Los investigados del Tribunal de Cuentas buscan rebajar sus multas económicas

El Tribunal de Cuentas aborda este martes una de sus citaciones más complicadas. Una semana después de la concesión de los indultos a Oriol Junqueras y al resto de políticos catalanes condenados por el 'procés', el órgano fiscalizador ha convocado a más de 40 cargos independentistas para que respondan a la liquidación provisional calculada por su responsabilidad contable vinculada a la estrategia de acción exterior desplegada desde la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Según informan fuentes conocedoras del caso a El Confidencial, el órgano tiene previsto atender en parte la avalancha de alegaciones presentadas por los afectados y es previsible que rebaje tanto la cuenta final como el número de afectados.

La fianza millonaria se solicita, además, en un momento en el que el organismo se encuentra sometido a una enorme presión. La reclamación económica se produce cuando la 'caja de solidaridad' del independentismo no tiene capacidad para responder a las cantidades reclamadas, que superan —al menos en inicio— los cinco millones de euros. El órgano se ha convertido en objetivo de críticas por parte de ERC y Junts, las formaciones a las que pertenecen gran parte de los afectados. Sucede, además, que parte de los consejeros del Tribunal de Cuentas se encuentran al borde de finalizar su mandato y la renovación depende de un acuerdo imposible entre el PSOE y el PP. Como ya han demostrado en el caso del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los dos partidos son incapaces de alcanzar pactos en este momento.

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La foto de la citación se solapa, además, con otra cita mucho más política. Justo este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a Pere Aragonès en el Palacio de la Moncloa en el encuentro que quiere escenificar el inicio de esa nueva era de concordia que defendía el Ejecutivo al justificar los indultos. Las fianzas solicitadas estropean tanto la instantánea como el ambiente. "El Tribunal de Cuentas embargará la casa de mis hijos", lanzó Oriol Junqueras a unas horas de las dos reuniones.

Con este complicado escenario de fondo, en las últimas 72 horas la batalla dialéctica entre socialistas y populares ha ido incrementándose. La inició el ministro José Luis Ábalos que calificó la petición de estas cantidades para hacer frente al presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, como una "piedra en el camino" del proceso de normalización política. Casado no tardó en acusar al Gobierno de estar dispuesto a cualquier cosa "con tal de seguir en el poder". La ministra Irene Montero puso su granito de arena este lunes apostando por "eliminar" las causas contra exaltos cargos independentistas.

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En la lista de afectados se encuentran los principales exponentes de los dos últimos gobiernos independentistas. Dos 'expresidents' como Artur Mas y Carles Puigdemont, varios de los indultados, entre ellos Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, 'exconsellers' del peso de Francesc Homs o Neus Munté o Andreu Mas Collel y toda una ristra de cargos intermedios como la interventora Rosa Vidal o los secretarios generales Amadeu Altafaj o Albert Carreras.

"Un nuevo castigo"

Más allá del ruido político, los afectados han anticipado en los escritos presentados ante el órgano fiscalizador cuáles son sus razones para solicitar que la fianza se anule o, al menos, se rebaje. Muchas son coincidentes y, en gran parte se resumen en la sensación de que se busca "un nuevo castigo al independentismo" una vez superado el anterior, que la cuenta se les ha cobrado ya dos veces a través de las fianzas aportadas por el 9-N (cinco millones) y por el 1-O (4,1 millones) y que el órgano, con mayoría de consejeros propuestos por el PP, actúa con parcialidad. Se refieren también a que los gastos de representación en el exterior fueron en su mayor parte lícitos y fruto de una actividad diplomática normal y no ilegal.

