¿Será 2021 el año de la financiación autonómica? Pregunte tras las catalanas

¿Será 2021 el año definitivo de la reforma de la financiación autonómica? El modelo de reparto de recursos aprobado en 2009 por impulso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la previsión de actualizarlo en un lustro lleva más de seis años obsoleto. Ha demostrado importantes deficiencias que inciden en una distribución desigual de recursos en función de los territorios. Entre los fondos que recibe el Gobierno de Cantabria en términos de habitante ajustado (ponderando factores como dispersión o envejecimiento) y lo que ingresa la Comunidad Valenciana hay una diferencia de 24,7 puntos (117,2 frente a 92,5 sobre base 100), según el análisis más reciente elaborado por Fedea a partir de la liquidación del sistema y a competencias homogéneas. Con 2.112 euros, cada valenciano recibió proporcionalmente 987 euros menos que un cántabro (3.098 euros).

Son las dos regiones mejor y peor financiadas de un sistema que, si algo ha demostrado, es que no contenta a una importante parte de las autonomías españolas, sobre todo a las más pobladas, que vienen reclamando desde hace años una revisión de la redistribución de la caja común una vez el Estado obtiene recursos de sus fuentes de financiación; la principal, la recaudación de tributos.

El Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, avanzó mucho en el complicado sudoku de buscar una nueva fórmula. A través de las reuniones y equipos técnicos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las autonomías y sus expertos realizaron aportaciones. No hubo consenso en torno a una solución, pero sí una conclusión compartida por gran parte de los territorios: la de que la nivelación vertical era insuficiente como para mantener igualdad en los estándares de calidad de los servicios públicos que prestan: educación, sanidad y servicios sociales.

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Rajoy y Montoro, una vez cumplido el proceso técnico, no culminaron el procedimiento presentando una propuesta gubernamental para debatirla primero en el CPFF y en el Congreso de los Diputados, después, en forma de nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Pese a las promesas y acuerdos de investidura con formaciones como Compromís o Nueva Canarias, Sánchez ha demorado poner encima de la mesa la propuesta de su Gobierno. No obstante, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, abogó antes de acabar el año por sentar a todas las comunidades este 2021 para revisar "todo el sistema de financiación".

Sin embargo, es probable que esta revisión no sea inmediata. El Partido Popular ya ha dejado entrever que mantendría una postura crítica, tanto de su líder Pablo Casado, como de los barones, en una posición muy influenciada por el gallego Alberto Núñez Feijóo, contrario a una reforma que otorgue más valor al criterio poblacional, pese a que es algo que defiende también el popular Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, la tercera región más castigada tras la Comunidad Valenciana y Murcia.

Con el PP enfrente, Sánchez tendrá que intentar armar una mayoría distinta si quiere obtener la absoluta de 176 escaños que requiere una ley orgánica. Por esto, y por el tinte estratégico que la financiación ha tenido siempre en el enfoque de las relaciones del Gobierno central con Cataluña, es por lo que es muy probable que no sea hasta después de las elecciones catalanas del 14 de febrero, ya despejado el equilibrio de poderes en el Govern de la Generaltat, cuando se abra de verdad el melón de la negociación.

Con la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato, la posible llegada de Miquel Iceta al Ministerio de Política Territorial u otra cartera del Gobierno (todavía no confirmada) se explica en la clave de mantener la imagen de sensibilidad del Ejecutivo hacia el problema catalán con la vista puesta en un nuevo escenario tras el 14 de febrero. Bien si se produce un Gobierno soberanista de Esquera Republicana de Cataluña y Junts per CAT o si se abre la opción del tripartito de izquierdas (ERC+PSC+Comuns), los socialistas confían en que una Generalitat liderada por Pere Aragonés vuelva a la mesa multilateral de negociación para abordar asuntos como puede ser la negociación de la reforma de la financiación. La hará seguro si Illa, cuya candidatura aparece en cabeza en algunas encuestas, alcanza la presidencia.

Los republicanos no quieren ni oír hablar de esto ahora. En plena campaña catalana y en pugna con el partido de Carles Puigdemont por ver quién lidera el bloque independentista, admitir una vuelta a la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) puede ser visto por sus bases como una cesión y una renuncia al maximalismo soberanista. Pero la cuestión sobrevoló la reunión que Aragonès mantuvo con el barón socialista valenciano, Ximo Puig, el pasado 1 de diciembre en Barcelona.

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Iceta y Puig, como una parte de la burguesía catalana no 'indepe', quieren reincorporar a Cataluña a los foros de cogobernanza para tratar de recuperar la normalidad institucional. El 'president' valenciano porque cree, además, que refuerza la posición de los territorios que reclaman que el criterio poblacional esté mejor ponderado en el sistema de asignación de recursos, si bien Cataluña no está en el grupo de regiones peor financiadas, sino que se sitúa en la media.

"La financiación autonómica tiene que ser un elemento que contribuya a pacificar Cataluña", señalan desde fuentes cercanas al presidente valenciano Ximo Puig para explicar por qué el Gobierno puede tener interés en propiciar de una vez la reforma de un modelo caducado desde 2014. A la vez, Puig e Iceta mantienen una relación muy cordial, y el primer secretario del PSC ha prometido a su colega valenciano receptividad con los intereses valencianos si finalmente accede al gabinete de Sánchez.

Arrimadas tiene la palabra

Pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Que ERC respalde una nueva Ley Orgánica dependerá en gran medida de que el Govern catalán modifique su actitud con respecto a la relación con el resto de España. En caso contrario, si el Partido Popular se mantiene en una actitud de oposición dura y contraria a un cambio en el 'statu quo' de la financiación, la alternativa que le queda al Gobierno de PSOE y Unidas Podemas es tratar de sumar a Ciudadanos. Los naranjas no han hecho de la financiación un eje discursivo, pero Inés Arrimadas sí defendió una modificación del reparto para "blindar" los servicios básicos cuando lideraba la oposición frente a Puigdemont en Cataluña.

El respaldo naranja dejaría muy cerca la mayoría absoluta, dando por descontado que PNV (que no se juega nada en esta ley por el régimen fiscal foral del País Vasco) y Más País-Compromís apoyarían la nueva norma. Los valencianistas han sido muy insistentes en la reforma, que de hecho forma parte de su acuerdo de investidura. Es lógico que si mejora la actual fórmula de distribución reduciendo y equilibrando la brecha entre las regiones más favorecidas y las más perjudicadas, Compromís respalde la nueva ley. También Coalición Canaria y Nueva Canarias están a la espera de que el Gobierno abra el melón de la reforma.

Así que el Gobierno puede jugar con dos combinaciones parlamentarias para aprobar la reforma, como ya ocurrió con los Presupuestos Generales del Estado: una de PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País y Compromís (178 diputados, 180 con los partidos canarios); y otra algo más ajustada (177) con Ciudadanos en lugar de ERC, siempre que el Partido Popular opte por mantenerse al margen. En los PGE, la elección fue ERC, pero puede que en esta ocasión los republicanos decidan no jugar la bola.