El TSJC procesa a Jové y Salvadó por malversación y prevaricación en el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluis Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. La magistrada Maria Eugenia Alegret les ha citado a declarar el próximo 11 de marzo y ha fijado una fianza de 2,89 millones para el primero y de 1,64 para el segundo por "las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de su actuación", decisión que llega en un momento en el que la figura de Jové se ha visto reforzada por formar parte de la mesa de negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat.

Mientras el diputado se sienta en la Moncloa, la jueza apunta a que "tuvo una participación activa en la preparación del reféndum del 1 de octubre de 2017" y que se "encargó de conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fuesen superiores a los negativos". El auto destaca además que obtuvo datos privados de ciudadanos y que desoyó al Tribunal Constitucional al buscar "locales donde debía llevarse a cabo el referéndum", labor a la que se sumó la de preparar "un escenario post referéndum".

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EFE

La jueza pone el foco en la agenda que le fue incautada en 2017, una Moleskine en la que Jové, entonces secretario general de Vicepresidencia del Govern, explicaba los pasos que había seguido el bloque independentista desde febrero de 2015. "La veracidad de la agenda Moleskine no parece dudosa", sostiene en su auto. Las anotaciones que constan en la misma también las investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona desde 2017, pero al tratarse de un diputado y estar aforado, dicho tribunal no podía imputar a Jové, lo que llevó al TSJC a hacerse cargo de las diligencias contra él.

"Todos los gastos debieron ser indiciariamente supervisados por el señor Jové, tanto en su condición de coordinador del referéndum, según sus propias anotaciones, como por ostentar el cargo de Secretario General del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como cuanto responsable formalmente desde el mes de julio de 2017 del área de los procesos electorales y consultas populares", destaca la instructora. De acuerdo con los indicios recabados hasta el momento, Jové "conoció y autorizó determinados gastos para llevar a cabo el referéndum ilegal" en una cantidad superior a los 2,1 millones.

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En lo que se refiere a Salvadó, secretario de Hacienda del Departamento de Vicepresidencia desde enero de 2016, la magistrada lo sitúa como “responsable de la ideación del Programa de Homogeneización de los procesos y mecanismos internos o tramitación de los tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público o la Generalitat al Estado", todo ello para promover la recaudación impositiva suficiente si se lograba la independencia. Aunque el plan no llegó a ejecutarse, la magistrada apunta a que tuvo un coste de más de 1,2 millones y se proponía "conseguir el control de los impuestos estatales y cotizaciones sociales provinientes de las instituciones públicas autonómicas y locales e información fiscal de los contribuyentes".

El auto subraya que Jové y Salvadó "deben responder de los gastos ocasionados por el programa de homogeneización de los procesos y mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba el sector público de la Generalitat al Estado, cuyo coste suposo para el erario público la sumo total de 1.226.089,12 euros".