El diálogo Gobierno-Generalitat, pendiente de la decisión del TdC sobre los avales
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JUNQUERAS, PUIGDEMONT, MAS... A LA ESPERA

El diálogo Gobierno-Generalitat, pendiente de la decisión del TdC sobre los avales

Las consecuencias de la decisión que adopte la instructora del Tribunal de Cuentas se esperan con cierta ansiedad en Madrid y en Barcelona ante los posibles embargos

placeholder Foto: Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Carles Puigdemont. (EFE)
Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Carles Puigdemont. (EFE)

A los excargos de la Generalitat ya solo les queda esperar la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García. El plazo para depositar las fianzas de 5,4 millones terminó a las 00:00 de este martes y, según explican fuentes del órgano fiscalizador, 29 de los 34 encausados se agarraron a la estratagema ideada por el Govern de avalar esta cantidad a través del Institut Català de Finances (ICF). Si la instructora lo rechaza, las órdenes de embargo pueden empezar a llegar en las próximas horas.

La decisión que adopte la instructora generará un efecto dominó en el independentismo y en Moncloa, pues el momento político actual habla de distensión y diálogo entre administraciones. A partir del 2 de agosto, el Gobierno iniciará con el Govern una serie de comisiones bilaterales y en septiembre está previsto que se reanuden las reuniones de la mesa, a la que acudirán en principio los dos presidentes, Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

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Foto: EFE.

Por si fuera poco el repaso a la coyuntura política, tres miembros del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dimitieron como consejeros independientes por desavenencias con el mecanismo empleado para avalar a la gran mayoría de los excargos de la Generalitat, acusados de emplear dinero público para los planes de promoción exterior del independentismo. La marcha de estas tres personas extendió la duda sobre la reunión en la que se resolvió proceder a dichos avales, ya que no se habría producido el 'quorum' necesario.

Foto: El conseller de Economía Jaume Giró. (EFE)

La onda expansiva no para de crecer y la fractura en el instituto apuntó al 'conseller' Jaume Giró. "Esta mañana he llamado al presidente Aragonès; lo hemos estado comentando, y a él le ha parecido muy bien, y, por tanto, esta es la medida que utilizaremos. Con una generosidad, que quiero destacar, de toda la gente del Institut Català de Finances y también con la prudencia, pues, que recomienda la experiencia", aseguró el pasado miércoles en el Parlament. Los tres consejeros independientes no estaban entre "toda la gente" del ICF. Para entonces, ya habían dimitido tras advertir sobre la dudosa legalidad de la maniobra.

Las consecuencias de la decisión que adopte la instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García se esperan con cierta ansiedad en Madrid y en Barcelona, y, sobre todo, por los afectados. De los 34 excargos que deben poner las fianzas correspondientes, cinco han optado por hacer frente a las fianzas por su cuenta y otros 29 por la vía del ICF. Si a estos 29 se les rechaza el mecanismo escogido, se les pueden embargar bienes desde este mismo martes, y entre ellos destacan personalidades como Oriol Junqueras, Artur Mas, Raül Romeva o Carles Puigdemont.

Foto: Víctor Guardiola, consejero delegado de ICF.

Que a figuras como las cuatro citadas se les embarguen propiedades supondría una conmoción en el sector de ERC, el partido que gobierna en alianza con JxCAT. El actual 'president', Pere Aragonès, se ha mostrado hasta la fecha más dispuesto al pragmatismo que a la beligerancia. Hace aproximadamente un mes, se reunió con Sánchez en la Moncloa y con él pactó la apertura de canales bilaterales de diálogo. La irrupción del Tribunal de Cuentas como actor del proceso fue tildada por José Luis Ábalos, exministro, como "piedras en el camino". La vorágine política no se hizo esperar.

La oposición acusó al Gobierno de intentar coartar la acción del órgano fiscalizador al igual que ha hecho, argumentaron, con otras instituciones. Entretanto, partidos independentistas lanzaron propuestas sobre qué hacer con dicho órgano. ERC se mostró a favor de cambiar la ley que lo regula alegando que existe una mayoría de miembros procedentes de esferas del PP. El periodo en el cargo de los actuales vocales ha entrado en fase de caducidad y solo un acuerdo respaldado por tres quintos del Congreso puede renovarlo. Tal y como están las relaciones ahora entre socialistas y populares, ningún consenso parece posible.

Foto: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el encuentro que mantuvieron el pasado 7 de julio. (EFE)

En cualquier caso, estas negociaciones llegan ya tarde y solo queda esperar a conocer la decisión del Tribunal de Cuentas. "En este punto, lo que ahora está haciendo la delegada instructora es analizar las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo de gobierno de avalar la cantidad de cada uno de los responsables", explicaban ya desde el organismo fiscalizador la mañana del jueves.

Si el aval no se acepta, el primer paso de los encausados sería el más sencillo: recurrir la negativa de la instructora ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. La misma está formada por Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia del PP; José Manuel Suárez Robledano, elegido a propuesta del PP; María Antonia Lozano Álvarez, propuesta por el PSOE e IU, y Felipe García Ortiz, elegido una vez más a propuesta de los socialistas. Si se rechaza el aval del Govern, se da por hecho que presentarán recurso y, según explican las fuentes consultadas, esa es la única vía que contempla Carles Puigdemont, al que se exige una fianza de dos millones.

Otros de los encausados, sin embargo, trabajan en la otra posibilidad a la que ya se han acogido dos ex altos cargos esta misma semana para no depender del Govern: presentar bienes inmuebles como aval. Esa es la opción por la que se inclinan Oriol Junqueras, al que una vez más se pide una fianza de dos millones, o Artur Mas, en cuyo caso asciende a 2,9, explican las fuentes consultadas. Aunque la fianza de 5,4 millones debe abonarse de forma solidaria, a cada uno se le exige una cantidad distinta en función del supuesto papel que jugó en la acción exterior desarrollada por la Generalitat durante seis años, entre 2011 y 2017.

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