La Generalitat evitará demandar a políticos 'indepes' acusados en el Tribunal de Cuentas

La Generalitat ya prepara su salida de la causa que el Tribunal de Cuentas tiene abierta contra los líderes soberanistas por la internacionalización del 'procés'. Una vez anunciada la petición de fianzas, la Generalitat optará por no demandar a los políticos independentistas acusados de malversación, según explican fuentes jurídicas cercanas al caso. Eso provocará que la Generalitat quede fuera de la causa y sus servicios jurídicos ya no podrán influir en la misma. La decisión es problemática porque los 5,4 millones que se reclaman a estos políticos y altos cargos, 40 encausados, son dinero público de la propia Administración catalana, lo que seguramente provocará protestas políticas de la oposición en el Parlament. La Abogacía del Estado tampoco lo hará, como anticipó el ministro de Justicia. Los servicios jurídicos del Estado carecen en de legitimación, puesto que la administración afectada es la catalana.

En el rechazo de las alegaciones, el abogado de la Generalitat ha tomado este miércoles la palabra y se ha declarado como “administración no perjudicada”, lo que ha sido leído por fuentes jurídicas como el primer paso para retirarse en octubre, cuando se prevé que sean formalizadas las fianzas. Entre los acusados están Oriol Junqueras, Raül Romeva, Artur Mas y Andreu Mas-Colell. El Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de los encausados y ahora tienen 15 días para reunir los fondos que han de depositar en fianza. La 'caja de solidaridad' del independentismo está agotada y, además, buena parte de los que antes aportaban fondos ahora ya no lo hacen por culpa de la desmovilización que vive el movimiento separatista.

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Europa Press

En octubre arrancará la fase judicial. La Generalitat lleva personada tres años en esta causa y no ha conseguido nada para rebajar las demandas de este ente fiscalizador ni para llegar a un acuerdo con los denunciantes, entre los que se encuentra Societat Civil Catalana. Algunos de los afectados ha intentado hacerlo a título particular, pero la Generalitat, que ahora se arroga la defensa de todo el colectivo, no ha hecho nada al respecto. Tampoco se ha presentado en estos tres años un informe de Intervención General que avale su posición de no ser entidad dañada por la actividad de los acusados durante el 'procés'.

Así, la Generalitat ha iniciado una campaña con sus terminales mediáticas habituales, esta vez centrada en desprestigiar al Tribunal de Cuentas, a calificar su actuación de “venganza” y afirmar que se condena a los afectados a una “muerte civil”. Sin embargo, el depósito de las fianzas es un trámite administrativo, no es una condena. Y de hecho, cuando el Tribunal de Cuentas falle su decisión, esta puede ser recurrida ante la justicia ordinaria. El Tribunal de Cuentas no es un tribunal, sino un organismo fiscalizador reconocido por la Constitución española, artículo 136, solo que tiene potestades ejecutivas, igual, por ejemplo, que la Tesorería de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Depende de las Cortes españolas.

Informe pendiente

La Generalitat está preparando un informe que entregarán sus servicios jurídicos y que está trabajando sobre la base de impugnar todo el proceso del Tribunal de Cuentas acusando a este organismo de invadir las competencias de Exteriores que el Estatut otorga a la Administración catalana. Sin embargo, muchos expertos dudan del recorrido.

Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que no es posible que la Generalitat avale a acusados de malversar fondos de la propia Generalitat

Por su parte, Andreu Mas-Colell ha hecho un llamamiento a la Generalitat para que cubra las fianzas. Pero las fuentes jurídicas consultadas aseguran que no es posible que la Generalitat avale a acusados de malversar fondos de la propia Generalitat. De hecho, el informe en el que están trabajando los servicios jurídicos elude esta cuestión. Francesc Homs otro de los acusados, ha amenazado con una querella criminal al instructor de la causa. La tensión en este proceso es muy grande.

Nueva fase

La fase judicial es en la que el tribunal valora las pruebas. En esa fase ya no estará la Generalitat, y seguramente tampoco podrá personarse la Abogacía del Estado, pero por una cuestión técnica. Al ser únicamente fondos de la Generalitat, la Abogacía del Estado tiene complicado justificar su presencia. En el proceso anterior, el vinculado al 1-O, Abogacía del Estado intentó forzar seguir siendo parte alegando que una pequeña partida provenía del FLA. Y el Tribunal de Cuentas se la denegó.

Según explican fuentes jurídicas consultadas sobre este caso, lo que valorará la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con la postura de la Administración que preside Pere Aragonès no es la posición de la Abogacía del Estado, sino lo que haga la Fiscalía. La Fiscalía ha sido parte del proceso hasta ahora y lo lógico es que lo siguiese siendo. En caso de que renunciase a demandar, eso sí que podría ser un gesto del Gobierno, otro, hacia el independentismo.