El TdC rechaza el aval del Govern: Junqueras, Puigdemont y Mas, al borde del embargo

El Tribunal de Cuentas ha rechazado este jueves la estratagema del Govern de avalar las fianzas de 28 excargos del Gobierno autonómico a través del Institut Català de Finances (ICF), explican fuentes jurídicas a El Confidencial. Entre los encausados que se acogieron a esta vía se encuentran Carles Puigdemont, al que se exige una fianza de dos millones; Oriol Junqueras, que se enfrenta a la misma cantidad, o Artur Mas, en cuyo caso asciende a 2,9 millones. Sin el aval del Govern, la instructora Esperanza García empezará ahora a tramitar embargos contra sus bienes, pero, si posteriormente depositan fianza, estos podrían quedar congelados.

"Al haber vencido con exceso el plazo otorgado para depositar o afianzar las presuntas responsabilidades contables, procede el embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas responsables contables, aportaron los referidos avales", ha anunciado el Tribunal de Cuentas este jueves. De esta manera, concluye que no cabe amparar con dinero público "las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave". En otras palabras: no pueden usar fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público cuando el Ejecutivo se erige precisamente en supuesto perjudicado.

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Las fuentes consultadas apuntan a que Mas y Junqueras se encuentran entre los excargos del Gobierno autonómico que estudiaban desde este mismo verano acogerse a una vía alternativa si la estratagema de la Generalitat se venía abajo: presentar bienes inmuebles como aval. Aunque la fianza de 5,4 millones debe abonarse de forma solidaria, a cada uno se le exige una cantidad distinta en función del papel que jugaron en la presunta malversación que acompañó a la acción exterior desarrollada por la Generalitat durante seis años, entre 2011 y 2017, por lo que la unidad que han mostrado hasta ahora 28 de los 34 encausados puede empezar a resquebrajarse.

Fuentes del entorno de Puigdemont, sin embargo, señalaban en julio que no contemplaban ninguna otra vía que la de recurrir el rechazo al aval ante la Sección de Enjuiciamiento. La decisión quedaría entonces en manos de una sala que, a día de hoy, está compuesta por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP; José Manuel Suárez Robledano, elegido a propuesta del PP; María Antonia Lozano Álvarez, propuesta por el PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, propuesto por los socialistas. En cualquier caso, el mandato de todos ellos caducó el pasado 23 de julio y, este mismo jueves, el Gobierno y PP han acordado renovar el Tribunal de Cuentas.

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Esta situación abre la puerta a que, en función de los tiempos que siga el recurso, por un lado, y la renovación del órgano, por otro, la decisión final sobre los avales pueda quedar en manos de una Sección de Enjuiciamiento distinta. El Tribunal de Cuentas está compuesto por 12 consejeros entre los que se incluyen estos cuatro puestos, y todos ellos son nombrados por el Congreso y el Senado: cada Cámara elige a seis mediante votación por mayoría de tres quintos por un periodo de nueve años.

Pero por el momento, la decisión de la instructora es clara: los 34 encausados deben abonar 5,4 millones de forma solidaria y no cabe utilizar fondos del Ejecutivo catalán para cubrir esta cantidad.

​La Abogacía rechazó pronunciarse

El pasado 27 de julio, tras finalizar el plazo para que los excargos de la Generalitat depositaran la fianza, el Tribunal de Cuentas ya mostró su indecisión respecto a la maniobra ideada por el Govern: "Ante las dudas que, sobre suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia Administración autonómica perjudicada, la delegada instructora ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas", anunció esa misma mañana.

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La instructora del caso se planteaba así la misma pregunta que sobrevuela la causa desde que la Generalitat anunció que avalaría los 5,4 millones de fianza a través del ICF, pero, antes de responder a la misma, quiso escuchar a la Abogacía. Lejos de atender esta petición, los servicios jurídicos del Estado descartaron pronunciarse este mismo septiembre en su informe definitivo. Según la abogada general del Estado, Consuelo Castro, existía un conflicto de intereses que amenazaba con tumbar todo el procedimiento si entraban a valorar la maniobra del Govern.