La Abogacía alega conflicto de intereses y evita valorar el aval del Govern ante el TdC
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PARA CUBRIR LOS 5,4 MILLONES DE FIANZA

La Abogacía alega conflicto de intereses y evita valorar el aval del Govern ante el TdC

El 27 de julio, tras finalizar el plazo para que los excargos de la Generalitat depositaran las fianzas, el Tribunal de Cuentas ya mostró sus dudas respecto a la maniobra del Govern

Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en una imagen de archivo de julio. (EFE)
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en una imagen de archivo de julio. (EFE)

La Abogacía del Estado ha rehusado pronunciarse sobre la legalidad de los avales presentados por la Generalitat a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir los 5,4 millones de fianza que el Tribunal de Cuentas exige a 34 excargos del Gobierno autonómico. Fuentes jurídicas apuntan a El Confidencial que esa es la postura que refleja el informe definitivo presentado por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, quien alega un posible conflicto de intereses y riesgo de nulidad en la causa.

Tras examinar la propuesta elevada por el abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que ya apuntó en ese sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia considera que no procede un informe, "ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría". En esas actuaciones previas, que tienen por finalidad preparar la actividad de enjuiciamiento que corresponde al Tribunal de Cuentas, aunque posean naturaleza administrativa y no jurisdiccional, "deben observarse los principios de imparcialidad y objetividad, así como también los principios de contradicción e igualdad entre las partes que necesariamente han de respetarse en los procedimientos y actuaciones administrativas", según señala la Abogacía.

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Según el órgano del Ministerio de Justicia, la solicitud de un informe a una de las partes sobre cuestiones que afectan directamente a los intereses de las demás puede sugerir la predisposición del tribunal a seguir los criterios de esa parte. También se verían afectados los principios de contradicción e igualdad, al requerir el informe a una sola de las partes personadas sin audiencia de las demás, dice. El informe señala en cualquier caso que el decreto ley de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya "ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia".

El pasado 27 de julio, tras finalizar el plazo para que los excargos de la Generalitat depositaran la fianza, el Tribunal de Cuentas ya mostró su indecisión respecto a la maniobra ideada por el Govern: "Ante las dudas que, sobre suficiencia y legalidad de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas, esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada, la delegada instructora ha solicitado a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas", anunció esa misma mañana.

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De esta manera, la instructora del caso, Esperanza García Moreno, se planteaba la misma pregunta que sobrevuela la causa desde que la Generalitat anunció que avalaría los 5,4 millones de fianza a través del ICF: hasta qué punto pueden utilizarse los fondos del Gobierno autonómico para cubrir el presunto uso irregular de dinero público cuando el Ejecutivo se erige precisamente en supuesto perjudicado. Antes de responder a esta pregunta, la instructora quería escuchar a la Abogacía del Estado.

Pero como ha adelantado 'El Periódico' y confirman a El Confidencial fuentes jurídicas, esa valoración por parte de los servicios jurídicos del Estado queda ahora descartada. El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, ya dejó caer esta posibilidad en agosto, cuando señaló que podía plantearle un "conflicto de intereses" por estar personados en este procedimiento y advirtió sobre el "riesgo de nulidad" del procedimiento si se "rompe el equilibrio" entre las partes. En cualquier caso, elevó una consulta a la abogada general, Consuelo Castro, quien ahora incide en la misma idea y cierra la puerta a que la instructora vaya a poder conocer su postura.

La decisión que queda en manos de García Moreno no es baladí, pues, si al final se rechaza el aval del ICF, al menos 29 encausados perderán el armazón con el que la Generalitat ha tratado de blindarlos y se podrán ordenar embargos contra sus bienes. En julio, de hecho, ya lo hizo contra dos investigados cuyas identidades no trascendieron. Entre los encausados, constan además figuras de peso como Carles Puigdemont (1,9 millones), Oriol Junqueras (1,9 millones) o Artur Mas (2,8 millones). La fianza de 5,4 millones debe abonarse de forma solidaria, pero a cada uno se le exige una cantidad distinta en función de la acción exterior desarrollada entre 2011 y 2017.

Tribunal de Cuentas