Montero pide ideas para la financiación a las CCAA pero evita poner más dinero en la cesta

El Ministerio de Hacienda se ha puesto en contacto con las autonomías para pedirles ideas con el fin de tratar de mover la reforma del modelo de financiación autonómica. El Gobierno tiene pendiente llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comparte con los consejeros territoriales de finanzas y en el que tiene mayoría, su propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), como paso previo a su traslado al Congreso de los Diputados. Tres años después de desalojar al Partido Popular de la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de promover un cambio en la fórmula de redistribución de recursos, pese a los compromisos adquiridos con algunos de los socios que sustentaron su investidura.

Gran parte del trabajo técnico se realizó durante la etapa en Hacienda de Cristóbal Montoro, que tampoco se atrevió a someter al Parlamento una modificación legislativa. La conclusión de aquella fase, en la que participaron expertos de todas las autonomías, es que en lo único en lo que se generó cierto consenso es en la necesidad de que el Estado ponga más dinero en la cesta autonómica con el fin de que estas pudieran prestar en mejores condiciones los servicios cuyas competencias tienen trasferidas: sanidad, educación y política social, principalmente.

La presión sobre el departamento que ahora dirige la socialista María Jesús Montero ha ido creciendo por parte de los territorios más perjudicados, principalmente la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. La ministra, sea por seguir dando patadas al balón o por una voluntad sincera de acometer el cambio, ha pedido propuestas para reformular el concepto de 'población ajustada' que, básicamente, es la ponderación por habitante del reparto de recursos con factores correctores como envejecimiento, dispersión geográfica, insularidad, etc. El actual modelo arroja importantes diferencias per cápita entre territorios incluso una vez aplicados esos factores correctores, tal y como han puesto en evidencia muchos expertos como el director del Fedea, Ángel de la Fuente, y reconoce al propio Ministerio de Hacienda.

La ministra Montero está trabajando en reformular ese concepto recogiendo los planteamientos de cada territorio, según admiten desde gobiernos autonómicos como el valenciano. Lo que busca es reequilibrar el sistema horizontalmente. Sin embargo, no se ha abierto hasta ahora a redefinir verticalmente al modelo poniendo más dinero en la cesta de las autonomías, tal como le han reclamado desde los territorios. Fedea ha propuesto la creación de un fondo de nivelación transitorio y complementario para corregir los desequilibrios hasta reforma de la LOFCA, en lo que parece una salida aceptada por las regiones.

Sin embargo, a la hora de consolidar ese posible reparto de recursos extraordinarios vuelven a surgir las discrepancias, según admiten fuentes conocedoras de las conversaciones. Algunos territorios ahora beneficiados se resisten a modificar el llamado 'statu quo', es decir, el reparto relativo de los fondos, incluso aunque mantengan el mismo dinero en términos absolutos. Esto complica mucho un consenso general porque es imposible que los territorios ahora castigados no escalen porcentualmente posiciones si reciben nuevas aportaciones para compensar las diferencias.

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En este escenario, donde autonomías del norte de España, como Galicia, Cantabria o Castilla y León son las más reacias al cambio, desde el sur del país y el Mediterráneo se está elevando la presión sobre el Gobierno para que se atreva a dar el paso definitivo, si bien con más garantías de salir adelante si contase con el apoyo del Partido Popular en el Congreso, algo que en actual contexto político parece complicado. En esto se escuda Montero para no acelerar la reforma. En ese sudoku, es clave también la mesa de diálogo abierta con Cataluña, pues el PSC plantea abiertamente una revisión del modelo fiscal como parte de la solución al conflicto soberanista.

Valencia encarga una propuesta

Andalucía y la Comunidad Valenciana están siendo los territorios más activos a la hora de reivindicar cambios. La financiación será el eje central de la cumbre bilateral que los presidentes Juan Manuel Moreno y Ximo Puig, uno del PP y otro del PSOE, celebrarán en septiembre en el Palacio de San Telmo en Sevilla. Con el fin de preparar este encuentro, el 'conseller' valenciano de Hacienda, Vicent Soler, anunció la semana pasada el encargo a la comisión de expertos de las Cortes Valencianas la elaboración de un documento base actualizado que sirva como referencia para una propuesta conjunta con Andalucía, pero también con Baleares. Puig tiene previsto reunirse la semana que viene con la presidenta balear, la también socialista Francina Armengol, en Palma de Mallorca. La financiación forma parte de la agenda de los asuntos a tratar.

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Soler ha dejado en manos del director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, la supervisión del documento base, que incorporará una propuesta "de equilibrio vertical y equidad en la distribución horizontal de los recursos en la que todas las autonomías, incluidas las mejor financiadas actualmente, se vean beneficiadas, pero por encima de todo que acabe con la discriminación que sufrimos autonomías como Andalucía, Murcia y especialmente la Comunitat Valenciana", señaló.

"La reforma del sistema de financiación autonómico es una reivindicación crucial del Botànic que debe abordarse de forma urgente, pero somos conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos entre los distintos territorios para hacerla posible", añadió el 'conseller' valenciano.