Puigdemont involucra a la Eurocámara contra su embargo del Tribunal de Cuentas

A pesar de esperarlo, la comunicación oficial de las fianzas del Tribunal de Cuentas cayó este martes como una bomba en el independentismo. Antes siquiera de que el trámite finalice, los implicados ya han comenzado a moverse para pasar al siguiente nivel. La pelea de los embargos está a la vuelta de la esquina y la intención de los investigados por el órgano fiscalizador es la de involucrar a Europa e 'internacionalizar' lo que consideran una nueva "represalia" del Estado. Cuentan para ello con un comodín excepcional: Carles Puigdemont, a quien se le reclaman 1,9 millones de euros, que es eurodiputado. El Parlamento Europeo le abona un sueldo que ahora es "embargable" sobre el papel y la inmunidad que recuperó recientemente le da opción a iniciar una nueva batalla jurídica en Bélgica. No va a dejar pasar la oportunidad.

El expresidente no ha escondido sus cartas, sino todo lo contrario. En la primera parte de la vista, en la que en turnos de 10 minutos los letrados de los 41 excargos de los Gobiernos de la Generalitat entre los años 2011 y 2016 han tenido tres horas para leerlo y hacer alegaciones, el abogado del 'expresident' planteó sus intenciones. No hay previsión de que, en el plazo de 15 días dado para que se entreguen los 5,4 millones que se les ha impuesto como fianza (repartidos como una pedrea en la que el más perjudicado ha resultado ser Artur Mas), los acusados de irregularidades en la acción exterior catalana aporten dinero en efectivo que alcance a cubrirlas. El siguiente paso son los embargos de propiedades. Después vendrán las cuentas y los salarios que estén percibiendo.

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Puigdemont defendió —a través de su abogado Gonzalo Boye— que su sueldo es intocable y recordó su condición de parlamentario. Blindado por el Estatuto de los eurodiputados, apuntó a su inmunidad y, ante la instructora del expediente, destacó que, para llevar a cabo cualquier medida contra sus fondos, hubiera sido necesario que, de forma previa, el Tribunal de Cuentas hubiera pedido autorización a la Eurocámara, a través de suplicatorio.

"Se han saltado sin más miramientos el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea", lanzó para recordar que, para haber iniciado este procedimiento y continuarlo, el permiso del Parlamento es obligado. El 'expresident' dejó para el último tramo una amenaza final: en el caso de que se toque su salario o sus posesiones ejercitará las acciones legales oportunas en contra de quienes supuestamente han violentado la inmunidad. Y lo hará ante la Justicia de Bélgica.

"Inquisición"

Las particularidades del Tribunal de Cuentas y la difusión internacional del caso de uno de los afectados, Andreu Mas-Collel, servirán también para ahondar en esa idea de la represalia. Tras la cárcel, la hucha, sería el resumen simplificado de la estrategia. "Este procedimiento, entre otras cosas, tiene un marcado carácter inquisitorial donde se están viendo actuaciones impropias de cualquier Estado democrático y de derecho". Esta fue una de las frases que usó el letrado del 'expresident'.

Fuentes de Moncloa reconocen que la campaña a favor de Mas-Colell, con una treintena de premios Nobel apoyándolo y otros dos centenares de reputados economistas internacionales, debilita la imagen del país en el exterior. "Nos hace un daño tremendo", indican estas mismas fuentes en referencia a la imagen del país en el exterior. "En Europa no se entiende", concluyen.

Como gran desconocido, es cierto que el mecanismo y forma de actuar del Tribunal de Cuentas es difícil de entender. Es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público. Cuenta, además, con una función jurisdiccional dirigida a enjuiciar la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. Este es el caso de los antiguos cargos catalanes implicados en los embargos.

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Sucede que, antes de que ese enjuiciamiento se produzca, se impone automáticamente una fianza para asegurar lo que pueda suceder en el futuro. Hasta que el procedimiento concluya pasarán meses y, mientras tanto, los embargados mantendrán congeladas sus posesiones. Más allá de la presión dialéctica, el Gobierno tiene aquí poco margen de maniobra. El único gesto que puede lanzar el Ejecutivo es el que adelantó este mismo martes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La Fiscalía y la Abogacía del Estado deciden pasado este trámite si presentan demanda o no. Los servicios jurídicos del Estado no lo harán.

El indultado Oriol Junqueras tiene previsto viajar este próximo lunes a la Eurocámara, donde pretende verse con Carles Puigdemont. Una visita que refuerza la importancia que el independentismo le da a Europa en su lucha contra las causas judiciales y económicas abiertas por lanzar el 'procés'. El futuro de la sentencia del Tribunal Supremo y de las euroórdenes está ya en manos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la UE. Puigdemont amenaza con un nuevo frente legal. "Por la vía de la represión sancionadora de este tribunal se pretende privar a la Generalitat de Cataluña de sus competencias", defiende. La pelea está servida.