Moncloa aplaza la agenda con Cataluña hasta después de la Conferencia de Presidentes

El Gobierno priorizará en su agenda el diálogo multilateral con las comunidades, principalmente en lo que concierne a la financiación autonómica y al reparto de los fondos europeos, frente al modelo de bilateralidad que busca Cataluña. De ahí que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya convocado en primer lugar la Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo 30 de julio en Salamanca. Y haya dejado para después las comisiones bilaterales previstas con varias CCAA, comenzando por la del Estado-Generalitat catalana el próximo 2 de agosto. La mesa de diálogo con Cataluña, el otro foro que el Gobierno reactivará con el Govern, se desplazará a la tercera semana de septiembre, cuando está previsto que se retomen otros encuentros con comunidades como Andalucía.

"La voluntad de diálogo es con todos los territorios", remarcaba esta semana la portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, priorizando el concepto de la cogobernanza. Antes de todas estas citas, se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el modelo de financiación autonómica, la gran asignatura pendiente. Un espacio donde se visualizará hasta qué punto hay margen para reconducir un debate en el que las comunidades parten con posiciones alejadas, incluso las que están gobernadas por el mismo partido. Durante las últimas semanas, se llevan produciendo distintos juegos de sillas. En este contexto, Valencia y Andalucía, que junto a Murcia son las más castigadas por la fórmula de distribución, están sentando las bases de una alianza política en clave de financiación.

El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, y el lendakari, Iñigo Urkullu, no tienen previsto asistir a la XXIV Conferencia de Presidentes, el órgano de máximo nivel político de cooperación multilateral entre el Estado y las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí estará presente finalmente, tras amagar con su ausencia, pero advirtiendo de que será la última a la que acuda si no se "ajustan al reglamento".

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Ayuso ha recriminado que estos espacios deberían convocarse con un mínimo de 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y previamente debatido. Posiciones que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado a su manera al poner en duda el procedimiento decretado por Moncloa y vaticinar que se tratará más de una simple reunión que de una Conferencia de Presidentes. Desde el PNV, su diputada en el Congreso Josune Gorospe calificó de "lamentable" que no haya habido interlocución previa para fijar los temas que se van a tratar. Desde su creación en 2004, este órgano se ha reunido de forma presencial siete veces, la última el 31 de julio de 2020, y durante la pandemia ha habido 17 encuentros telemáticos.

La apuesta por las relaciones bilaterales por parte de Aragonès, quien ha criticado la Conferencia de Presidentes porque solo serviría "para hacerse una foto", choca con el mandato del Parlament, que esta semana instaba a participar en todos los "espacios de negociación bilaterales y multilaterales" para defender la financiación. Una moción de los 'comuns' a la que sumaron sus votos PSC y Cs y ante la que se abstuvieron ERC, JxCAT y el PP, contando solo con la oposición de la CUP y Vox. Está por decidir si el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, acudirá por su parte al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a lo que él mismo se ha mostrado partidario a la espera de adoptar una decisión de forma colegiada.

La gestión de los fondos europeos y la hoja de ruta de cara a la territorialización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia serán los principales puntos del orden del día de la Conferencia de Presidentes. Se abordarán asimismo la campaña de vacunación, los efectos de la pandemia y la estrategia nacional frente al reto demográfico. En esta línea, algunos barones socialistas, como es el caso del aragonés Javier Lambán, ya han avanzado que aprovecharán este foro para defender la unidad territorial y mirar más allá de las nacionalidades históricas. "Hay quien tiene una prevención, no sé si excesiva o atinada, sobre que los fondos europeos pueden ir a parar al País Vasco y Cataluña que, secularmente, han recibido más aportaciones de fondos y atención por parte del Estado. Creo que ha llegado la hora del resto de las comunidades autónomas que conforman el resto de España", aseguraba en declaraciones recogidas por Europa Press.

Se ha ido avanzando en conversaciones en materia de traspasos en la gestión de becas

La financiación no formará parte de la comisión bilateral con la Generalitat, que lleva sin reunirse desde 2018, ni tampoco la transferencia de competencias. Se prevé centrar el orden del día en inversiones en infraestructuras. Más allá del problema territorial o el "debate soberanista", la nueva titular de Política Territorial apuesta por focalizar este foro en "atender los problemas concretos" y en las "cuestiones que importan a la ciudadanía". De este modo, se ha ido avanzando ya en conversaciones informales en materia de traspasos en la gestión de las becas, aumentar el gasto en la mejora de Cercanías o proyectos audiovisuales relacionados con la lengua.

"Las cosas de comer"

Hace varias semanas que se llevan celebrando reuniones discretas y fuera de foco entre varios ministros y sus homólogos en el Govern para avanzar en una agenda centrada "en las cosas de comer", como gráficamente describía un miembro del Ejecutivo central que ha participado en estos primeros encuentros. Desde el Ejecutivo, destacan la "buena sintonía" que se estarían encontrando por parte de sus interlocutores, señalando un notorio cambio de actitud. "Se ve voluntad de tender puentes", explicaba un ministro que también remarcaba la actitud de ERC, con una intención más orientada a facilitar la recuperación económica e impulsar el tejido empresarial tras la pandemia. La nueva titular de Política Territorial ha abierto ya conversaciones con la 'consellera' de la Presidència, Laura Vilagrà, que desde Moncloa han calificado de productivas.

La otra pata de la operación Cataluña, la denominada mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, parece más orientada al relato. Al menos hasta el momento, dado que en este espacio las posiciones son antagónicas. Los independentistas reclaman un referéndum de autodeterminación y una amnistía, mientras que en el Ejecutivo sitúan estas demandas como una línea roja, fuera del marco constitucional y, por tanto, fuera de toda negociación.