Uno de los más combativos, como no podía ser de otro modo, es el 'expresident' Puigdemont. En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso El Confidencial, el 'expresident' huido insinúa que la tramitación del procedimiento se ha realizado de forma precipitada con la única intención de provocar un nuevo 'roto' en el independentismo. "Desconocemos cuáles son las razones, aunque bien podemos intuirlas, que llevan a una tramitación inusitadamente acelerada del presente procedimiento con la vulneración que ello implica en el plano de los derechos fundamentales afectados y, entre ellos, el de defensa, pero, también, el derecho a la propiedad privada reconocido y amparado en el artículo 17 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales", dice.

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Para Puigdemont "parte esencial del problema" es la ruptura de los principios de "objetividad e imparcialidad cuya ausencia está llevando a un procedimiento más bien prospectivo, pero que, por su envergadura, impide un adecuado ejercicio del derecho de defensa". También defiende que las actuaciones deben suspenderse por la cuestión prejudicial penal que envió el juez Pablo Llarena al TJUE respecto a las euroórdenes, "toda vez que el procedimiento penal es de especial relevancia pudiendo condicionar completamente el procedimiento contable".

Puigdemont no es el único. Los imputados en el procedimiento del Tribunal de Cuentas echarán mano de la legislación para detener el embargo aduciendo que hay una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, incoado por Fiscalía a partir precisamente del informe del Tribunal de Cuentas. "El procedimiento penal prevalece sobre cualquier otra jurisdicción, por lo que, jurídicamente, el Tribunal de Cuentas tendría que paralizar los expedientes", explican a este diario fuentes cercanas a los imputados.

"Aquí se da la circunstancia de que una causa que se ha comenzado a instruir como penal se pretende instruir ahora en el ámbito de la responsabilidad contable", añaden las fuentes. Eso, jurídicamente, es una cuestión discutible. Y subrayan que “con motivo del 9-N y del 1-O hubo providencias y sentencias para que se devolviese el dinero que se consideraba que había sido gastado inconstitucionalmente. Pero no se especifica que en el ámbito de exteriores hubiese irregularidades, por lo que ahora el Tribunal de Cuentas dice que todo lo que se hizo en ese ámbito fue ilegal. Pero no es así”. Por si fuera poco, el tema del 9-N ya fue juzgado y sentenciado por el Tribunal de Cuentas, “por lo que no puede volver a pedir responsabilidades por los mismos hechos”.

Uno de los afectados, Homs, explica al El Confidencial que uno de los gastos supuestamente irregulares que se le achaca es la asistencia a una cumbre medioambiental en París, donde estaba el embajador español. Al salir de la misma, fue preguntado sobre el 'procés' y respondió sobre cuestiones relacionadas con el mismo, por lo que los responsables del Tribunal de Cuentas consideran que se debe retornar el coste del desplazamiento como si fuese un acto relacionado con la independencia de Cataluña. Por eso, le exigen ahora el embargo por algunos de los gastos relacionados con su actividad como consejero de Presidencia. "Los responsables del Tribunal de Cuentas se dedicaron a coger viaje a viaje. Y, si en alguno se hablaba del ‘procés’, se considera todo el viaje ilegal. A mí, me preguntaron sobre temas de política doméstica tras la cumbre y respondí a los periodistas, pero eso no quiere decir que el viaje que hice a París fuese para promover la independencia. Y así en muchos de los casos que citan", dice.

Si los investigados no abonaran las fianzas establecidas en el plazo fijado previamente, se procedería a embargar sus bienes

Por el momento, sin embargo, sus peticiones no han tenido éxito y el órgano se negó a aplazar una comparecencia que se alargará al menos dos días. Si los investigados no abonaran las fianzas en el plazo fijado, se procedería a embargar sus bienes. Estos importes se tendrán que ratificar más adelante cuando se celebre el juicio por esta causa.

El informe

La fianza se basa en un extenso informe de fiscalización sobre el destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Tribunal de Cuentas aprecia gastos no justificados, subvenciones a dedo y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

Opinión

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El Tribunal de Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas 'embajadas' gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones. De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las 'embajadas' por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones). La cúpula del independentista no esconde que le asusta la cita y que desconoce su resultado.