Sánchez planea revisar el modelo territorial en un contexto de total ruptura con el PP

Todo lo que concierne al PSOE y al PP, los dos principales partidos de España, es tierra quemada. No hay un solo ámbito en el que la relación entre ambos sea pacífica y provechosa. La animadversión entre las dos formaciones ha alcanzado cotas difíciles de superar, y hasta el territorio de defensa de las víctimas del terrorismo se ha agrietado.

Que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna este martes con el de la Generalitat, Pere Aragonès, no ayuda a la distensión. Temen los populares, según han indicado fuentes de este partido a El Confidencial, que el jefe del Ejecutivo se embarque en una negociación bilateral con Cataluña para mejorar su financiación al mismo tiempo que comienzan los trabajos para reformar el modelo autonómico. "Va a abrir un melón complejísimo", aseguran. Y lo hará sin un solo puente transitable con los populares.

Moncloa no ha dado pistas sobre el lugar legislativo en el que quiere negociar con el Govern catalán. En una entrevista, este lunes, en la Cadena SER, Sánchez ha sugerido que ese lugar es el Estatut, con todo lo que supone: desde la terminología para definir a Cataluña (¿"nación"?) hasta la reforma de la financiación, pasando por la transferencia de más o menos gestión de infraestructuras esenciales, en especial el aeropuerto de El Prat. El propio presidente, en la última reunión con un homólogo catalán, entonces Quim Torra, planteó en lo que llamó Agenda para el Reencuentro dichas cuestiones, aunque genéricamente. También Mariano Rajoy lo intentó en la llamada Operación Diálogo de su vicepresidenta y en el Plan Cataluña en su aumento notable de inversión en infraestructuras.

Si la mirada retrocede a 2005 y 2006, cuando en el Congreso se negoció el Estatut, y va revisando todos los procesos negociadores con la Administración catalana que ha habido desde aquellos años, la conclusión es clara: la mejora de la financiación es un tema recurrente y de envergadura. Las fuentes consultadas, tanto del Gobierno como de entre los partidos independentistas, dan por hecho que a partir de este martes ocurrirá otra vez. Las arcas catalanas llevan años en un delicado estado de salud; a Pere Aragonès le urge que haya más dinero. Cómo se canalizará esa llegada es lo que ocupará unos cuantos minutos de conversaciones y confrontación, y es más que probable que también de polémica política.

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La financiación autonómica, proceso abierto

El pasado día 18, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la puesta en marcha de la revisión del modelo por el que las comunidades reciben dinero de la Administración central para hacer frente al coste de sus servicios. Lo hizo después de que el presidente del Gobierno se reuniera con el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la Moncloa. La andaluza es una de las autonomías peor financiadas, al igual que la Comunitat Valenciana. No extrañó, por ello, que el presidente valenciano, Ximo Puig, socialista, se viera hace pocos días con el propio Moreno, popular. Un dirigente del PSOE y otro del PP hablando de lo mismo y en clima de cordialidad y entendimiento. Sorpresa en los tiempos que corren.

La imagen ha cobrado fuerza durante la última semana porque revela la actitud de la mayoría de los gobiernos autonómicos ante la inminente reanudación del diálogo entre la Administración general y la catalana: la vigilancia y la alerta. "Como Sánchez muestre el más mínimo indicio de que quiere acordar con la Generalitat catalana una mejora de su financiación, los demás presidentes se le echarán encima y reclamarán el principio de igualdad", cuenta una fuente sabedora de los contactos iniciales que se han producido. "Es sorprendente que el presidente del Gobierno se haya metido en ese jaleo; ha abierto un melón enorme", ratifica. El PNV está observando.

El sistema vigente ha caducado, como el mandato de unas cuantas instituciones. Lo aprobó José Luis Rodríguez Zapatero a finales de 2009 tras una ardua negociación con las comunidades y una atención preferente a Cataluña, con cuyo Govern acababa de sacar adelante el propio Estatut. El 'conseller' de Economía por aquella época, Antoni Castells, jugó un papel protagonista y fue de los representantes autonómicos más satisfechos, entre otras cosas porque se cumplieron varias de sus demandas. Quienes no estuvieron tan satisfechas fueron las comunidades gobernadas por el PP, lideradas por aquel Gobierno regional de Esperanza Aguirre. Su consejero, Antonio Beteta, destacó que el voto iba a ser el no, de no haber mediado el líder, Mariano Rajoy, quien se decantó por la abstención en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y así lo solicitó.

