La CEOE se opone a la propuesta de Trabajo en los aspectos más delicados de la reforma laboral

Modificar la reforma laboral del año 2012 con acuerdo en el diálogo social será un reto mayúsculo para el Gobierno. Y si hasta ahora no lo sabía, ahora ya es consciente. Esta semana ha comenzado el diálogo sobre dos de los aspectos más delicados de la reforma: los contratos temporales y la negociación colectiva. La propuesta del Ministerio de Trabajo no ha gustado nada a la CEOE y así lo ha transmitido en la reunión celebrada el miércoles, explican fuentes del diálogo social. Para la patronal, la propuesta del ministerio es inaceptable porque implica una pérdida de flexibilidad que lastraría la creación de empleo e iría en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea.

Los empresarios han marcado su posición de forma tajante en el inicio de las conversaciones. No les gusta la propuesta de Trabajo, al contrario que a los sindicatos, que han acogido bien el texto, aunque con algunos matices. Se presenta, por lo tanto, una negociación intensa en la que el Gobierno no tiene mucho margen de tiempo. El compromiso con Bruselas es claro: la reforma del mercado laboral tiene que estar lista antes de final de año. De hecho, como los plazos para la negociación son tan apurados, el ministerio trabaja con el escenario de que la reforma se aprobará por la vía del real decreto-ley, para así acortar los plazos y que pueda entrar en vigor antes de que acabe el año. Posteriormente, se tramitará en el Congreso como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas, en un proceso que será ya mucho más largo.

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Para la patronal, la propuesta del Ministerio de Trabajo es inaceptable, explican fuentes de la CEOE. En su opinión, se restringirían en exceso las modalidades de contratación, ya que las causas para el empleo temporal se limitan a cuestiones testimoniales. Por ejemplo, las empresas no podrán cubrir los picos de demanda estacional con contratos temporales. Además, las contrataciones temporales por causas productivas no podrán realizarse por más de seis meses, salvo que así se incluya en el convenio colectivo de aplicación. En consecuencia, las empresas no podrán realizar los millones de contratos que realizan cada año cuando existen picos de demanda como las temporadas altas en la hostelería.

Para la patronal, la lucha contra la temporalidad tiene que ser “quirúrgica”, atacando los casos concretos en que exista fraude en la contratación temporal, pero sin desmontar todo el sistema actual. De lo contrario, se generará un mercado laboral rígido que supondrá un obstáculo para la contratación. La CEOE también ha protestado por la presunción de culpabilidad que otorga el Gobierno a las empresas al determinar que los contratos temporales que no tengan recogidas expresamente las causas habilitantes pasarán a ser indefinidos. En su opinión, presupone que las empresas realizan contratos en fraude de ley, sin que la propuesta ofrezca alguna solución a los casos que sean correctos.

La CEOE se opone a la propuesta de desmontar las causas de la contratación temporal

Para la patronal, esta reforma terminará provocando una mayor judicialización de las relaciones laborales, una crítica que ya hicieron los sindicatos en su momento a la reforma del año 2012. Y, como ellos entonces, la CEOE no está dispuesta a aceptar esta reforma de las modalidades de contratación que supone un vuelco completo a la legislación vigente.

Por el contrario, para los sindicatos, la música suena bien. “La idea básica es que el contrato indefinido sea la norma habitual y se introducirían medidas disuasorias para el encadenamiento de contratos”, explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO. En su opinión, es necesaria una reforma de calado como la que ha propuesto el ministerio, ya que, para “acabar con la temporalidad y la precariedad en el mercado de trabajo, no se puede hacer simplemente maquillando la norma actual, sino que hay que actuar en profundidad”, explica Vicente.

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Otro de los temas polémicos de la propuesta de Trabajo, que ya se negoció en las semanas anteriores, es el de la reforma de la negociación colectiva. El Gobierno pretende recuperar el poder sindical en la negociación actuando en dos frentes fundamentales: la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa y la vuelta de la ultraactividad, esto es, la prórroga automática tras el fin de su vigencia. Estos aspectos están ya avanzados, aunque no están cerrados. Para evitar que las negociaciones se estanquen, el ministerio ha optado por ir avanzando temas, pero todavía no cuenta con el aval de los empresarios. Los sindicatos, por su parte, esperan a ver si finalmente hay un acuerdo global, de lo contrario, pedirán al Gobierno que vaya más lejos en la derogación de la reforma laboral.

También se han negociado las cuestiones relativas a la subcontratación, punto en el que está más próximo el acuerdo. La principal novedad de la reforma será que la contrata tendrá que regularse por los convenios de la actividad que vaya a desarrollar y no por su convenio de empresa, salvo que este mejore las condiciones del anterior. Además, la empresa responderá solidariamente de las deudas contraídas por la empresa subcontratada en los pagos a la Seguridad Social y los salarios de sus trabajadores.

Además de estas cuestiones, todavía están pendientes de negociación aspectos muy importantes de la futura reforma, como son el establecimiento de los nuevos ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) de carácter estructural, o la lucha contra el elevado desempleo juvenil, que incluye la revisión de los contratos de formación. Cuestiones ambas que son reclamaciones de la Unión Europea y que también incluyó el Gobierno en el componente de reforma del mercado laboral enviado a la Comisión Europea.