La guerra del 1-O se traslada a los alcaldes: el referéndum pende de Colau

La ‘guerra’ del 1-O se traslada a los ayuntamientos. Los máximos mandatarios de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, enviaron en la madrugada del jueves una misiva a todos los alcaldes dando 48 horas para que comuniquen al Govern de cuántos colegios electorales pueden disponer para el referéndum en Cataluña. Horas más tarde, era el secretario de Estado de Administración Territorial del Gobierno central el que recordaba por escrito a todos los interventores y secretarios de los ayuntamientos catalanes su deber de "desatender" la exigencia de la Generalitat. Ahora, la mayoría de las miradas se centran en Ada Colau: Barcelona concentra más del 20% de los sufragios y de si coloca o no sus urnas pende la 'suerte' del 1-O.

El secretario de Estado, Bermúdez de Castro, añade en su misiva a la Generalitat que “requiere ahora a los ayuntamientos que coadyuven a la consecución de ese inconstitucional e ilegal proceso, mediante la puesta a disposición de los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación”, y les advierte de que el Gobierno español espera que “se respete el marco constitucional y estatutario, así como esos pronunciamientos del TC, lo que obliga a desatender dicha exigencia”.

Algunos secretarios ya habían previsto esas circunstancias. Era el caso del secretario de Castell-Platja d’Aro, Tomàs Soler, que ayer dirigió un informe a los responsables políticos de su municipio en el que decía que es ilegal ceder espacios públicos para votar el 1 de octubre. El secretario recuerda los pronunciamientos del TC y concluye que la ley del referéndum es contraria a los fallos del Constitucional.

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El Confidencial

Pero hay alcaldes que no están dispuestos a atender a razones. La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, se apresuró a poner los colegios a disposición de Puigdemont. En su cuenta de Twitter, Sabater señaló: “Ya he respondido a la carta de la Generalitat confirmando que el 1-O los colegios electorales están a su disposición para votar con normalidad”. Albert Batalla, alcalde de La Seu d’Urgell (y diputado de JxS), fue de los primeros en anunciar su compromiso para poner urnas “para que los ciudadanos que lo deseen puedan decidir el futuro de nuestro país en el referéndum”. En similares términos se pronunció Albert Batet, alcalde de Valls y diputado.

También el alcalde de Molins de Rei, localidad cercana a Barcelona, respondió con diligencia. Joan Ramon Casals, también diputado de Junts pel Sí, emitió un decreto apoyando la convocatoria del referéndum y poniendo a su disposición los colegios. Casals sostiene que no es necesario pedir un informe a los secretarios para saber si se han de ceder los espacios públicos porque tampoco se pide ese informe cuando hay comicios. Además, subraya que es potestad del alcalde ceder el uso de los inmuebles municipales. Se da la circunstancia de que Casals, de CiU, gobierna gracias al apoyo que le brinda el PSC, ya que tiene seis concejales frente a los cinco socialistas. Estos dos partidos suman justamente la mayoría absoluta, pues el consistorio cuenta con 21 concejales.

El caso de Barcelona

Curiosamente, pues, un ayuntamiento en el que participa el PSC se alinea claramente con los partidarios del referéndum que el partido socialista rechaza. Y lo mismo ocurre en Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau se pronunció vía redes sociales. “He trasladado requerimiento [el de Puigdemont y Junqueras] a secretario para que compruebe disponibilidad dispositivo electoral habitual y poder responder en las próximas 48 horas”, dijo en una primera instancia. Y luego añadió: “Mantenemos la plena disposición a facilitar la participación en toda movilización democrática, sin poner en riesgo institución ni funcionarios”.

Ello fue suficiente para que la CUP arremetiese contra ella. “Un partido de izquierdas debería estar firmando ya el decreto para asegurar que se dan las condiciones para poder votar”, le recriminó ayer por la tarde la concejala ‘cupera’ Maria Rovira, que subrayó que “un Gobierno y un partido del cambio deberían ser mucho más valientes y posicionarse a favor del derecho a decidir”. La CUP insta a Colau a romper el pacto de gobierno con los socialistas.

El convergente Xavier Trias le conminó ayer a decidirse. “Ha llegado la hora. Tenemos el referéndum convocado”, alertó por Twitter. Y le envió un vídeo en el que pide a la alcaldesa que apoye el 1-O. “Es el momento de tomar decisiones y no de ambigüedades. Que actúe como alcaldesa de la capital de Cataluña y esté al lado del presidente Puigdemont”, clamaba Trias en el vídeo.

En las últimas elecciones generales celebradas en Cataluña, la ciudad de Barcelona concentró el 22,04% de los votos escrutados (768.332 sufragios de 3.486.069) y en las autonómicas del año anterior, el 21,36% (879.332 de 4.115.807). El bloque soberanista sumó de media en ambos comicios alrededor de 500.000 votos, mientras que los 'comuns', que defienden la participación en el 1-O como una "movilización legítima", obtuvieron en la capital catalana 690.477 papeletas en las generales y 85.853 en las autonómicas, con la marca Catalunya Sí que es Pot. Una buena parte del éxito o el fracaso del referéndum catalán del próximo 1 de octubre reside, pues, en que la alcaldesa de Barcelona decida o no colocar las urnas.

Por el contrario, el segundo teniente de alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, destacó que “un proyecto político que excluye a la mitad del país no tiene futuro, como lo demuestra la degradación democrática vivida en nuestro Parlamento”. El líder del PSC en el consistorio de la capital catalana aseguró ayer que el Ayuntamiento de Barcelona actuará cumpliendo la legalidad y se ha trasladado al secretario del ayuntamiento el requerimiento de la Generalitat para que haga las gestiones oportunas. Pero remarcó que serán los servicios jurídicos y el secretario general los que marcarán la pauta de lo que haga el consistorio barcelonés.

Movilizaciones y grandes ausencias

Pero el mundo municipal independentista se movilizó en tromba para solicitar adhesiones. Más de 400 alcaldes firmaron ayer decretos en apoyo a la consulta, según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). “La firma es una demostración de compromiso del mundo local, respondiendo al anhelo de sus vecinos y vecinas, al mismo tiempo que es una muestra de firmeza ante las constantes amenazas del Gobierno español, que este jueves ha anunciado que enviará una carta a las ayuntamientos catalanes pidiendo que no colaboren con un referéndum que quiere dar voz a la ciudadanía para que decida libremente y pacíficamente el futuro político de Cataluña”, dice un comunicado de esta entidad.

Los independentistas no cuentan, sin embargo, con ayuntamientos importantes con los que hacer presión: Lleida y Tarragona están en manos del PSC y sus alcaldes no están dispuestos a facilitar las cosas. Y el cinturón metropolitano de Barcelona está, en buena medida, en manos de los socialistas, que no harán concesiones: Hospitalet de Llobregat (la segunda ciudad de Cataluña), Cornellà de Llobregat, Gavà, Sant Adrià, Sant Boi… Los dirigentes del PSC decidieron que pasarán el tema a los secretarios de los consistorios, que informarán a los alcaldes sobre la cesión de locales. El partido, no obstante, es contrario a dicha cesión porque el referéndum no cuenta con las garantías necesarias, además de que el Tribunal Constitucional ya ha decidido prohibir el 1-O al admitir a trámite los recursos del Gobierno en la noche del jueves.