El Tribunal de Cuentas pide 4,5 millones al exjefe de la diplomacia del Govern catalán
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ALBERT ROYO PIDE "SOLIDARIDAD"

El Tribunal de Cuentas pide 4,5 millones al exjefe de la diplomacia del Govern catalán

A través del Diplocat se organizaron multitud de viajes de consejeros de la Generalitat al extranjero, se invitó a políticos y periodistas a Cataluña y se montaron actos y conferencias

placeholder Foto: Royo declara en el Supremo, durante el juicio al 'procés'. (EFE)
Royo declara en el Supremo, durante el juicio al 'procés'. (EFE)

El Tribunal de Cuentas apunta directamente a la financiación del secesionismo en Cataluña. Albert Royo, que había sido secretario general del Diplocat (el organismo que lleva la ‘diplomacia’ de la Generalitat en el extranjero) entre el 13 de febrero de 2013 y el 31 de octubre de 2017, dio la voz de alarma este jueves: “Hoy me he enterado de que el Tribunal de Cuentas me reclama 4,5 millones de euros por la acción llevada a cabo como secretario general del Diplocat de 2013 a 2017 (consideran que la mitad del trabajo realizado era inconstitucional) y me abren un segundo caso penal por todo ello (a sumar al 1-O)”.

El antiguo alto cargo del Govern llama, así, “a la solidaridad” para que le ayuden a afrontar este caso. Royo fue uno de los cesados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Según el Tribunal de Cuentas, el total de obligaciones reconocidas entre 2011 y 2017 y dedicadas a política exterior se elevaba a casi 417 millones de euros. De ellos, 130 millones eran operaciones a través de la empresa pública Acc1ó; 77 millones fueron canalizados a través de ayudas de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), y casi 74 millones, del Diplocat.

Foto: Carles Puigdemont, junto a Comín y Ponsatí. (EFE)

Este organismo fue el que contrató, por ejemplo, al 'think tank' Independent Diplomat (ID) para que buscase aliados para la secesión de Cataluña en el panorama político internacional. El Govern siempre mantuvo en secreto tanto los términos de la contratación como lo que se gastó en este organismo y, especialmente, escondió los informes mensuales realizados por ID, ya que podían chocar con la diplomacia española y desvelar maniobras antiespañolas. Aun así, el Tribunal de Cuentas calcula que entre 2013 y 2015, el Diplocat pagó a ese 'think tank' 1.392.300 euros, a los que hay que añadir otros 92.843 euros sufragados por la ‘embajada’ catalana en Washington.

A través del Diplocat se organizaron multitud de viajes de consejeros de la Generalitat al extranjero, se invitó a políticos y periodistas a Cataluña y se montaron actos y conferencias en medio mundo sin reparar en gastos.

De hecho, entre 2013 y 2017, el Diplocat organizó 32 programas de visitantes extranjeros que costaron a las arcas públicas 543.014 euros. Solo las invitaciones de una treintena de diputados de otros países para asistir al 1 de octubre de 2017 costaron 64.654 euros. Y en informes y argumentarios para apuntalar las justificaciones de la Generalitat se invirtieron 105.833 euros. Paralelamente, se organizó una estrategia para ‘colocar’ artículos de opinión en medios de comunicación extranjeros que costaron al Govern un total de 86.088 euros. El mantenimiento de su página web supuso otro desembolso de 451.171 euros.

Un chorro de gastos

Entre 2013 y 2017, el Diplocat organizó 558 actos, de ellos 105 relacionados con el proceso soberanista y otros 375 fueron acciones de comunicación. Royo visitó el Parlamento de Dinamarca en 2014, el Ayuntamiento de Dublín en 2015 (un viaje que costó al erario 9.823 euros), el Parlamento irlandés (2.007 euros) o el Parlamento belga. En 2016, para montar un 'Intergrupo de amistad con Cataluña' en Estonia, se desplazó a Tallin (5.215 euros costó el viaje) y poco después recalaba en Reikjiavick (Islandia) y en el Parlamento de Finlandia, a donde acudió acompañando al entonces consejero de Exteriores, Raül Romeva. Ese mismo año, viajó por Estados Unidos, Suiza, Alemania y Uruguay. Al año siguiente, 2017, extendió su actividad a Noruega, Uruguay (país que visitó en dos ocasiones), Islandia, Estados Unidos y asistió al festival político danés de Folkemodet, en la isla de Bornholm (un gasto de 11.532 euros).

Foto: El exconseller de Exteriores Raül Romeva. (EFE)

El dinero se fue a espuertas antes del referéndum: Cataluña dedicó miles de euros a participar en toda clase de festivales políticos nórdicos: en Suecia, la broma costó 12.314 euros; el Arvamusfestival de Estonia, 2.560 euros; el Arendalsuka de Noruega, 3.380 euros; el Lamp de Letonia, 2.341 euros…

Entre 2013 y 2017, el Diplocat organizó 558 actos, de ellos 105 relacionados con el proceso soberanista

También prestó atención al ámbito académico, promoviendo jornadas de debate y actos organizados en centros universitarios y 'think tanks' de Europa y Estados Unidos o Japón. “Las 72 actividades desarrolladas en este ámbito han ascendido a un importe de 382.628 euros”, dice el Tribunal de Cuentas. La inclusión de Japón en su 'ronde' de actos se debía a que ese país formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Una conferencia organizada en Kobe en julio de 2017 costó 17.660 euros, mientras que una jornada organizada por un 'lobby' sueco el 31 de agosto de ese año se tradujo en un desembolso de 9.005 euros.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE)

El tribunal detalla multitud de gastos en actividades que fueron utilizadas “para promocionar el referéndum soberanista”, como una “gira por Europa” en la que participó Carles Puigdemont en abril de 2017 que costó miles de euros. En esas fechas, también firmó un convenio con la asociación Comité Olímpico Catalán, reactivado en diciembre de 2016 y al que apoyó el Govern. En total, el Diplocat sufragó los gastos de siete visitas y actividades de jornadas de “diplomacia deportiva” que costaron 52.681 euros.

Royo estuvo en primera línea de la diplomacia catalana durante la etapa 2013-2017. Fue quien pilotó las reuniones con Independent Diplomat y quien contrató a un gabinete de Londres, de una conocida abogada eslovena, para que le asesorase en la estrategia desplegada y enfocó gran parte de su trabajo en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014 primero y del 1 de octubre de 2017 más tarde. Ahora, la Justicia le pide cuentas.

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