El independentismo negocia cómo llenar la caja de solidaridad para pagar las fianzas
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Las arcas están vacías

El independentismo negocia cómo llenar la caja de solidaridad para pagar las fianzas

La caja de resistencia ha reunido unos 14 millones de euros para 80 personas que debían afrontar fianzas, penas u otras causas derivadas del 'procés'. Pero ya no da más de sí

placeholder Foto: Josep Cruanyes (d), responsable de la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie (2d), en 2018. (EFE)
Josep Cruanyes (d), responsable de la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie (2d), en 2018. (EFE)

Los peores augurios se han cumplido: hace menos de dos meses los responsables de la caja de solidaridad o caja de resistencia del independentismo avisaba a los suyos de que los fondos económicos se acababan y, si el Tribunal de Cuentas exigía fianzas millonarias, no habría dinero para pagar más fianzas. Dicho y hecho, las últimas fianzas exigidas por el citado organismo fiscalizador han ‘reventado’ la caja y no hay dinero para responder por los casi 40 altos cargos a los que se les piden 5,4 millones de euros por los gastos en materia de exteriores de la Generalitat. La ‘caja de los milagros’ no da más de sí.

A finales de 2018, se creó la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, controlada por la ANC y Òmnium Cultural al alimón. Los expresidentes del Parlament Ernest Benach y Núria de Gispert fueron nombrados responsables de la entidad. En la actualidad, su responsable es Josep Cruanyes, exvicepresidente de la ANC y exmilitante de ERC. Dejó su carné del partido republicano porque le parecía muy ‘blanda’ la posición de Esquerra ante la “represión” de España. Cruanyes considera que “los indultos no son más que una maniobra del Estado que quiere la rendición del independentismo, desactivando las evidencias como la prisión de Cuixart [el presidente de Òmnium Cultural y único de los condenados no vinculado a un partido político] como líder civil”. Y su cometido en estos momentos es el de negociar con los diferentes partidos independentistas y con el Govern una salida económica a la situación derivada de las peticiones del Tribunal de Cuentas.

Desde su fundación, la caja de solidaridad ha gastado más de 14 millones de euros en multas y fianzas y, en estos momentos, le queda un remanente de varios miles de euros, cantidad insuficiente para hacer frente a las demandas del Tribunal de Cuentas: o hay una intensa y rápida aportación de fondos o las cuentas y propiedades de la treintena de altos cargos del Govern entre 2011 y 2017 serán embargadas.

Foto: Carles Puigdemont. (EFE)

Antes de mediados del mes de mayo, Cruanyes anunció a los suyos que, si el Tribunal de Cuentas mantenía las peticiones de fianzas de 5,4 millones, no habría dinero independentista para blindar las propiedades de los altos cargos del Govern hasta el 2017. “La situación es muy compleja. La caja de solidaridad ha de continuar haciendo su papel, pero una cosa es curar una herida y otra tratar a un enfermo a quien han cortado un brazo”, escenificaba en declaraciones a ‘El Punt Avui’. Por eso, desde que se han conocido las peticiones formales del Tribunal de Cuentas hacia la cúpula del Govern esta semana, los contactos de Cruanyes se han intensificado con la ANC, Òmnium Cultural y los tres grandes partidos independentistas: JxCAT, ERC y la CUP.

Campaña publicitaria y movilizaciones

¿Cómo hacerlo? Un sector del independentismo cree que se ha de abordar una estrategia bicéfala: pedir donaciones de particulares paralelamente a una gran campaña de movilización, sacando a la gente a la calle para que tomen conciencia de las ‘agresiones’ del Estado y realicen donativos. Uno de los partidarios de esta vía es el cantautor y exdiputado de JxCAT Lluís Llach: “Que los partidos de las personas perseguidas por los de Cuentas no sean capaces de llamar a la movilización o, al menos, movilizarse ellos, da vergüenza. Han perdido el tiempo, no sé en nombre de qué. Como corderos, con mayoría absoluta en el Parlament dada por el pueblo, van subiendo, serenos, al patíbulo”.

El mensaje fue relanzado por Cruanyes a través de las redes esta misma semana. En sus contactos con partidos y asociaciones, según han explicado a El Confidencial fuentes independentistas, el responsable de la caja, apuesta por la movilización. “Cada condenado por la represión tendría que ser recibido por el presidente de la Generalitat”, afirma Cruanyes para convencer a la gente para que realice donaciones.

Foto: Imagen de archivo del 'expresident' Artur Mas y el 'exconseller' de Economía Andreu Mas-Colell. (EFE)

Cruanyes, según explican desde algunos sectores independentistas, ha llegado a tocar a la cúpula del Govern para intentar buscar una solución. Se estudia la puesta en marcha de una gran campaña publicitaria que podría apoyar la propia Generalitat, pero con la salvedad de que esta no aportaría ni un euro para evitar problemas legales con la justicia. Solo daría apoyo político y sentimental a las reivindicaciones de la caja de resistencia. El dinero, pues, tendría que llegar vía asociaciones y partidos políticos, aunque no está claro lo que tendría que aportar cada uno, por lo que la solución no es sencilla. Además, el momento cumbre de la debilidad de la caja llega en un momento de mínima movilización del independentismo.

Foto: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d) junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (d) durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrada este martes en el palacio de la Moncloa. (EFE)

Divergencias entre ‘indepes’

La caja de solidaridad ayudó en los últimos meses a más de 80 personas, pero desde la asociación se quejaban en la última semana de junio de que “son necesarias vuestras aportaciones para seguir atendiendo a las 3.300 personas represaliadas”. Asegura que el único fin de esta entidad es apoyar “a todas las personas perseguidas por ser independentistas”. De sus arcas salieron las fianzas del 9-N que condenaban a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. También sufragó las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament acusados de desobediencia: 150.000 euros de Carme Forcadell y 25.000 euros por cabeza correspondientes a Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet.

Foto: Artur Mas (EFE)

Pero hay controversia a la hora de abordar la situación: algunos círculos independentistas quieren que la caja de resistencia se ocupe también de todas las multas, aunque sean pequeñas de los “más de 3.000 represaliados”, aunque sobre ellos no pesa ningún peligro de embargo. Otros dicen que esa hucha solidaria es para resistir, no para pagar las multas. Y plantean que cada cual asuma las consecuencias.

Cruanyes es un radical que el pasado 27 de junio hizo la promesa de no comprar más una conocida marca de helados por no etiquetar en catalán sus productos. El 22 de junio, en vísperas de la popular verbena de San Juan, recordaba que “ahora que se acerca San Juan, recordad que Codorniu trasladó su sede a Madrid y que, por ejemplo, Sumarroca [propiedad de la familia imputada en el 3%] dedica parte de las ventas de su cava a la defensa del catalán”. También es de la misma opinión que el catedrático de Ciencia Política Ferran Requejo, para quien “España, y en relación con Cataluña, no es un Estado de derecho”. Y hace gala de que aliarse con el diablo es bueno si es contra España: difundía la positiva noticia de que “Nicaragua reprocha a España que le pida democracia mientras tiene presos políticos”. Claro que los hechos de Daniel Ortega en el país centroamericano, desbordado por escándalos políticos, económicos y sexuales, son omitidos por el independentismo de la misma manera que se visualiza el enfrentamiento del mandatario nicaragüense a España.

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