Plan B si el Tribunal de Cuentas tumba la treta del Govern: recurso y casas como aval
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Exige 5,4 millones de euros de fianza

Plan B si el Tribunal de Cuentas tumba la treta del Govern: recurso y casas como aval

El plazo para presentar las fianzas en principio expiraba la medianoche de este miércoles, pero el organismo fiscalizador finalmente ha dado otras 48 horas a los excargos encausados

Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el encuentro que mantuvieron el pasado 7 de julio. (EFE)
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el encuentro que mantuvieron el pasado 7 de julio. (EFE)

El lunes a las 12 de la noche. Esa es la hora límite para que los 34 excargos independentistas presenten los 5,4 millones de euros de fianza ante el Tribunal de Cuentas. Por el momento, dos ya han depositado la cantidad que se les exige y otros dos han puesto bienes inmuebles para cubrirla, pero el foco se centra en los 29 que se han acogido al ardid ideado por la Generalitat para avalar lo reclamado con dinero público. La legalidad de la maniobra está en duda y las fuentes consultadas apuntan a que la instructora Esperanza García se inclina por rechazarla. Ante esta posibilidad, parte de los 29 encausados ya empiezan a trabajar en un plan B para esquivar los embargos.

El primer paso sería el más sencillo: recurrir la negativa de la instructora ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. La misma está formada por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP; José Manuel Suárez Robledano, elegido a propuesta del PP; María Antonia Lozano Álvarez, propuesta por el PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, elegido una vez más a propuesta de los socialistas. Si se rechaza el aval del Govern, se da por hecho que presentarán recurso y, según explican las fuentes consultadas, esa es la única vía que contempla Carles Puigdemont, al que se exige una fianza de dos millones.

Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en su encuentro del pasado 7 de julio. (Reuters)

Otros de los encausados, sin embargo, trabajan en la otra posibilidad a la que ya se han acogido dos ex altos cargos esta misma semana para no depender del Govern: presentar bienes inmuebles como aval. Esa es la opción por la que se inclinan Oriol Junqueras, al que una vez más se pide una fianza de dos millones, o Artur Mas, en cuyo caso asciende a 2,9, explican las fuentes consultadas. Aunque la fianza de 5,4 millones debe abonarse de forma solidaria, a cada uno se le exige una cantidad distinta en función del supuesto papel que jugaron en la acción exterior desarrollada por la Generalitat durante seis años, entre 2011 y 2017.

El Tribunal de Cuentas aceptaría entonces sus inmuebles como garantía mientras continúa el procedimiento, lo que "no significa que el afectado pierda los bienes de manera inmediata. Es una medida cautelar cuyo objetivo es garantizar que, ante una futura sentencia condenatoria, los perjuicios que se han producido en los fondos públicos sean reintegrados", advierten desde el organismo fiscalizador.

Una maniobra que hace agua

La maniobra ideada por el Govern para cubrir las cantidades exigidas terminó por hacer agua esta semana. El Gobierno autonómico aprobó a comienzos de mes un decreto ley por el que establecía un mecanismo que en un primer momento preveía que una entidad bancaria avalara las fianzas, pero este miércoles no le quedó más remedio que asumir que ese apoyo no iba a llegar. El plan pasó entonces a respaldar el dinero a través del Institut Català de Finances (ICF) o, lo que es lo mismo, utilizar fondos del Ejecutivo catalán para cubrir el presunto uso irregular de dinero público. "Roza la prevaricación", critican las fuentes consultadas por El Confidencial.

Foto: Oriol Junqueras. (EFE)

En cualquier caso, esta maniobra tampoco llegó a tiempo. El plazo para presentar las fianzas expiraba la medianoche de este miércoles, pero la mayor parte de los encausados no cumplió con el límite fijado y durante la mañana de ayer seguían intentando formalizar su situación. Este contratiempo hizo saltar las alarmas por si el Tribunal de Cuentas comenzaba a tramitar órdenes de embargo, una posibilidad que finalmente se desechó al ampliarse el periodo otras 48 horas. De esta manera, los denunciados tienen hasta el lunes a medianoche, lo que no quita que las dudas en torno al mecanismo empleado por 29 de ellos se mantengan. De ahí el plan B que barajan ya algunos.

Por el momento, estos encausados se han acogido al aval del ICF. "En este punto, lo que ahora está haciendo la delegada instructora es analizar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables", explicaban desde el Tribunal de Cuentas la mañana de este jueves. Si no se acepta, volverán a ponerse sobre la mesa los embargos, lo que no implica que, de producirse después del plazo estipulado para el afianzamiento, la instructora "no admita fianza o depósitos, de tal forma que, tras estudiarlos, puede aceptarlos y no ejecutar el embargo". Tienen más tiempo, sí, pero el principal escollo sigue ahí.

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