La Generalitat catalana ultima la argucia legal para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas

La Generalitat ultima el subterfugio legal para avalar con bienes públicos las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Artur Mas o Andreu Mas-Colell, quienes junto a otros 36 altos cargos de la autonomía catalana deben depositar 5,4 millones de euros por la causa abierta por malversación tras haber impulsado el 'procés' en el exterior. Fuentes legales conocedoras del dictamen que están preparando los servicios jurídicos de Presidencia explican a El Confidencial que la maniobra pasaría por pleitear contra las aseguradoras que asumían entonces la responsabilidad civil patrimonial de la Administración catalana. Y, mientras se dirime este contencioso, la Generalitat avalará las fianzas de manera provisional aportando activos inmobiliarios del patrimonio de la comunidad.

De momento, el Govern esconde sus cartas. Portavoces de la Generalitat aseguran que no pueden comentar nada, ya que “lo está estudiando el gabinete jurídico”. Según esta versión, “se está buscando el modo de dar todo el apoyo a los afectados, pero todavía no hay ninguna novedad concreta sobre lo que hará el Govern”. Sin embargo, otras fuentes jurídicas de la Generalitat han detallado que el director del gabinete jurídico, Francesc Esteve, ya ha obtenido el visto bueno del interventor general, David Canada. El apoyo de Canada resulta clave, puesto que una parte de la jugada pasa por que la Generalitat no abone el dinero de la caja, sino que aporte un inmueble de su patrimonio público como garantía.

El inmueble ha de ser lo más alejado de la Generalitat, por ejemplo, propiedad de un consorcio público o de una empresa pública, para intentar esquivar las acusaciones de malversación, ya que se estaría utilizando un activo de titularidad pública para cubrir una fianza por una acusación de malversación, también de dinero público, de la propia Generalitat.

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Pablo Amigo

El trabajo de los servicios jurídicos de la Generalitat, que está integrado por 137 abogados, se encuentra muy avanzado. Fuentes jurídicas que han tenido acceso al estudio explican que la propuesta se compone de tres pasos. El primero es exigir a las aseguradoras encabezadas por SegurCaixa Adeslas que cubran las fianzas a cuenta de la póliza de responsabilidad civil que tienen firmada con la Generalitat. Las compañías se negarán, porque además en 2017 ya advirtieron de que no se harían responsables de ninguna causa derivada de los hechos que llevaron al intento de sedición.

Con esta previsión, se llega al segundo punto: demandar a las aseguradoras que tenían póliza en vigor durante el periodo de los hechos investigados, ya que además de Segurcaixa-Adeslas había un contrato adicional que cubre a los altos cargos, en el que figuran como coasegurados Zurich (30%) y Fiatc (10%), como un modo de reducir riesgos. Fuentes legales consultadas por este periódico aseguran que el objetivo no es ganar la demanda, que se ve perdida, sino que sea admitida a trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El pleito como excusa

Como los pleitos por contencioso administrativo son largos —unos tres años—, se alegaría que no se puede dejar en situación de indefensión a servidores públicos como los políticos encausados. El principal argumento para que la demanda sea admitida a trámite es que la Generalitat actúa en defensa de las competencias de Exteriores que le reconoce el Estatut. El razonamiento es discutible, porque la acción exterior que se desplegó en Cataluña durante esos años fue condenada por parte de Tribunal Supremo.

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Con la demanda admitida a trámite, llega el tercer paso: la Generalitat utilizaría un inmueble por determinar, pero integrado en su patrimonio, para avalar los 5,4 millones reclamados. Se diría que es una medida provisional, pero, al ser un juicio tan largo, serviría para cubrir el tiempo que se prolongue la causa ante el Tribunal de Cuentas. Por tanto, la demanda no es la finalidad, sino la excusa para utilizar el patrimonio de la Administración con un objetivo de dudosa legitimidad.

La jugada es muy forzada. No solo por la garantía pública. También porque el juicio se da por perdido, al tener escasa base jurídica, según las fuentes consultadas. Pero eso ocurrirá dentro de tres años o más tarde.

Aviso a navegantes

En 2017, las aseguradoras ya advirtieron de que no cubrirían los hechos derivados del 'procés', por el que los políticos independentistas habían sido advertidos hasta cinco veces por el Tribunal Constitucional. De hecho, SegurCaixa Adeslas ya no es la empresa de seguros principal de la Generalitat. Con posterioridad, hubo un concurso y lo ganó Zurich.

El papel de estos altos cargos acusados por el Tribunal de Cuentas ha tomado el relevo de los presos indultados. El independentismo necesita victimismo para mantener viva su causa. Pero por ser quienes son los encausados y con la caja de solidaridad agotada por haber pagado más de 14 millones, la Generalitat también tiene que cerrar filas en su defensa. Solo que se quiere llevar a cabo reduciendo al máximo los riesgos legales.

Pese a ello, sobre la operación pesa el fantasma de la prevaricación. Tanto Francesc Esteve como David Canada son cargos que vienen del Ejecutivo anterior. Esteve ya estuvo preparando su informe con la Generalitat en funciones. Y Canada fue nombrado interventor general en enero de 2020 por Pere Aragonès cuando este era 'conseller' de Economía. Y ahí sigue, aunque ahora la 'conselleria' es de JxCAT y pese a que en 2005 fue acusado de cobro irregular de dietas por, toque irónico… el Tribunal de Cuentas. David Canada acabó devolviendo el dinero, una pequeña suma. Ahora también devuelve al ente fiscalizador la afrenta de entonces.