El Gobierno niega maniobras en el Tribunal de Cuentas y dice que la Fiscalía acusará

La presencia, o más bien la ausencia, de la Abogacía del Estado en la segunda fase de los procedimientos por responsabilidad contable abiertos en el Tribunal de Cuentas ha levantado esta semana las sospechas de la oposición sobre la existencia de un nuevo "gesto" del Ejecutivo a las fuerzas independentistas. Los servicios jurídicos estatales, personados en la actuación preparatoria de las investigaciones abiertas por el desvío de fondos públicos tanto para sufragar el referéndum del 1 de octubre como para alimentar la acción exterior de la Generalitat, no presentarán sin embargo demanda en el juicio que se celebrará a continuación. Ni en un caso ni en el otro. Fuentes de Moncloa aseguran que esta decisión de la Abogacía no responde a "una posición política" y que la ausencia del departamento se debe exclusivamente al sistema que rige los procedimientos en el organismo fiscalizador y a la falta de legitimación para acusar.

El Ejecutivo defiende que el hecho de que la Abogacía no actúe en este tipo de procedimientos no es algo excepcional sino todo lo contrario. Destaca, además, que el interés general en obtener una condena que devuelva ese dinero empleado con fines ilícitos a las arcas será defendido por la Fiscalía, ya personada y que prevé continuar adelante con la acusación. La administración supuestamente perjudicada por el daño económico de ese gasto irregular no es la central. Los fondos empleados para el 1-O salieron de las partidas autonómicas y no estatales. Una fuente de la Abogacía lo explica de una forma muy simple: "Si los cargos independentistas acaban condenados ¿quién ingresará las cantidades recuperadas, la Generalitat o el Ministerio de Hacienda?", se pregunta. "Será Cataluña", se responde.

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La polémica surgió a raíz de la fianza impuesta esta misma semana a una cuarentena de antiguos cargos independentistas. A la vista sobre el Acta de Liquidación Provisional por el dinero que destinó el Govern catalán desde 2011 para la creación de las embajadas catalanas y Diplocat, asistieron los presuntos responsables así como los demandantes: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Generalitat de Cataluña, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural. En el mismo día en el que se conocía que la fianza impuesta a depositar en 15 días era de 5,4 millones, el ministro de Justicia indicó que no habría demanda posterior.

Así, Juan Carlos Campo, al ser preguntado, tras el Consejo de Ministros, sobre la petición que habían hecho los partidos independentistas al Gobierno para que la Abogacía del Estado se retirara del proceso, indicó: "El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda. Es lo que se hace". Las suspicacias del PP, Cs y Vox se levantaron de forma automática. Con la sensibilidad a flor de piel pocos días después de los indultos, la oposición interpretó de forma automática que se trataba de un nuevo gesto dirigido a ERC y Junts.

"Si los cargos independentistas acaban condenados ¿quién ingresará las cantidades recuperadas, la Generalitat o Hacienda?"

Fuentes de los servicios jurídicos del Estado niegan, sin embargo, que esté sucediendo algo así. Precisan que el único precedente en el que un abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas trató de acusar pese a no ser el afectado directo por el uso de los fondos fue durante el 9-N. "Entonces, el propio Tribunal cerró definitivamente el camino", recuerdan. El caso al que se refieren es el de la consulta celebrada en noviembre de 2014, por la que se acabaron imponiendo condenas, ya firmes, que obligaron a Artur Mas y a otros afectados a entregar 4,9 millones de euros. "La sentencia dictada entonces declaró que la Abogacía del Estado carecía de legitimación activa en ese proceso", remarcan.

Aquella resolución, de la instructora Margarita Mariscal de Gante —ministra de Justicia durante el primer Gobierno de José María Aznar— consideró que la Abogacía no podía acusar. Fuentes cercanas al Tribunal de Cuentas aseguran que incluso se planteó considerar la petición de la Abogacía como temeraria, aunque se acabó desestimando una condena en costas.

"Notorio y público"

Otra fuente, cercana al Ministerio de Justicia que dirige Campo, destaca por su parte que es "notorio, público y absolutamente sabido" que el Tribunal de Cuentas no considera como parte legitimada a la Abogacía. "El sujeto legitimado activamente es la Administración titular de los fondos afectados, el Ministerio Fiscal y el denunciante, si lo hay. En esa segunda fase, solo están legitimados ellos", insisten.

Sin embargo, no todo el mundo comparte este criterio. El abogado del Estado y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, indicó esta misma semana que ese argumento no se sostiene. Puso como ejemplo la causa penal del 'procés' en la que la Abogacía se personó y acusó por malversación. Precisó que lo hizo "con un certificado del secretario de Estado de Hacienda que decía que más del 75 por ciento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se financiaba a cargo del presupuesto del Estado". "Y por eso la Abogacía del Estado estaba legitimada para acusar por malversación", concluyó.

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Las fuentes de la Abogacía consultadas señalan, sin embargo, que no es igual ser ofendido que estar legitimado ante el Tribunal de Cuentas. Destacan que la mayor parte de los fondos autonómicos de todas las comunidades proceden de la hucha común estatal e indican que un criterio tan extensivo llevaría al "absurdo" de que en todo pueda concurrir el departamento.