Las CCAA tendrán que devolver al Estado 5.000M en 2022 por la financiación extra

Desde el estallido de la pandemia el Gobierno ha salido al auxilio de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social para garantizar los dos pilares del sector público durante esta crisis: los servicios sanitarios y las prestaciones sociales extraordinarias del escudo social. En el caso de los servicios sanitarios, al ser una competencia transferida a las CCAA, el Ejecutivo optó por apuntalar las transferencias del sistema de financiación para que las cuentas de las regiones se mantuvieran protegidas frente a la crisis económica. Una vía para hacerlo fue el Fondo Covid con el que está transfiriendo 16.000 millones de euros a las CCAA, pero la otra ha sido las entregas a cuenta ordinarias del sistema de financiación. En concreto, por esta vía recibirán casi 106.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al año 2019.

Eso significa que, cuando llegue el momento de liquidar el sistema de financiación de 2020, en el año 2022, las comunidades tendrán que devolver las entregas a cuenta recibidas que no les corresponden, ya que el cálculo del sistema de financiación depende de la recaudación tributaria, no de la voluntad del Gobierno. Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las comunidades tendrán que devolver 5.000 millones de euros en 2022 y una cifra similar en 2023 (las entregas a cuenta de 2021 ya están comunicadas, serán de 105.600 millones de euros), cuantía que se desconaría de las entregas a cuenta de cada año.

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Esta liquidación supondrá un duro golpe sobre las cuentas de las CCAA cuando todavía estarán saliendo de la crisis del coronavirus. "En 2022 se espera un deterioro importante del saldo fiscal en las CCAA de régimen común con el registro de la liquidación a favor del Estado de las entregas a cuenta asociadas a 2020, situación que se replicaría en 2023", señala la AIReF en su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las regiones, publicado este jueves.

Además de la liquidación negativa, las comunidades también afrontarán, a partir de 2022, una reducción de la financiación a través de la ayuda europea, lo que contribuirá a reducir sus ingresos y elevará la presión sobre sus cuentas. No solo eso, probablemente el Gobierno ya actualice las entregas a cuenta de 2022 ajustándolas a la nueva previsión de recaudación, lo que también podría derivar en una pérdida de recursos para los territorios. En suma, la AIReF calcula que las CCAA perderían un 10% de sus ingresos en 2022 si se aplica la ejecución del sistema de financiación y este escenario se extendería probablemente a 2023.

Para evitar esta situación, la AIReF solicita al Ministerio de Hacienda un plan plurianual con el que se pueda gestionar la devolución de estos fondos en varios ejercicios y evitar así un golpe muy duro en 2022 y 2023. Conviene recordar el grave problema que se generó en 2019 con la liquidación del nuevo IVA de 2017 que provocó que las regiones tuvieran que devolver 2.500 millones de euros al Estado. En ese momento las críticas fueron generalizadas e incluso presidentes autónomicos del PSOE mostraron públicamente su malestar. En esta ocasión son 5.000 millones en 2022 y otra cifra similar en 2023, cuando las CCAA todavía estarán saliendo de la crisis.

Las comunidades han solicitado al Ministerio de Hacienda en los últimos meses que clarifique sus planes sobre la liquidación de los ejercicios 2020 y 2021, pero por el momento la ministra María Jesús Montero no ha adelantado sus planes. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera recordó que en el pasado se han utilizado estas fórmulas plurianuales para la devolución de las liquidaciones negativas, como las resultantes de los ejercicios 2008 y 2009, pero todavía no ha concretado sus planes.

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Una opción que tuvo el Gobierno en su mano para evitar este problema fue canalizar este presupuesto extraordinario a través de transferencias y no del sistema de financiación, como hizo con el Fondo Covid, o como ha hecho con la Seguridad Social. En ese caso, es una transferencia sin contrapartida, de modo que no hay que liquidarla en dos años y habría evitado el problema generado actualmente.

La AIReF también ha advertido a las comunidades autónomas del riesgo de aprovechar estos recursos extraordinarios de los ejercicios 2020 y 2021 para elevar su gasto estructural, ya que estos fondos desaparecerán en el futuro y provocarían un aumento del déficit público. Aunque la Autoridad Fiscal no ha podido determinar qué partidas de gasto serían estructurales por falta de información de las regiones, señala que algunas comunidades presentan un incremento del gasto que no tiene contrapartida en mayores ingresos. Se trata de los presupuestos de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja y la Comunitat Valenciana.

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"Si bien este crecimiento implica para el conjunto del subsector únicamente un 1% más de crecimiento y 2 décimas de PIB adicionales sobre las previsiones de la AIReF, a nivel individual supone variaciones muy superiores", alerta la AIReF. Se trata, además, de comunidades que ya están en una posición de deuda delicada, lo que agravaría su situación. Por ejemplo, el gasto agregado en salarios aumentará un 3% en 2021 y es bien conocido lo difícil que es recortar posteriormente las partidas del capítulo 1, lo que generaría un aumento estructural de los empleos de las CCAA.

Las comunidades autónomas tienen suspendidas las reglas fiscales de cara a 2021, lo que significa que no tienen que ajustarse a ningún objetivo de déficit concreto. El Ministerio de Hacienda publicó una tasa de referencia que es un cálculo del desfase presupuestario que prevé para las regiones en el próximo año, y que asciende al 1,1% del PIB. Sin embargo, la AIReF estima que su déficit será menor, del entorno del 0,8% del PIB. La mayoría de las regiones cerrarán con un saldo negativo más favorable a la tasa de referencia, pero la Autoridad Fiscal alerta de que cuatro comunidades están en claro riesgo de incumplimiento atendiendo a los presupuestos presentados: Castilla-La Mancha, Extremadura, la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana.