La presión de las CCAA tuerce el brazo al Gobierno y abrirá la financiación "en breve"

Tras el encuentro del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, con Pedro Sánchez en Moncloa, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio un volantazo a lo que había dicho solo un par de días antes en la Comunidad Valenciana, que es junto a la andaluza una de las autonomías más perjudicadas por el modelo de financiación. El Gobierno promete ahora abordar en un corto plazo de tiempo la reforma del sistema, vigente desde 2009 y caducado desde hace más de seis años.

Montero aseguró que se sentará con las comunidades “en breve”, “en los próximos meses”, y calará el melón por una de las variables que más condiciona el reparto de los recursos del Estado entre las autonomías y que crea, según los expertos, más desajustes en el actual modelo: la ponderación de la población ajustada. El modelo utiliza el peso de la población de cada comunidad para fijar el reparto de recursos con variables como la edad, la dispersión o la insularidad.

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La disposición de Montero a abrir el diálogo para la reforma del sistema contrasta con la resignación al inmovilismo que mostró en la reunión que mantuvo el pasado martes con la Plataforma por una Financiación Justa, la entidad valenciana que agrupa a la patronal autonómica, sindicatos y los partidos con representación en las Cortes Valencianas, PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos, a cuyos actos se ha sumado ahora el PP valenciano.

En ese encuentro, la ministra se escudó en la ausencia de mayoría absoluta en el Congreso de los partidos del Gobierno y la estrategia de confrontación del PP para enfriar una posible reforma en el corto o medio plazo. Su sinceridad cayó como un jarro de agua fría en sus interlocutores por las promesas incumplidas del Ejecutivo. Formaciones del Botànic como Compromís y Podemos ya estudian incluso reactivar las movilizaciones y el malestar se hizo llegar abiertamente a la ministra de Hacienda, que en pocos días parece haber virado algo su negativismo con la reforma.

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A instancias de Compromís, el Congreso aprobó una moción hace dos meses que instaba al Gobierno a presentar antes de final de 2021 la propuesta del nuevo sistema de financiación. Montero eludió en esa reunión con los partidos y sindicatos valencianos poner fecha a ese informe e incluso deslizó, según contaron los asistentes, que lo más probable es que el Gobierno no lo hiciera. Con el anuncio de este viernes de abordar la financiación en los próximos meses, la ministra de Hacienda cambia de guion. También es cierto que lo hace aprovechando el empuje de la visita a Moncloa de Juan Manuel Moreno, el barón popular andaluz, con la intención de tratar de implicar al PP.

El eje Moreno-Puig

La presión de las comunidades infrafinanciadas, con la valenciana a la cabeza, pero también la andaluza como una de las grandes perjudicadas, ha obligado a cambiar el paso. Los socialistas valencianos llevan ya semanas manifestándose con el resto de formaciones por esa reforma. Desde el Gobierno, señalan que se abordará esta reforma, de forma bilateral y multilateral con las autonomías, y en paralelo a la mesa política abierta con Cataluña para encauzar el conflicto independentista. Se trata, admiten desde el Ejecutivo de Sánchez, de no dar coartada a ningún tipo de discurso de agravio o desconsideración hacia los problemas del resto de comunidades.

Montero recordó que esta reforma conlleva aprobar una nueva ley en el Congreso y que para eso sería imprescindible que la apoyara el PP

En realidad, desde la sala de prensa de Moncloa, la ministra se comprometió a abrir el debate sobre un nuevo sistema de financiación (el actual está caducado desde 2014), pero admitiendo que probablemente no llegará a nada. Montero recordó que esta reforma del modelo conlleva aprobar una nueva ley orgánica en el Congreso y que para eso sería imprescindible que la apoyara el PP. Aprovechando que su comparecencia respondía a la del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de este partido, le reclamó que implique a su formación y que consiga que tengan “voluntad” y “actitud constructiva”.

