Puigdemont se querellará contra el Tribunal de Cuentas por el rechazo al aval del Govern

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha recurrido la negativa del Tribunal de Cuentas de admitir los avales del Govern en respuesta a las fianzas fijadas por la acción exterior y ha anunciado que se querellará contra la delegada instructora Esperanza García al entender que ha actuado de forma "arbitraria" y provocado "una gravísima indefensión" a los cargos que han recurrido a este sistema. "Ha actuado de manera abiertamente contraria a derecho, responsabilidad que se exigirá en otra jurisdicción", indica. Fuentes del entorno del 'expresident' indican que este se ha decantado por la vía penal para defender su postura.

En un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, Puigdemont considera que no se puede entender en ningún caso que los avales no sean legales y válidos. "Su inadmisión no puede ser calificada más que de arbitraria, ilegal y causante de indefensión por cuanto contradice abiertamente la normativa vigente". El expresidente argumenta que García está contraviniendo, sin que quepa alegar el desconocimiento, "lo dispuesto en una norma con rango de ley autonómica bajo la premisa de la validez de los avales".

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Tras rechazar también la validez del embargo ordenado, el 'expresident' defiende el decreto ley en el que la Generalitat creó el sistema y explica que su razón de ser es "proteger a quienes puedan ver amenazado su patrimonio por resoluciones que no sean firmes". "Como se terminará demostrando en este caso, pueden ser víctimas de actuaciones arbitrarias practicadas al margen de la legalidad", destaca e insiste en que lo que pretende es "prevenir daños irreparables a personas cuya responsabilidad no ha sido determinada más que de forma provisional, sesgada y arbitraria".

Resoluciones no firmes

El escrito insiste en que la norma catalana, que no ha sido impugnada por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y se encuentra en vigor por tanto, recoge que su objeto es proteger a las personas que en el ejercicio de su cargo puedan ver afectado su patrimonio en la fase en que las decisiones judiciales que les provocan un quebranto no han adquirido aún firmeza.

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Para Puigdemont, la delegada instructora "obvia la parte que no le interesa, tal cual viene realizando desde un comienzo en esta particular forma de desplegar las funciones que se le encomendaron" y omite prevenciones del decreto como la necesidad de proteger y garantizar el derecho a la indemnidad mediante la adopción de medidas complementarias mientras no recaiga una resolución firme en el procedimiento correspondiente.

El Tribunal de Cuentas rechazó el pasado 14 la estrategia del Govern de avalar las fianzas de 28 excargos del Gobierno autonómico a través del Institut Català de Finances (ICF). Entre los encausados que se acogieron a esta vía se encuentra Puigdemont, al que se exige una fianza de dos millones; Oriol Junqueras, que se enfrenta a la misma cantidad, o Artur Mas, en cuyo caso asciende a 2,9 millones. Sin el aval del Govern, la instructora Esperanza García ya ha empezado a tramitar embargos contra sus bienes. Por ejemplo, el piso de Mas ya ha sido embargado mientras ERC ha salvado a los suyos aportando dos millones.

"Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales", anunció el tribunal, concluyendo que no cabe amparar con dinero público "las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". En otras palabras, aseguró que no se pueden usar fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público cuando el Ejecutivo se erige precisamente en supuesto perjudicado.