Los letrados del Congreso ya avisaron de que una ley de amnistía es inconstitucional

Un informe de los letrados del Congreso de los Diputados, fechado en 2021, complica la tramitación por parte de la nueva Mesa del Congreso de una hipotética ley de amnistía, una de las exigencias lanzadas desde Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El sentido del dictamen sube la apuesta respecto a las opciones de la Mesa, presidida por Francina Armengol y con mayoría progresista, de tramitar una norma de ese tipo. El dictamen concluye que borrar delitos de forma genérica y para una multiplicidad de beneficiados, como sería el caso, es inconstitucional.

La apuesta por una norma que facilite amnistiar a todos los investigados relacionados con el procés no es nueva. En marzo de 2021, la Mesa presidida entonces por Meritxell Batet examinó una proposición de ley orgánica dirigida a eliminar los delitos del arco independentista. ERC, Junts, PdeCAT y la CUP plantearon una redacción en la que se preveía que quedaran amnistiados "todos los actos de intencionalidad política" vinculados "a la lucha democrática para la autodeterminación de Catalunya" y llevados a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento en que esa norma entrara en vigor.

Los indultos se encuentran recurridos ante el Supremo por discrepancias con la argumentación sobre la que fueron concedidos

Ante las dudas sobre la legalidad de tramitación de una propuesta similar, Batet se dirigió a su órgano asesor. Los letrados cortaron entonces el paso a la opción de debatir la propuesta por dos motivos. Por un lado, consideraron que la eliminación de los delitos cometidos por multitud de personas y con hechos diferentes —desde la propia preparación del referéndum del 1-O hasta los desórdenes en las manifestaciones callejeras de protesta— eran asimilables a un indulto general que se prohíbe de forma expresa en la Constitución.

En el informe se aseguraba, en concreto, que la propuesta entraba en "contradicción palmaria" con el artículo 62 de la Carta Magna. En el punto i se establece que "corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". Por otra parte, el dictamen de los letrados se refería al Código Penal. Indicaba que en él se contempla "como causa de extinción de la responsabilidad criminal" exclusivamente el indulto y solo "puede tramitarse y concederse de manera individual" y motivada.

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De hecho, los indultos concedidos a los políticos independentistas condenados se encuentran recurridos ante el Supremo por discrepancias con la argumentación sobre la que los concedió el Gobierno, basada en el "interés general" y la concordia en Cataluña.

A la vista del informe, el PSOE acabó en aquel momento cerrando la puerta a la tramitación de la ley y votó junto al PP y Vox el rechazo a la propuesta. La situación, ahora, es otra. El partido de Pedro Sánchez negocia con ERC la desjudicialización del "conflicto político catalán" a través de "las vías legales necesarias". Ambas formaciones han dejado claro que con ello se refieren a una ley de amnistía sin que las opciones intermedias parezcan suficientes para que el PSOE ate la investidura.

Miles de "represaliados"

Según ha ido deslizando el entorno de Carles Puigdemont, Junts busca incluir en la amnistía a centenares de personas relacionadas solo de forma tangencial con la cuestión nuclear. En la cifra, se engloban los 700 alcaldes de municipios catalanes que mostraron expresamente su apoyo a la Generalitat para la celebración del referéndum o las casi 200 personas imputadas por desórdenes públicos y daños por el corte que Tsunami Democràtic realizó en la frontera hispanofrancesa.

Sin embargo, uno de los procedimientos que más preocupa a los partidos soberanistas es el que se desarrolla en el Tribunal de Cuentas. El próximo 17 de noviembre está fijado el inicio del juicio relativo a los gastos de la Generalitat para la promoción exterior del procés. En la última fase, la Fiscalía redujo la cantidad que se les reclama a 3,4 millones de euros. Figuran como demandados en este procedimiento los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras, así como el exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva, y otros seis antiguos miembros del Ejecutivo catalán. La Abogacía del Estado se retiró y no acusa.

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Otro de los procedimientos más conocidos es el del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona sobre una treintena de cargos y empresarios, todos ellos ya procesados. Entre ellos, se encuentran la máxima responsable de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, a los que se atribuye la emisión de los anuncios sobre la celebración y promoción de la participación en el referéndum en los medios públicos de la Generalitat en septiembre de 2017. También se encuentran cargos como el secretario de Difusión y Atención Ciudadana del Departamento de Presidencia de la Generalitat, por malversación y prevaricación, Antoni Molons García, o el director general de Comunicación del Gobierno de la Generalitat, Jaume Clotet.

Una de las ramificaciones de esta investigación se encuentra en el TSJC, que tiene en sus manos la causa que afecta al exnúmero dos de Oriol Junqueras Josep Maria Jové, diputado de ERC, acusado de malversación de fondos, revelación de secretos y desobediencia grave, y propietario de la famosa agenda con la hoja de ruta para la independencia. La acción de los CDR también está judicializada.