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Moreno, además de exigir la misma bilateralidad que con Cataluña, llevó bajo el brazo una reivindicación de casi 10.000 millones de euros, que es la cantidad que considera que ha dejado de percibir Andalucía por un modelo de financiación injusto. El presidente andaluz aprovechó las cuentas que Montero como consejera de Hacienda puso sobre la mesa del presidente Mariano Rajoy cuando forjó desde Andalucía un frente común por la financiación autonómica, al que se unieron todos los partidos políticos salvo Cs. A eso se refirió la ahora ministra para desacreditar esa supuesta deuda, añadiendo además que Andalucía ha recibido durante la pandemia 4.122 millones extraordinarios que le han permitido cerrar el ejercicio 2020 con superávit y alcanzar un récord en la gestión de recursos autonómicos. Sí que admitió Montero que el modelo de financiación “penaliza” a Andalucía, sumando también a la Comunidad Valenciana y Murcia.

Un sudoku difícil

Que hay una presión cada vez mayor de algunos territorios en favor de una actualización del sistema quedó en evidencia en la mesa sobre modelo territorial organizada este jueves por el Círculo de Economía en Barcelona. También que los posicionamientos sobre esa reforma tienen poco que ver con el color político y más con la situación territorial. No hay barón autonómico que no admita que el modelo actual genera desequilibrios, pero los mejor posicionados se resisten a perder, y los más perjudicados no saben cómo empujar para abrir el melón de forma definitiva. Una solución sería poner más recursos en la cesta a costa de los Presupuestos Generales del Estado y las cuentas de la Administración central, una nivelación vertical, como proponen algunos expertos. Pero por ahora el Gobierno no ha movido ficha en ese sentido.

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Los presidentes de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig (PSOE), y Andalucía, Moreno (PP), que gestionan dos de las tres autonomías peor financiadas en términos de población ajustada, evidenciaron su deseo de abordar cuanto antes la negociación, al igual que la presidenta balear, la socialista Francina Armengol (PSOE). “Es una exigencia absoluta lograr la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. Lo dice la Lofca y también la Constitución”, dijo el ‘president’ valenciano, que incluso se mostró partidario de extender el pacto constitucional de los conciertos vasco y navarro a aquellas autonomías que lo deseen. “De lo que se trata es de que no haya privilegios, sino equidad e igualdad, vivan donde vivan los españoles”, insistió.

Moreno recordó que hablar de financiación es hablar de sanidad, educación y servicios sociales, la base del estado de bienestar

Moreno recordó que hablar de financiación es hablar de sanidad, educación y servicios sociales, la base del estado de bienestar, y reclamó al Gobierno capacidad de “liderazgo” para poner encima de la mesa un nuevo modelo más allá de las diferencias territoriales y partidarias. “El sistema que tenemos actualmente está obsoleto y es injusto, no satisface a nadie. En pocas cuestiones he encontrado tanto consenso. A ver qué presidente está satisfecho”, dijo. El presidente de la Junta admitió que el cambio es complejo, pero apostó por afrontarlo con “audacia, generosidad, y ser atrevido”.

Diferencias en el PP

Mucho más conservador se mostró en ese aspecto el gallego Alberto Núñez Feijóo (PP), que admitió la infrafinanciación valenciana y andaluza, pero puso el énfasis también en las políticas de gasto. Galicia se sitúa algo por encima de la media en el reparto, según los análisis que elabora Fedea. Feijóo teme perder recursos si la población absoluta gana peso en la ponderación sobre factores como la población y el envejecimiento. Por ello apeló a tener en cuenta “el coste efectivo del servicio”.

"Estoy a favor de volver a sentarnos. Pero los presidentes hemos que ver también en qué gastamos el dinero, para pedirle a la Administración General del Estado que explique en qué se gasta el dinero y entre todos hablar del sistema de financiación que procede. En la Comunidad Valenciana gastamos menos de la media y aun así nos endeudamos, tenemos una insuficiencia del gasto", le respondió Puig, evidenciando la complejidad del sudoku autonómico.