cursará instrucciones con vistas a la ejecución de dicha medida, velando por el ejercicio efectivo del mandato del diputado y por el buen funcionamiento del Parlamento, previa entrevista con el interesado", señala el texto. El secretario general tiene, por lo tanto, un papel clave. Actualmente, el puesto lo ostenta el alemán Klaus Welle, quien cuenta en su equipo con una española, Ana Fernández Perles. Fuentes parlamentarias, además, explican que Welle nunca ha dado ninguna sorpresa a las autoridades españolas. Es un político de la CDU, el partido democristiano alemán, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE).

Y aunque la cláusula está pensada para procedimientos mucho más sencillos y habituales, también sería la vía a través de la cual se gestionaría una petición por parte del Tribunal de Cuentas para embargar el sueldo de Puigdemont. Los eurodiputados reciben un salario de 6.824,85 euros netos mensuales, y un tercio alcanzaría los 2.274,95. No obstante, algunas fuentes parlamentarias dudan incluso de que el órgano fiscalizador consiga embargar siquiera esa fracción prevista en el Estatuto de los diputados comunitarios.

En cualquier caso, las fuerzas independentistas han comenzado a moverse en los últimos días para evitar embargos a los afectados. No solo se trata de Puigdemont. El Tribunal de Cuentas exige también cantidades millonarias a Oriol Junqueras y a dos de los indultados por el 'procés', además de al 'expresident' Artur Mas, que ha visto en la última semana cómo la nueva reclamación se suma a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de otra fianza de 4,9 millones impuesta por la consulta del 9-N de 2014 y ahora ya firme.

La estrategia

Una de las posibilidades que maneja la Generalitat es avalar ante el organismo a sus antiguos cargos, entre los que hay también nombres de proyección internacional como el del economista Andreu Mas-Colell. De forma paralela, ERC, Junts y las asociaciones soberanistas han lanzado un nuevo llamamiento a la ciudadanía catalana para que done dinero a la conocida como caja de solidaridad.

El tiempo apremia, ya que la elevada cantidad debe depositarse de forma inminente para evitar embargos. La fianza se divide entre los dos gobiernos que dirigieron la Generalitat entre 2011 y 2017, y ha quedado repartida en función de la responsabilidad en el gasto irregular que el organismo atribuye por la promoción exterior del 'procés'. Parte de los 15 días de los que disponen para entregar el dinero ya ha transcurrido.

La solución corre prisa, ya que la elevada cantidad debe depositarse de manera preventiva de forma inminente para evitar embargos

La instructora ha establecido conceptos en los que los distintos afectados concurren en tandas. Se establece responsabilidad por los viajes al exterior de los 'expresidents' y consejeros de la Generalitat, por las actividades de la acción exterior y la UE, las delegaciones en el extranjero, la promoción del proceso soberanista y Diplocat. Estos grupos deben responder de forma solidaria por la cantidad de cada concepto, lo que complica el cómputo de la cifra a la que debe hacer frente cada uno de ellos.

Para Carles Puigdemont, 'expresident' de la Generalitat huido a Bélgica en 2017 y reclamado por la Justicia española, su escaño en el Parlamento Europeo es una garantía. Le ha servido para alargar el procedimiento de las euroórdenes gracias a la inmunidad de la que goza como miembro de la Cámara comunitaria. Y ahora también se defenderá del Tribunal de Cuentas desde su escaño. El organismo fiscalizador le exige 1,9 millones de euros por gastos indebidos en la promoción exterior del 'procés', y aunque los implicados —cerca de 40 cargos de la Administración catalana entre 2011 y 2017— tienen 15 días de plazo para abonar las cuantías reclamadas —5,4 millones en total—, Puigdemont no lo hará.

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