La guerra de la financiación: Andalucía vela armas ante la amenaza del cupo catalán

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a abrir ya la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. Calar esa reforma en plena encrucijada catalana y con ERC como sostén del Gobierno es un riesgo importante pero el cambio del modelo es una necesidad apremiante para la mayoría de comunidades. No pierde solo Cataluña en el sistema aprobado en 2009, en el que ERC ya jugó un papel clave y dio su apoyo tras meses de tensas deliberaciones. Pierden más otras como Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares o Canarias, que están infrafinanciadas.

El último informe de la Comisión de Expertos identifica los retos de la reforma de la financiación y propone soluciones. "Sin duda el que Cataluña esté dentro es un reto mayor", admite el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, que participó en ese documento. Hasta ahora, Cataluña va de 'outsider' y no quiere sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Exigen un trato bilateral, de tú a tú. Sería el primer paso de abolir el 'café para todos' que se fijó en la Transición y que los independentistas catalanes llevan años rechazando hasta lograr instaurar en muchos catalanes la idea del 'Espanya ens roba'.

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El Ministerio de Hacienda asume que la reforma debe abrirse este mismo año, así lo pactó Sánchez con Compromís, tras apoyar su investidura. Pero el reparto del dinero entre las comunidades autónomas, motivo de una cruenta batalla política que se repite cíclicamente desde hace 30 años, se abrirá esta vez bajo la sombra de la exigencia de ERC de fijar un cupo al estilo del modelo foral del País Vasco o Navarra. Un cupo que los expertos aseguran con unanimidad que haría el actual sistema de financiación insostenible y que quebraría el principio básico de solidaridad entre territorios que consagra la Constitución. Que cada comunidad recaude y disponga de sus recursos es, alertan, inviable. El principio del fin en un clima de confrontación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se saldó este viernes con las comunidades en pie de guerra por la reclamación de 2.500 millones del IVA.

Adiós al 'café para todos'

La Generalitat renunciará a liderar el nuevo sistema de financiación autonómica, aseguran fuentes cercanas a la administración autonómica. Por razones políticas y por cuestiones tácticas. Las primeras son que si se aspira, aunque sea a largo plazo a un pacto fiscal, se debe dejar de apuntalar el actual sistema de 'café para todos'. Y las segundas, porque tras el intento de sedición de octubre de 2017 Cataluña es vista con gran desconfianza por buena parte de las CCAA y, por tanto, ha perdido la confianza y el liderazgo que tenía antaño.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aspira a que vuelvan a ser el caballo que tire del carro del nuevo sistema de financiación. Como lo fue en 1993, cuando se cedió el 15% del IRPF a las CCAA por iniciativa de los convergentes y del entonces 'conseller' Macià Alavedra. O cuando en 2010 el entonces 'conseller' de Economía, el socialista Antoni Castells, diseñó las bases del sistema actualmente en vigor. Es decir, en España, nunca se ha cambiado la financiación autonómica sin que los catalanes pilotasen el proyecto.

Cataluña siempre ha pilotado hasta ahora las reformas de la financiación y Sánchez presiona para que ERC vuelva a su silla del CPFF

En su 'Agenda para el Reencuentro', que Pedro Sánchez llevó a la reunión con Quim Torra, se afirma en el punto 8: "El Gobierno de España estudiará los planteamientos tributarios de la Generalitat en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de cara a la elaboración del nuevo Sistema de Financiación Autonómica". Por tanto, se está pidiendo a la Generalitat que vuelva al redil del Consejo y que lidere los cambios, como antaño. Pero eso es algo que por ahora Pere Aragonès y su actual equipo en Economía no están dispuestos a hacer, aunque el actual sistema de financiación autonómica lleva caducado cinco años. Este mismo viernes, Aragonès ha evitado acudir al Consejo.

El contrapeso andaluz

Frente a Cataluña, Andalucía ha vuelto a elevar la voz con la cantinela de que será freno para los privilegios a unas comunidades sobre otras. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), asegura que Andalucía no va a tolerar desigualdad entre los territorios y tampoco va a pagar "las facturas de las negociaciones" de Sánchez con los independentistas. El combate entre Cataluña y Andalucía al abordar el sistema no es nuevo aunque ahora la situación política sitúa a los andaluces en clara desventaja y de ahí que crezca el peligro de que se abra la puerta a la España a dos velocidades. Con Pedro Sánchez en Moncloa, el PSOE andaluz de Susana Díaz guarda un clamoroso silencio mientras el PSC juega sus cartas. En el último congreso del PSC, Miquel Iceta defendió un pacto fiscal federal no el cupo. "Hay una cosa interesante recogida en el Estatut que no se ha desarrollado y es el consorcio tributario entre la agencia estatal de la administración tributaria y la agencia tributaria de Cataluña", recuerdan fuentes del PSC, informa Juanma Romero.

