La Generalitat ignora el derecho a decidir de Tortosa: "No aceptan el referéndum"

Los vecinos de Tortosa (Tarragona) se sienten ignorados por la Generalitat de Pere Aragonès, que pretende seguir adelante con la retirada de un monumento franquista en el río Ebro. En 2016 un referéndum popular decidió con el 68% de los apoyos que se mantuviese, pero la Consejería de Justicia de la Generalitat ha decidido continuar con su desmantelamiento. Este jueves, un juez ha paralizado el proyecto, y los tortosinos reclaman que sea definitivo. “Son muy del ‘derecho a decidir’ siempre que decidamos lo que ellos quieren”, ironiza uno de los vecinos en Twitter.

El colectivo Corembe y la Asociación de Amigos del Monumento han recogido 1500 firmas para reclamar la paralización del desmontaje, presupuestada en 200.000 euros. Todo empezó el pasado 20 de noviembre, en el 45º aniversario de la muerte del dictador, cuando la Generalitat anunció que daba luz verde a la retirada del monumento, que se realizaría durante este verano, aprovechando el bajo caudal del río Ebro.

Los vecinos piden que se respete el referéndum

Entre los vecinos hay división, aunque —como reflejó el plebiscito de hace cinco años— son mayoría los que se oponen. “La Generalitat está demostrando que son un ente dictatorial y opresivo”, afirma otro ciudadano enojado con el derribo del Govern. A muchos les resulta irónico que el Gobierno catalán, que constantemente tienen en la boca el “derecho a decidir” de la región para pedir la independencia de España, no acepte el resultado de esta consulta: “Me pinchan y no sangro”, bromea un joven.

“¿Ese es el respeto al referéndum? Votamos y luego hacen lo que les da la gana”, cuestiona una tortosina. “No están respetando la voluntad del pueblo”, asegura otro. El enfado es generalizado, porque sienten que la consulta ha sido una pérdida de tiempo. “¿No tiene ningún valor que lo que votamos?”, pregunta uno de los que votaron por el sí a mantener el monumento.

Eso sí, no todos están en contra de su retirada. El 38% que votó a favor de deshacerse del monumento afirma que es “horroroso” y que “representa un capítulo de la Historia que queremos dejar atrás”, en referencia a la dictadura. Otro vecino incluso insinúa que el juez que ha paralizado las obras podría ser “un franquista”.

Las asociaciones de Tortosa, divididas

Albert Curto, director del Archivo Histórico del Bajo Ebro, prefiere ser prudente y no festeja la paralización: “Es un primer paso provisional, no es definitivo”, aclara. Él siempre ha estado a favor de mantener el monumento, y su posible alegría por la cancelación de su retirada está condicionada por “si realmente se toman en serio las medidas cautelares y se paraliza”. Curto cita la consulta popular de 2016 en la que el 68% de los vecinos respaldaron que se mantuviese. "¿Para qué se hacen las consultas si van a ignorar sus resultados?", se pregunta Curto. Pero, por otro lado, defiende “reinterpretar” el significado del monumento.

“Es el testimonio de una época, y además es artístico y un activo turístico”, defiende. El director del Archivo afirma que “es incluso una muestra de lo que fue la dictadura, desde un punto de vista histórico”. Él piensa que “se puede dejar como un elemento franquista, y que se explique lo que es”, o si no “darle otro sentido”. “Es muy fácil hacer tabla rasa, pero nos quedamos con un vacío”, replica sobre la decisión del Govern.

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X. Migelez

También hay quien lo celebra. La Comisión para la Retirada de Símbolos Franquistas apoya el desmontaje del monumento como signo de “normalidad democrática”. Desean que las obras sean “ágiles y rápidas” y que “se viva con normalidad como sociedad que no contempla de ninguna manera el simbolismo franquista en los espacios públicos”. “Lamentamos la falta de interés político en acabar con el blanqueamiento del franquismo”, dicen en un comunicado. Aseguran que este cambio puede “dar otra imagen de la ciudad”, deshaciéndose de esa “losa fascista”.

Junts per Tortosa, que gobierna en este municipio en coalición con el PSC, defiende que el monumento “no es propiedad del ayuntamiento”, lavándose las manos ante la polémica. La coordinadora territorial de Vox en la zona, Montserrat Montanuy, afirma que “el pueblo de Tortosa no olvidará el desprecio y el engaño de los separatistas en las instituciones”. Por su parte, el representante de Ciudadanos, Miquel Albacar, acusa al Gobierno de “desoír la voluntad popular”.