ERC prevé una salida a los embargos a líderes del 'procés' con el nuevo Tribunal de Cuentas

El acuerdo entre socialistas y populares para la renovación del Tribunal de Cuentas, donde los primeros se asegurarán una mayoría en los nombramientos, ha sido recibido en el independentismo con una muestra de entre alivio y cautela. A la espera de conocer todos los detalles, explican fuentes de la dirección de ERC, confían que con el cambio de consejeros se propicie también una salida para la causa abierta por malversación contra 36 ex altos cargos de la Generalitat, entre los que se encuentran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas.

Para los republicanos, siempre fue una prioridad revertir esta causa, que enmarcan dentro de lo que denominan "represión" al independentismo y que podría acabar en el embargo de bienes por un valor de 5,4 millones de euros. Es por ello que las mismas fuentes de ERC advierten, en un contexto de negociación de los Presupuestos de 2022, de que los socialistas son conscientes de que "se juegan mucho". Una advertencia en referencia a la línea que adopten los nuevos consejeros y el resultado final de la causa, "en función de cómo quede todo", concluyen.

El actual Tribunal de Cuentas rechazaba la estratagema del Govern de avalar las fianzas del Gobierno autonómico a través del ICF

Precisamente, el actual Tribunal de Cuentas rechazaba este jueves la estratagema del Govern de avalar las fianzas del Gobierno autonómico a través del Institut Català de Finances (ICF), por lo que se podrían comenzar a tramitar embargos millonarios contra sus bienes. Entre los encausados que se acogieron a esta vía se encuentran Carles Puigdemont, al que se exige una fianza de dos millones; Oriol Junqueras, que se enfrenta a la misma cantidad, o Artur Mas, en cuyo caso asciende a 2,9 millones. Sin el aval del Govern, la instructora Esperanza García empezará ahora a tramitar embargos contra sus bienes, pero, si posteriormente depositan fianza, estos podrían quedar congelados.

El rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales podrá, sin embargo, ser recurrido por los perjudicados. Hasta este jueves, la decisión habría quedado en manos de una sala compuesta por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP; José Manuel Suárez Robledano, elegido a propuesta del PP; María Antonia Lozano Álvarez, propuesta por el PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, propuesto por los socialistas. Ahora, sin embargo, la asumirán los nuevos consejeros, cuyas identidades aún no se conocen. Socialistas y populares han cerrado el acuerdo sin manejar nombres y se autoimponen la exigencia de que todos los seleccionados sean juristas de reconocido prestigio.

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Quienes fallarían sobre este recurso serían los nuevos consejeros. Su renovación está prevista en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y en la que también se renovarán el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. El órgano fiscalizador está compuesto por 12 consejeros entre los que se incluyen estos cuatro puestos, y todos ellos son nombrados por las dos Cámaras: cada una elige a seis mediante votación por mayoría de tres quintos por un periodo de nueve años.

Desde el pasado mes de junio, ERC comenzó a buscar fórmulas y tratar de negociar con el Gobierno para "hacer algo" con el TdC

Desde el pasado mes de junio, ERC comenzó a buscar fórmulas y tratar de negociar con el Gobierno para "hacer algo" respecto al Tribunal de Cuentas. Todo ello enfocado a propiciar un "sistema de elección más democrático", al considerar que su actual composición correspondía a sectores "reaccionarios" y vinculados con el PP. Una presión al Ejecutivo que podría decaer tras la renovación y a la espera de qué camino toma la causa abierta por malversación contra dirigentes independentistas tras haber promocionado el 'procés' en el extranjero.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a tildar el Tribunal de Cuentas de "absolutamente alegal", argumentando que sentenciaba "a muertes civiles a independentistas catalanes". Durante una intervención en el Congreso tras comunicarse la cuantía de las fianzas, Rufián cargó contra lo que denominó "el chiringuito antidemocrático y alegal que se han montado en este país las 40 familias reaccionarias y vengativas que llevan mandando en este país los últimos 80 años para condenar a la más absoluta muerte civil a cargos públicos independentistas".

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"O lo paramos, o directamente nos pasan por encima", subrayó durante el pleno en el que estaba presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entonces identificó el Tribunal de Cuentas con una "institución del Estado que puede perseguir, condenar e incluso establecer multas de millones de euros a cualquier cargo público", y lo puso como el ejemplo de que "en este país se persiguen ideas y hay represión".

La postura del Ejecutivo sobre el aval siempre ha sido ambigua. Después de que el Govern anunciara sus intenciones y comenzaran las primeras advertencias sobre la legalidad de este sistema, los de Pedro Sánchez desecharon la idea de paralizarla mediante un recurso de inconstitucionalidad que hubiera congelado el uso de estos fondos hasta que el TC fallara.

La propia imposición de las fianzas no se veía tampoco con buenos ojos desde el Gobierno. Avisaron de los costes reputacionales fuera de España por el apoyo internacional cosechado frente a esta causa por el profesor y 'exconseller' Andreu Mas-Colell, con quien se solidarizaron más de 30 premios Nobel y una larga lista de prestigiosos economistas, emprendiendo una campaña de desprestigio contra el tribunal.

Junqueras: "Es inhumano y antidemocrático"

Esta misma mañana, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado de "inhumano y antidemocrático" el rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales. En la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys el día que se cumplen 81 años de su fusilamiento, Junqueras ha asegurado que él y su familia afrontan "esta represión con la misma dignidad y el mismo coraje" que afrontaron su encarcelamiento, y ha criticado que los embargos afecten a las familias e hijos de personas que permitieron celebrar el 1-O.

En el mismo acto se ha pronunciado Aragonès, que ha lamentado que los "ataques" a las instituciones catalanas por parte del Estado se mantengan 81 años después del fusilamiento del expresidente Companys y cree que la última muestra es la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales. La misma línea que ha seguido el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, quien ha asegurado que el Estado español "persiste en su voluntad de venganza y odio". En unas declaraciones a los medios, ha instado a continuar con "la cabeza bien alta y dignamente alzados" para llevar a Cataluña a conseguir las libertades por las que considera que luchó Companys y que llevaron a ser fusilado.