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En el Congreso, sin embargo, los populares sí que votaron en contra, pese a lo cual el nuevo modelo salió adelante con una holgada mayoría de 189 diputados. Como es una ley orgánica la que regula los engranajes de la financiación autonómica, la mayoría absoluta requerida (176) quedó superada con facilidad.

Ese modelo tuvo que haberse renovado hace más de seis años. No se han dado las condiciones políticas más aptas para ello, principalmente por la volatilidad de las alianzas parlamentarias. Sin bipartidismo, la fragmentación en el Congreso y en el Senado es la nota común. El número de partidos distintos que hay en la actualidad es el más elevado de la historia, solo comparable con el de las dos primeras legislaturas, y no obstante esta dificultad, el Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos (155 escaños los dos) está tanteando la revisión de un sistema en el que conjugar los intereses autonómicos es poco menos que un cubo de Rubik a lo bestia.

Otoño caliente

Se avecina un otoño caliente. Los equipos de Sánchez y de Aragonès hablarán inevitablemente de financiación, aunque en términos bilaterales. A la Generalitat, desde hace tiempo, le agrada todo lo que suene a concierto económico propio o a modelo que reconozca su singularidad, una suerte de imitación de los sistemas forales de País Vasco y de Navarra. Sin embargo, la Constitución consagra la foralidad en ambos casos, por lo que las opciones de que el Tribunal Constitucional tumbe la idea en cuanto llegue el primer recurso son muy elevadas. El esquema de trabajo, por tanto, se reduce, siempre y cuando la prioridad sea la dada por el presidente: no se pactará nada que desborde los límites legales. El mandatario, de hecho, ha apuntado a que haya referéndum sobre el acuerdo que se alcance, pero en todo el país, como establece la carta magna, no solo Cataluña.

Los gobiernos central y autonómico, a su vez, hablarán de una nueva financiación global. Montero, no hace mucho, descartó abrir ese melón por la falta de consenso en el Congreso. La situación no ha cambiado, esos consensos siguen siendo frágiles. Ahora bien, si Sánchez y el PSOE sujetan el apoyo del bloque de los presupuestos, habrá reforma. Cómo incluir al PNV y a EH Bildu en una negociación que ni les va ni les viene será una de las claves.

Los presidentes autonómicos quieren y necesitan mejorar la situación de sus arcas públicas, sobre todo tras un año y medio de pandemia

Toda esta incertidumbre se disiparía en gran medida si el PP accediera a negociar. Del mismo modo que se prevén momentos tensos para el presidente, por cómo compatibilizará la negociación catalana con la del resto de comunidades, se prevén otros para Pablo Casado. Los presidentes autonómicos quieren y necesitan mejorar la situación de sus arcas públicas, sobre todo tras un año y medio de pandemia y la consiguiente devastación de la recaudación. Al líder nacional del partido, en cambio, no le interesa el pacto con Sánchez mientras continúe esta escalada de crispación. Es lógico pensar que Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco sean más flexibles y escuchen con mejor predisposición las propuestas del Gobierno que la dirección nacional de los populares.

Porque en ningún ámbito PSOE y PP están logrando acuerdos. Han estado cerca, pero vicisitudes varias arruinaron las expectativas. Pudo haber renovación del CGPJ en verano del año pasado. Fracasaron las expectativas y el diálogo encarrilado entre el ministro Juan Carlos Campo y el dirigente popular Enrique López. Pudo haber pacto sobre el TC, dentro del 'pack' del Consejo General del Poder Judicial, pero el desenlace fue el mismo. El Defensor del Pueblo sigue en funciones y sin visos de desbloqueo. Misma coyuntura se avecina para el Tribunal de Cuentas. Solo RTVE, y en menor grado la Junta Electoral Central, se han salvado de las pésimas relaciones entre socialistas y populares.

A pesar de ello, el Gobierno da un paso más, un salto, y está a punto de embarcarse en una operación de calado. No esperará al PP.