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Moncloa urge al PP a renovar el Tribunal de Cuentas en plena ofensiva de la Generalitat
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Moncloa urge al PP a renovar el Tribunal de Cuentas en plena ofensiva de la Generalitat

Fuentes de Moncloa reconocen que la campaña internacional a favor de uno de los investigados, Andreu Mas-Colell, debilita la imagen del país en el exterior

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d) junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (d) durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada este martes en el palacio de la Moncloa. (EFE)
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d) junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (d) durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada este martes en el palacio de la Moncloa. (EFE)

El Gobierno ha redoblado la presión sobre el PP para que "rectifique" y acceda a pactar la renovación de los órganos constitucionales con el mandato caducado, entre los que se sumará el próximo 23 julio el Tribunal de Cuentas. El líder de los populares, Pablo Casado, ya ha avanzado su intención de no acceder a facilitar dicha renovación porque lo consideran inviable tras la concesión de los indultos. Se da la circunstancia de que el órgano fiscalizador está investigando a una cuarentena de dirigentes independentistas de los gobiernos de Mas y Puigdemont por gastos irregulares relacionados con Diplocat en el periodo 2011-2017 y este mismo martes ha comunicado las fianzas multimillonarias.

La Generalitat ha reclamado al Gobierno que no mire hacia otro lado, y mientras el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se refería a estas investigaciones como "piedras en el camino", el mensaje desde el Ejecutivo se limita a señalar el bloqueo a la renovación por parte del PP. Como en el caso del CGPJ urgen a los populares a dar cumplimiento al mandato constitucional, pero niegan que el cambio de su composición vaya a alterar las investigaciones en curso. Con todo, la decisión de poner el foco en el Tribunal de Cuentas se interpreta como un gesto a los independentistas, que ya han anunciado una "oposición frontal" contra este órgano.

"Para su buen funcionamiento se tiene que renovar", ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, apuntando a que si no se hace es porque "el PP piensa que esas mayorías (en su composición) le benefician". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha cargado en la misma dirección, refiriéndose a un "bloqueo deliberado" que estaría haciendo "mucho daño a la democracia porque sus instituciones se fortalecen dando lugar a que puedan cumplir sus funciones. No hay alternativa a la renovación".

Foto: El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a Carles Puigdemont. (EFE)

A la espera de que se cumpla su mandato dentro de tres semanas y más a modo de advertencia de que de convencimiento, Montero incluso se ha reservado la posibilidad de realizar cambios legislativos para modificar su sistema de elección. “Vamos a esperar antes de anticipar ninguna actuación”, respondió en referencia a que se pudiese plantear una reforma como se llegó a hacer en el caso del CGPJ. Sin embargo, fuentes del Gobierno descartan que haya sobre la mesa alguna iniciativa de este tipo si los populares persisten en su bloqueo.

La comunicación de los 5,4 millones de euros en fianzas a los afectados por la instrucción del órgano fiscalizador coinciden con la primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que se celebrará esta tarde en el Palacio de la Moncloa. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, aseguró tras la comunicación que Aragonès trasladará este asunto a Sánchez: "Esperamos pasos del Gobierno en este caso".

La portavoz parlamentaria de JxCAT, Miriam Nogueras, ha considerado prioritario que el Gobierno actúe con "hechos, y no con palabras", y dé instrucciones a la Abogacía del Estado para que se retire de las causas contra los independentistas. En rueda de prensa en la Cámara Baja, Nogueras ha denostado que un organismo "politizado y parcial" como el Tribunal de Cuentas absolviera en su día a personas como la exalcaldesa madrileña Ana Botella o no investigara la corrupción del PP y ahora persiga "la muerte civil" de personas que "han hecho su trabajo".

Desde el Gobierno han recalcado su respeto a las resoluciones del Tribunal de Cuentas, pero tratando de orientar el foco a la "actitud tremendamente antidemocrática" de los populares. "Lo que nos toca por parte de este gobierno es reclamar al PP que proceda a la renovación", ha concluido Montero.

Fuentes de Moncloa han reconocido que la campaña internacional a favor de uno de los investigados, Andreu Mas-Colell, con una treintena de premios Nobel apoyándolo y otros dos centenares de reputados economistas internacionales, debilita la imagen del país en el exterior. "Nos hace un daño tremendo", indican estas mismas fuentes en referencia a la imagen del país en el exterior.

El Gobierno ha redoblado la presión sobre el PP para que "rectifique" y acceda a pactar la renovación de los órganos constitucionales con el mandato caducado, entre los que se sumará el próximo 23 julio el Tribunal de Cuentas. El líder de los populares, Pablo Casado, ya ha avanzado su intención de no acceder a facilitar dicha renovación porque lo consideran inviable tras la concesión de los indultos. Se da la circunstancia de que el órgano fiscalizador está investigando a una cuarentena de dirigentes independentistas de los gobiernos de Mas y Puigdemont por gastos irregulares relacionados con Diplocat en el periodo 2011-2017 y este mismo martes ha comunicado las fianzas multimillonarias.

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