Lago, miembro de la comisión de expertos para la reforma, sostiene que "el sistema de cupo es una anomalía en el panorama internacional". "En ningún país federal de referencia el Gobierno central renuncia a su poder tributario en una parte del territorio. El amparo constitucional que tiene el sistema foral vasco y navarro hacen muy difícil cambiar el statu quo, pero desde luego no sería razonable ampliarlo".

El problema, coinciden los expertos, no es la arquitectura del cupo, sino el cálculo y la debilidad del Estado para garantizar la solidaridad

El problema, coinciden los expertos, no es la arquitectura del cupo, sino el cálculo que se hace y su aplicación. "Si el cupo está bien calculado, las consecuencias financieras para el gobierno autonómico y el central deberían ser similares a la del sistema de régimen común. El problema es que, una vez que el poder tributario se traslada a manos autonómicas, el poder de negociación se inclina claramente al lado autonómico que acaba consiguiendo cupos extraordinariamente pequeños, como ocurre en el caso vasco y navarro. Esto es lo que realmente daña la nivelación interterritorial. Al ser la dimensión económica de Cataluña el triple que País Vasco y Navarra juntas, el efecto sería comparativamente muy superior. Previsiblemente, aumentaría la actual injusticia existente entre las comunidades forales y las de régimen común", apunta Lago.

Crecen las desigualdades

El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, que también participó en la reforma del anterior modelo desde el Instituto de Estudios Fiscales, comparte que el problema no está en el cupo en sí sino en el cálculo del mismo. "El cupo nunca ha sido positivo, por una razón o por otra siempre ha sido negativo, cuando no había inundaciones había malas cosechas", siempre se salda a favor del País Vasco. Eso es lo que ha motivado la asimetría. "Si damos el cupo a todas las comunidades autónomas, aunque aritméticamente no tendría por qué ser así, estamos favoreciendo a las comunidades con mayores recursos y más renta y se rompería la solidaridad interterritorial que consagra la Constitución porque no habría recursos para llevarla a cabo. Sería mucho más grave en un momento en el que todos los estudios señalan que, en los últimos seis o siete años, la desigualdad entre los ciudadanos y entre territorios por renta cada vez es mayor. El Estado perdería su instrumento básico para garantizar la solidaridad si fuéramos a una generalización del cupo", sostiene Sánchez Maldonado.

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Un nuevo sistema de financiación autonómica sería clave para que Cataluña recibiese mucho más dinero. Una cambio implicaría un aumento de recursos muy superior a los más de 4.000 millones que se apuntan en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Pero ni es un proyecto que pueda asumir un 'conseller' de Economía independentista ni se puede afrontar sin caer en contradicciones con el nuevo entorno bilateral que se quiere construir con Madrid.

Se está a la espera de que el Instituto de Estudios Fiscales, organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, y que preside Alain Cuenca, haga una propuesta durante los próximos meses, según apuntan fuentes económicas conocedoras de la cuestión. Y esta será la base para modificar el sistema. Aquí la Generalitat podrá hacer alguna sugerencia, pero nunca, como antaño, sentar las bases de este cambio.

La "deriva" independentista

"Mi opinión sobre el rol de Cataluña en el proceso autonómico es muy positiva, hasta la deriva independentista. Gracias a Cataluña hemos avanzado mucho y bien en el proceso de descentralización fiscal y política en España. Estamos ya muy cerca de ser un Estado federal completo. Nos faltan solo algunas reformas institucionales y mejoras aquí y allá; avanzar en la cultura federal de la diversidad y la lealtad mutua… Pero lo principal lo hemos logrado, gracias sobre todo a la perseverancia de Cataluña. Desafortunadamente, en los últimos años en Cataluña una parte sustancial de los ciudadanos y partidos han apostado por un formato confederal (en el extremo independentista) de muy difícil encaje legal y político", sostiene el catedrático Lago.

Los expertos reconocen que Cataluña ha tirado del carro en la descentralización del Estado pero ahora toca, avisan, más matemáticas y menos política

La mayoría de expertos admiten que la solución pasaría por un modelo en el que cabe más autonomía financiera para las comunidades y también "cierto grado de asimetría", admite Lago. Para Sánchez Maldonado la solución es fácil, más matemáticas y menos política. El también exrector de la Universidad Internacional de Andalucía (Unia) asegura que habría que ir a "una fórmula fácil, transparente, un modelo simple en el que los recursos se repartan básicamente según la población con alguna ponderación". Muy lejos de lo que exige Cataluña, que insiste en el mantra de que pagan los territorios e ignora que lo hacen los ciudadanos. Al final el 75% del dinero que reciben las comunidades del Estado paga educación, sanidad y servicios sociales, básicamente dependencia. Eso, sostiene Maldonado, se puede calcular en función del número de habitantes con ajustes según, por ejemplo, la edad. Aunque admite que también habría que corregir la deriva de "un Estado cicatero con las comunidades", siempre "calculando a la baja". La palabra mágica, insiste, es "coste efectivo" de los servicios, pero ahora mismo precisamente en España hay pocos algoritmos matemáticos y mucha, mucha retórica política.